El titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid ha hecho público este lunes un auto por el que pone fin a más de cinco años de investigación sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y deja a este a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar a Rato y a otras 13 personas, así como a dos empresas y un bufete de abogados como personas jurídicas, por la supuesta trama de corrupción organizada por el político para embolsarse presuntamente algo más de dos millones de euros de comisiones de los contratos publicitarios firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012, cuando Rato era su presidente, con las empresas Publicis y Zenith Media, así como por la creación de una red societaria supuestamente utilizada por este para repatriar fondos a España y ocultarlos al fisco. El juez considera estos hechos constitutivos de delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo de 2019 un escrito de acusación por la parte de los hechos referidos a los contratos publicitarios de Bankia en los que solicitaba cuatro años de cárcel y multa de 2,5 millones de euros para el exvicepresidente del Gobierno. Rato se encuentra en libertad condicional desde el pasado 12 de febrero tras cumplir parte de la condena de cuatro años y seis meses que le impuso la Audiencia Nacional por las tarjetas black en febrero de 2017. En septiembre, el político fue absuelto por la Audiencia Nacional, junto a los otros 33 acusados, de otra causa judicial abierta contra él: la de la salida a bolsa de Bankia, que él encabezó y por la que la Fiscalía le reclamaba ocho años y medio de prisión por estafa y falsedad contable.
En el auto conocido este lunes, denominado de transformación en procedimiento abreviado -trámite previo a que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el archivo definitivo de la causa-, el juez considera acreditado que en los años 2011 y 2012, Bankia contrató servicios de publicidad con las empresas Publicis y Zenith y que estás supuestamente abonaron una comisión ilegal 2,02 millones de euros. Estos fondos fueron abonados a la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramiento, controlada por otros de los encausados, el empresario Alberto Portuondo, al que supuestamente Rato había colocado como asesor en la entidad financiera. Según la investigación, desde esta empresa se transfirió a la sociedad Kradonara 2001, controlada por Rato, 835.024 euros, mientras que otro de los presuntos implicados, Miguel Ángel Montero, administrador de numerosas empresas familiares del político, recibió cerca de 190.000 euros. Gran parte del dinero que supuestamente recibió el exvicepresidente del Gobierno fue posteriormente enviada a la empresa Bagerpleta GMBH, participada por él y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.
El magistrado también describe en el auto la operativa supuestamente utilizada por Rato para introducir en España, a través de sociedades bajo su control registradas en varios países, 7,28 millones, de los que algo más de la mitad (3,69 millones) la investigación los cataloga “de origen desconocido”. “Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito”, señala el auto. El juez hace especial hincapié en el papel jugado en este entramado la estructura formada por la firma británica Vivaway y la española Kradonara “expresamente adquirida a tal fin y con el objeto de hacerlo llegar [el dinero] de la forma más opaca posible a diversas empresas pertenecientes a Rodrigo Rato”. Todo ello supuestamente camuflado “en préstamos o negocios jurídicos simulados”. Parte de esos fondos serían las comisiones recibidas por Rato por los contratos publicitarios de Bankia, recalca el auto.
Finalmente, el juez apunta a la comisión de varios delitos contra la hacienda pública cometidos por Rato por defraudar al fisco diferentes cantidades entre 2006 y 2015, año en el que se inició la investigación, en ocho de los cuales la cuota defraudada fue superior a los 120.000 euros, que marcan el límite para ser considerado delito. El auto destaca que para eludir el pago de impuestos, Rato supuestamente se valió de dos operativas. “Por una parte, en maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias (nuevamente préstamos participativos y prestaciones de servicios inexistentes) entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio exterior de manera oculta para la Hacienda Pública”, destaca el juez. La segunda, percibiendo a través de sociedades “meramente instrumentales” los servicios profesionales que Rato prestó “de manera personal” a diferentes empresas por impartir conferencias.
Source link