Francisco González, expresidente del BBVA, ha recibido otro revés en la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García-Castellón ha rechazado el recurso que presentó el exbanquero contra la ampliación de la investigación abierta contra él por su supuesta implicación en el caso Villarejo. A través de un auto de cinco páginas, dictado este mismo miércoles, el juez desestima todas las alegaciones y argumentos del exdirectivo, que se encuentra imputado desde 2019 por cohecho y revelación de secretos en este macrosumario de corrupción policial y empresarial. Además, desde el pasado julio, se le atribuye también un presunto delito de administración desleal por usar “recursos [del BBVA] para su uso exclusivamente personal”.
Esta decisión del magistrado, que centró inicialmente la investigación en los supuestos trabajos de espionaje encargados por la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, inflige un duro golpe a González, señalado ahora personalmente por la utilización de recursos del BBVA para su beneficio personal: en concreto, para “valorar la adquisición de una finca” que quería comprar “a título privado”. De hecho, este verano, apenas unas horas después de conocerse la iniciativa de ampliar las pesquisas, el banquero se revolvió contra la resolución del magistrado y pidió anularla. El exdirectivo acusó al instructor de tomar una medida sin “fundamentación jurídica”, basada en “abstracciones genéricas”, donde no se le imputan “hechos concretos”, y que le atribuye, en su opinión, un delito del Código Penal que no se le podría aplicar o unos hechos que habrían prescrito.
A todo ello responde el juez este miércoles en su auto. El magistrado no solo insiste en que quiere tomar declaración a González por la “operativa sospechosa” vinculada con la valoración de la finca, sino que desecha uno a uno todos los argumentos esgrimidos por el exbanquero para tumbar su imputación por administración desleal. En este sentido, García-Castellón subraya que la “fase embrionaria” en que se encuentran las pesquisas permite llamar a declarar al expresidente del BBVA con una exposición sucinta de los hechos investigados, un requisito que “se ha cumplido”. También descarta que, en este momento, se pueda concluir que el delito haya prescrito o que se necesite una denuncia previa del afectado.
Según argumenta el instructor del caso Villarejo, al tratarse de una entidad bancaria de gran relevancia que cotiza en el Ibex 35 y con una multitud de accionistas —es uno de “los principales bancos de este país”, resume el juez—, “el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general”.
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