El juez Manuel García-Castellón ha requerido a varios periodistas, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para que se “abstengan de publicar” y entreguen al juzgado los papeles del comisario José Manuel Villarejo que supuestamente les remitió un preso en su nombre. Anticorrupción sostiene que Alfonso Pazos, excompañero de celda de Villarejo en Estremera, envió a varios periodistas, entre ellos uno de EL PAÍS, y a otras personas, documentación sobre la Operación Cataluña —actuaciones policiales contra el independentismo—, el rey Juan Carlos, o sobre Podemos y su líder Pablo Iglesias, entre otros.
El pasado 7 de julio, el instructor del caso Villarejo decidió abrir una nueva investigación —pieza número 28 de la macrocausa— tras conocer que el comisario “dispondría de una gran cantidad de información y documentación que podría ser secreta y de carácter reservado y que estaría controlando desde la prisión de Estremera”.
Notas informativas sin sello ni firma ni registro oficial
Muchas de las notas informativas sin firma ni sello ni registro oficial que ha redactado José Manuel Villarejo detallan investigaciones policiales encargadas a otros compañeros. El comisario aportaba en esos escritos información supuestamente novedosa que en ocasiones se demostró imprecisa o directamente no se pudo probar. En esas notas informativas figuran muchos de los principales casos de corrupción que han juzgado los tribunales en los últimos 20 años.
Casi cuatro años después de iniciada la investigación sobre las actividades del comisario Villarejo, el juez mantiene abiertas cerca de 30 causas, relacionadas con delitos de revelación de secretos, cohecho, falsedad documental, organización criminal o blanqueo de capitales, entre otros.
Directivos de bancos, grandes empresarios y dirigentes políticos utilizaron supuestamente los servicios del comisario y ahora están imputados por ello en diversos procesos judiciales. Es el mayor caso de corrupción policial conocido en la reciente etapa democrática que afecta a algunas de las principales instituciones del Estado.
La resolución del juez para que los periodistas se inhiban de publicar los papeles de Villarejo es la primera de este tipo que se registra en la macrocausa. El artículo 20 de la Constitución protege el derecho a comunicar información veraz por cualquier medio, prohíbe la censura previa y establece que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El juez ordenó una serie de diligencias para evitar “el acceso ilegítimo de terceros a documentos legalmente protegidos”, así como “impedir” que Villarejo “pudiera chantajear tanto a particulares como a las instituciones del Estado mediante la difusión programada de esa información sensible”.
La policía halló en el registro del domicilio de Alfonso Pazos “determinados documentos de carácter clasificado”, correspondientes a una etapa en la que Villarejo “desempeñaba funciones de información e inteligencia policial en la Dirección Adjunta Operativa”.
Una comisión judicial registró la celda del comisario y encontró también diversa documentación, entre la que destacaban seis notas informativas que según Anticorrupción incluyen datos afectados por la Ley de Secretos Oficiales, supuestamente similares a los que difundía Pazos cuando salía de la cárcel con un permiso.
Anticorrupción apunta hasta “siete encuentros” de Pazos “con terceras personas interesadas en la adquisición o en el acceso a los documentos que se pretendían difundir, sin que ninguna de ellas esté legalmente habilitada para el acceso al material clasificado como secreto”. Entre esas personas, además de los periodistas, se encuentra Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad imputado en el caso Kitchen de espionaje ilegal al extesorero del PP, operación policial pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior.
Anticorrupción detalla en su escrito el encabezamiento de algunos de los correos electrónicos con archivos adjuntos que supuestamente remitió Pazos a los periodistas:
—Nota informativa sobre filtración de información sensible del CNI.
—Información sobre Mail Francisco Martínez [exsecretario de Estado de Seguridad].
—Sepblac-Podemos.
—Declaración jurada Corinna.
—Actividades de LB.
—Denuncia Faisan AN.
—Familia Pujol.
—Operación Cataluña. Información de inteligencia.
Pazos aclara a uno de sus interlocutores que las notas informativas de Villarejo ”no van firmadas ni selladas de ninguna manera porque son notas que Pepe entregaba directamente a su superior, al DAO, al Secretario de Estado o al ministro (…) son información de inteligencia, es información que se ha adquirido de una forma no muy legal. Los espías es lo que hacen… por eso van sin firmar ni nada ¿de acuerdo?”.
Muchos de los documentos de Villarejo se han publicado en EL PAÍS y otros medios de comunicación antes de que Pazos los entregara a diversas personas y forman parte de las piezas separadas del caso Villarejo y de otros sumarios cuyo contenido se ha hecho público.
Un ejemplo de documentación distribuida por Pazos pero publicada previamente por los medios de comunicación es la declaración jurada que Corinna Larsen, la examante del rey Juan Carlos, hizo a favor del comisario Villarejo en el juicio por injurias y calumnias al exdirector del CNI. Villarejo ha sido absuelto en este procedimiento.
La Fiscalía detalla en sus escritos al juez que el recadero de Villarejo explicó a una periodista con la que contactó que el instructor García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción sacaban solo la información que les interesaba. “Y sabes qué va a ocurrir cuando tú empieces a sacar o el que sea empiece a sacar estas cosas, que van a darse cuenta de que hay un… o sea, que se les va de las manos”, le explicaba Pazos a su interlocutora.
La Fiscalía Anticorrupción planteó al juez la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley sobre secretos oficiales que prohíbe comunicar, difundir, publicar o utilizar el contenido de materias clasificadas. Y el juez prohibió a la periodista publicar la información que le facilitó Pazos. Aunque esta recurrió la decisión, el instructor dictó un auto el pasado miércoles en el que ordena a la periodista, al igual que a las personas que recibieron documentación de Villarejo, “abstenerse de publicar” la información.
El juez también ha pedido a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que informe sobre si las notas informativas del comisario “están afectas a la legislación sobre secretos oficiales”, como mantiene la Fiscalía Anticorrupción.
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