Medio centenar de empresas agrícolas del Campo de Cartagena (Murcia) podrían haber vertido al mar Menor un total de 6,6 millones de metros cúbicos de salmueras de manera ilegal, procedentes de la desalobración no autorizada de unos 26,5 millones de metros cúbicos de agua extraída de los acuíferos subterráneos de la zona.
Así lo afirma en un auto notificado este martes el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garote, que está al frente de la causa abierta contra esas empresas y organizaciones agrarias en el denominado “caso Topillo”, que se inició en diciembre de 2017. El magistrado, que hace justo un año llamó a declarar como investigados a los responsables de 63 empresas agrarias por esos supuestos delitos de vertidos ilegales, ha sobreseído ahora las actuaciones sobre 14 de ellas por falta de indicios, pero mantiene la investigación sobre las otras 49, para las que ha pedido nuevas pruebas periciales que permitan individualizar cuánto daño hicieron cada una de ellas al ya de por sí afectado ecosistema del Mar Menor, en situación de colapso desde hace años, y el posible perjuicio económico causado.
La investigación, que partió de una dura denuncia del fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, trata de esclarecer si estas empresas extrajeron agua contaminada por nitratos de los acuíferos de Cartagena, que no sirve para el riego, y la trataron en desalobradoras ilegales. Ese tratamiento genera las denominadas “salmueras”, residuos que se habrían desechado, bien a través de los propios acuíferos, bien a través de la rambla del Albujón, que desemboca en el mar Menor, empeorando cada vez más su situación.
En enero de 2018, la Guardia Civil inspeccionó en el marco de esta operación 67 fincas agrícolas y se precintaron 38 desalobradoras y 35 pozos que operaban sin autorización. Algunas de esas desalobradoras estaban escondidas en zulos y funcionando a pleno rendimiento.
Durante la instrucción se ha recabado numerosa documentación que evidencia el consumo de sustancias que se emplean para el funcionamiento de las desalobradoras y se han elaborado informes periciales sobre los cultivos existentes en cada explotación investigada, el déficit hídrico que tenía cada una de ellas y los pozos de los que se podría haber extraído el agua.
El juez apunta en su auto a cinco criterios comunes a todas las empresas que continúan siendo investigadas y que “muestran una pluralidad de indicios que permiten afirmar con un alto grado de probabilidad que ha podido desalar agua y efectuar vertidos no autorizados”.
En concreto, se trata de empresas que tenían en sus explotaciones uno o más pozos y una o más desalobradoras, que habían hecho acopio de consumibles que se emplean para el funcionamiento de esas máquinas, que sufrían déficit hídrico según los informes periciales y, en algunos casos, que habían extraído cantidades de agua cuantificadas y que no pueden ser usadas en su estado original para el riego.
El nuevo informe pericial que solicita ahora el juez para continuar con la instrucción pretende determinar, además de la cantidad de presuntos vertidos de cada una de las empresas, si las operaciones de desalación de agua y vertido de salmueras presuntamente realizadas “son susceptibles de dañar o generar un grave riesgo a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas y si pueden perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, y en concreto al ecosistema del mar Menor”. También busca saber si se ha podido crear un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas y cuantificar el perjuicio económico causado por cada uno de los vertidos que se imputan a los investigados.
Este “caso Topillo” ha pasado por diversas vicisitudes judiciales: tras iniciarse la investigación, en febrero de 2018, la entonces titular del Juzgado Número 2, Miriam Marín, decidió dividir la causa en 26 partes diferentes, pero al ser sustituida por Garrote al frente del juzgado, este decidió agruparla de nuevo, como pedían la fiscalía y la acusación particular de Ecologistas en Acción. Además de las empresas agrarias, en la causa se investiga a una docena de funcionarios y ex altos cargos de la comunidad autónoma y la Confederación Hidrográfica del Segura, entre ellos, el exconsejero Antonio Cerdá, o el expresidente de la CHS Salvador Fuentes Zorita.
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