El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dictó el pasado miércoles un auto en el que detalla el reciente hallazgo, durante la investigación del caso Kitchen, de una veintena de documentos en soporte digital, intervenidos al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017, cuyo contenido está protegido por la ley de secretos oficiales. Según el documento judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se trata de 13 documentos de texto y seis archivos de audio en los que se hace referencia a cuestiones internas de la policía, el terrorismo yihadista y cuentas bancarias de terceras personas. En el escrito, el magistrado ordena informar del descubrimiento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y poner los archivos a su disposición. El juez también ha dado instrucciones, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, para que la información quede “precintada y custodiada en condiciones de máxima seguridad” en el juzgado y que las partes personadas en el sumario no puedan acceder a ella.
El hallazgo de la nueva documentación se ha producido durante la investigación realizada por la Policía sobre la relación entre Villarejo y el también comisario Marcelino Martín-Blas, imputados ambos por el espionaje en 2013 al extesorero Luis Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el PP. Las pesquisas de los agentes han permitido localizar recientemente, entre la ingente documentación intervenida a Villarejo, archivos de audios grabados por este de sus conversaciones con el otro agente, así como denuncias interpuestas ante la policía y la justicia, y documentos relacionados con una supuesta investigación denominada Party realizada por la empresa Cenyt —epicentro del entramado societario del comisario— sobre el patrimonio personal y familiar del comisario Martín-Blas. Todo ello, ya incorporado a la causa.
Sin embargo, durante el rastreo, la Policía también ha localizado otros documentos que, “por su formato o contenido, tendrían la clasificación legal de secreto […] En tanto que los documentos contienen datos concretos sobre fuentes, datos o informaciones que puedan revelar aquellas de los servicios policiales de información”, según detalla la Fiscalía Anticorrupción en el escrito donde solicitaba al juez tomar la medida. El Ministerio Público recuerda al magistrado que la ley de secretos oficiales de 1968, así como el acuerdo del Consejo de Ministros de 2014 que la regula, incluye como información sensible lo “relativo a medios y técnicas operativas utilizados en las luchas contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”.
Los documentos
En un informe del pasado 27 de octubre, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía hizo una breve descripción de estos documentos sensibles.
Denuncia 19.1.15.pdf. Contiene datos sobre la Operación Kitchen y, en dos de sus párrafos (que quedarán ocultos a las partes), incluye las identidades de dos supuestos informadores de la trama policial.
Denuncia DAO 5.5.15.pdf. En la página dos de este documento se hace “referencia a unos supuestos hechos (cuya verosimilitud se ignora) relacionados con las actividades atribuidas al CNl”.
NI.-CNI-11.5.14.doc. Es un documento en formato Word, fechado el 11 de mayo de 2014 bajo el título Filtración de información sensible del CNl, “en el que se da cuenta de informaciones relacionadas con el Cuerpo Nacional de Policía, diferentes periodistas y con el CNI”.
NI.-CNI-17.3.14.doc. Contiene una nota del 17 de marzo de 2014 donde se exponen una serie de informaciones que relacionan al CNl con el “control de las actividades de los órganos Judiciales, así como del Cuerpo Nacional de Policía y en menor medida de la Guardia Civil”.
Denuncia-14.12.15.doc. Es un “borrador” que contiene información sobre el periodista Javier Ayuso, antiguo adjunto a la dirección de EL PAÍS y autor de las primeras informaciones que destaparon los sucios negocios de Villarejo; datos sobre la pieza 5 de la Operación Tándem, que se inició tras la filtración de un audio de Corinna Larsen, examante del rey emérito Juan Carlos I, donde hablaba de la fortuna oculta del antiguo monarca; y otras “informaciones que pudieran afectar a la legislación sobre secretos oficiales (recopilación de informaciones sobre terrorismo yihadista, principalmente)”.
DenunciaMarcel-8.1.15.doc. “Presenta un contenido similar a la Denuncia en formato PDF de fecha 19.01.2015, antes analizada”, expuso la Unidad de Asuntos Internos en su informe.
PT-5.11.12.doc. Es un documento con un “plan de trabajo” con referencias a “funciones de captación de información de interés policial”.
Dos PDF de la carpeta denominada Actal. Esta carpeta contiene dos documentos en formato PDF “con información bancaria sobre un tercero”.
CNI-4.2.15.m4a. Es un archivo de audio que recoge una conversación de nueve minutos y 17 segundos entre Villarejo y “un funcionario que pudiera estar adscrito al CNI”.
JR-5.12.12.mp3. “Se trata de una conversación relacionada aparentemente con las funciones encomendadas a Villarejo de captación de información de interés policial”, dicen los investigadores.
JR-10.12.12.mp3, JR-Ariz-9.12.12.nlp3, JR-MP-23.11.12.mp3 y PiVi-23.11.12.mp3. Conversaciones relacionadas con la anterior. Todos estos audios fueron localizados en una carpeta bautizada como Music, encontrada en un equipo informático que Villarejo tenía en su domicilio de Boadilla del Monte (Madrid).
Cuatro PDF en los indicios BE28 y BE24. Con estos nombres se refieren a dos carpetas denominadas Marcel, alias con la que los investigadores sospechan que Villarejo se refería al comisario Martín-Blas. Estas contienen, entre otros archivos, cuatro documentos en PDF “con información bancaria sobre un tercero”.
En su auto, el juez concluye que, a la vista de su contenido, “se hace inaplazable la necesidad de excluir del procedimiento la indicada información”. Y recuerda que “desde el comienzo de la presente investigación se ha puesto de manifiesto que, entre la documentación intervenida a Villarejo, se encontraría un ingente material documental e informático que este mantenía depositado sin ninguna habilitación legal para ello después de su jubilación” en 2016. Entre ese material, recalca el magistrado, había “archivos y documentos especialmente sensibles, afectos a la legislación de secretos de Estado o que de cualquier otro modo afecta gravemente a la seguridad de las personas o que perjudica a los legítimos intereses de terceras personas ajenas al procedimiento”.
García-Castellón recuerda que por ello, desde el inicio de la investigación sobre las actividades presuntamente delictivas de Villarejo, “se han adoptado sucesivas cautelas para preservar el carácter reservado de la documentación intervenida”. De este modo, se dieron instrucciones a los policías encargados de la investigación de que informasen al juez de cualquier archivo que pudiera “comprometer la seguridad del Estado” o estar legalmente clasificado como secreto. Solo una vez que se evalúa por parte del juez y Fiscalía el posible “impacto de los documentos” se decide si se entrega o no a las partes personadas. No obstante, el juez deja abierta la puerta a que si se justifica durante la investigación “un interés concreto y legítimo” pueda solicitar al Gobierno la desclasificación de todos o parte de estos documentos, como ya se ha hecho en dos ocasiones durante la instrucción.
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