Un juez de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar el hackeo de los teléfonos móviles del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y del concejal en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall. Los dos políticos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaron una querella después de que EL PAÍS desvelara, el pasado julio, que sus teléfonos móviles habían sido objeto de un ataque por parte de un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO que solo puede ser adquirido por Gobiernos y cuerpos de seguridad en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ha decidido abrir diligencias después de recabar la opinión de la Fiscalía, que se ha mostrado favorable a investigar los hechos. Está por ver, sin embargo, qué diligencias acepta ahora el magistrado que se practiquen para aclarar este episodio. La Fiscalía cree que hay indicios de delito, pero no ve por ahora necesario citar a declarar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, tal como reclamaba la querella.
Torrent y Maragall presentaron el pasado julio una querella contra el exdirector del CNI y NSO Group por los presuntos delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones y espionaje informático. Dos semanas antes, una investigación de EL PAÍS y The Guardian había revelado que Pegasus fue utilizado para atacar sus móviles. El asalto ocurrió entre abril y mayo de 2019 a través de una vulnerabilidad de WhatsApp, ya reparada.
Los dirigentes de ERC solicitan en su querella que el Gobierno desclasifique secretos para aclarar si el servicio de inteligencia español espió sus móviles. El CNI dispone de Pegasus y tiene en su radar al independentismo español desde que en 2015 creara la unidad de Defensa de los Principios Constitucionales. Junto a la posibilidad de pinchar conversaciones, Pegasus permite leer mensajes, rastrear comunicaciones encriptadas e, incluso, activar por control remoto la cámara o el micrófono de los objetivos.</CW>
La defensa de los dos afectados vincula el episodio al “espionaje político” del Estado. Por eso el abogado, Andreu Van den Eynde —que defendió al exvicepresidente Oriol Junqueras en el juicio del procés—, pidió que se practiquen una serie de pruebas, como el envío de una comisión rogatoria a Israel para averiguar si NSO Group vendió Pegasus al Gobierno español. También, que la empresa entregue los datos informáticos que conserve sobre ese posible contrato. Según la querella, el hackeo de los móviles puede constituir diversos delitos, como intrusión no autorizada en equipos informáticos o interceptación ilegal de comunicaciones.
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