La suerte de Pablo Ibar, el español de 47 años hallado culpable de asesinar en 1994 a tres personas en Florida, se decidirá en los próximos días, cuando el jurado reunido de nuevo en los juzgados de Fort Lauderdale, localidad a 40 kilómetros al norte de Miami, decida si los crímenes por los que le hallaron culpable el pasado 19 de enero merecen la inyección letal o la cadena perpetua. Si deciden que debe morir, decisión que han de tomar por unanimidad, el juez Dennis Bailey podría rebajar la pena a cadena perpetua. Pero la actitud del juez, desde que comenzara la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Florida por considerar que las pruebas que le llevaron al corredor de la muerte en el año 2000 eran “escasas y endebles”, ofrece pocas esperanzas al entorno de Ibar. Solo un voto discordante de algún miembro del jurado, lamentan, podría salvar a Ibar de regreso al corredor de la muerte, donde ya pasó 16 años. Esa es la frágil esperanza de la defensa.
En cualquier caso, la decisión del jurado no será el fin de este proceso extraordinario que se prolonga ya 25 años. Sea cual sea la decisión del jurado, la defensa recurrirá de nuevo, con la esperanza de que se vuelva a repetir un juicio que consideran plagado de irregularidades. Este no es el final, explica Andrés Krakemberger, presidente de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, sino “el principio de otra carrera de fondo que nosotros no queríamos”. Una carrera, calcula Krakemberger, que se prolongará otros seis u ocho años. Este es un resumen de cómo están las cosas en la sala 6900 de los juzgados de Fort Lauderdale.
¿Qué ha pasado desde que el jurado emitió su veredicto de culpabilidad en enero?
Los cuatro meses desde que el veredicto de culpabilidad volvió a caer como un mazazo sobre Pablo Ibar, hijo del pelotari vasco Cándido Ibar, hermano del fallecido campeón de boxeo José Manuel Urtain, no han estado exentos de los sobresaltos que han salpicado reiteradamente las dos décadas y media de agonía de esta familia.
La primera parte del cuarto juicio que se celebra contra el procesado comenzó el 26 de noviembre de 2018. El 19 de enero el jurado halló culpable por unanimidad a Pablo Ibar. Tres días después, el primer día hábil tras la lectura del veredicto, uno de los miembros del jurado se puso en contacto con el juzgado para retractarse de su decisión. Cabe recordar que, en caso de que el jurado no hubiera alcanzado un veredicto por unanimidad, el juicio habría sido declarado nulo. El miembro arrepentido, Kurt Collins, denunció fuertes presiones durante las deliberaciones del jurado. El juez lo resolvió apartándolo del jurado sin investigar sus denuncias. Otro miembro del jurado, identificado como Black, esta vez un suplente (el juicio empieza con un jurado de 18 personas, de los cuales seis son suplentes), denunció haber sido contaminado. Es decir, que conoció un dato sobre el caso que no estaba autorizado a conocer, ya que a los miembros del jurado les está prohibido informarse por su cuenta del caso cuando abandonan el juzgado. También en este caso, el juez Dennis Bailey se limitó a relevar a Black de sus obligaciones como jurado suplente.
¿Qué ha hecho la defensa en esta fase?
“Es una vida que merece la pena salvar”, declaró este lunes a EFE el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, antes de testificar en el juicio. Cabanas y el cónsul general de España en Miami, Cándido Creis, han comparecido como testigos de la defensa para hablar de Pablo Ibar y de las relaciones del hispano-estadounidense con su familia. El embajador ha seguido el caso muy de cerca, especialmente en la segunda mitad de la década pasada, en que ocupó el consulado de Miami. Su testimonio tenía por objeto, explicó, transmitir que “la vida de Pablo es importante para su familia y la familia es importante para Pablo”. El padre de Ibar, sus hermanos y su esposa, Tanya, también están llamados a testificar en esta fase del juicio, buscando despertar la compasión en al menos algún miembro del jurado, y evitar así que Ibar vuelva al corredor de la muerte.
La defensa alega como factores “atenuantes” para preservar la vida de Ibar el amor de su familia y el peso de Pablo como uno de los pilares de la misma, y especialmente de los dos hijos de su esposa Tanya, con la que lleva casado 21 años (la defensa pidió al jurado respetar “el derecho a la privacidad” sobre la paternidad de Ibar). Solicitó la defensa en una moción descartar la condena a muerte en base a los “derechos humanos internacionales de sus dos hijos menores”. La moción señalaba que Tanya, la esposa de Ibar, tiene dos hijos menores, de 7 y 12 años, “que lo reconocen a él como su padre”. El recurso se acogía a la Convención Internacional del Niño y la Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, pero el juez ha considerado que el planteamiento no es un argumento legal aceptable. La defensa también presenta como factor atenuante su “impresionante” en la cárcel.
¿Y la fiscalía?
Los fiscales han demostrado que no lo pondrán fácil: cada vez que un condenado a muerte sale libre recibe un fuerte golpe el Estado de Florida, al que la fiscalía representa. También ellos buscaron apelar al corazón de los miembros del jurado para tratar de lograr que Ibar pague con la inyección letal. Llamaron a declarar a cuatro familiares de Casimir Sucharski, Marie Rogers y Sharon Anderson, las tres víctimas mortales del crimen de Miramar del 27 de junio de 1994.
Logró la fiscalía otro golpe de efecto con uno de los “seis factores agravantes” que plantean para que el jurado se decida por la pena capital. Consiguieron que el juez aceptara, en la primera jornada de esta fase de sentencia del juicio, el testimonio de Natalia López Montoya, una mujer que vivía en la casa de Miami Dade en cuyas inmediaciones fue detenido Ibar en 1994, tras un asalto con violencia en el domicilio. Ibar ya fue juzgado y condenado a ocho años por esos hechos. Fue en la comisaría en la que estuvo detenido por ese asalto donde los agentes vieron la fotografía que se había distribuido de uno de los sospechosos de los crímenes de Miramar, capturada de una grabación de escasa calidad, y consideraron que se parecía a Ibar.
La testigo, que en aquel entonces estaba embarazada de ocho meses, declaró que Ibar la amenazó con un cuchillo en el vientre para que se callara. La defensa protestó en diversas ocasiones durante el testimonio de López Montoya, no solo porque se trataba de hechos ya juzgados, sino porque Ibar fue hallado culpable en su momento de allanamiento de morada y robo de joyas, pero no de amenazas con arma blanca. El juez Bailey rechazó todas las protestas de la defensa.
Bailey no había permitido que ese episodio saliera a relucir en la primera fase del juicio, como tampoco permitió que se mencionaran otros hechos que podrían haber favorecido a Ibar. Entre otros, la circunstancia de que el otro acusado por los crímenes de Miramar, Seth Peñalver, que también fue condenado a muerte, salió libre después de la repetición de su juicio. La defensa, que trató de recusar al juez en su momento alegando su falta de parcialidad (entre otras cosas, su exmujer trabajó con la fiscalía durante el primer juicio), considera que Bailey les ha perjudicado.
¿Cómo afecta al futuro del caso una condena a muerte o a cadena perpetua?
Cándido Ibar, padre del acusado, declaró a Efe que las dos alternativas son “malas”, aunque “donde hay vida, hay esperanza”. Tanto si vuelve a ser condenado a muerte como si lo es a cadena perpetua, la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha asegurado que recurrirá la sentencia. La vía de apelación, sin embargo, difiere de un escenario a otro. Si es condenado a muerte, se apela directamente al Tribunal Superior de Justicia de Florida, mientras que recurrir una cadena perpetua requiere una instancia intermedia ante el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida. La vista, según expertos juristas, no tendría lugar antes de cinco años.
El recurso buscará, de nuevo, la repetición del juicio. Se basará, según la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, en “una serie de decisiones del juez Dennis Bailey que sin duda han tenido su peso en el resultado” y en “la inobservancia de una serie de testimonios, peritajes y pruebas por parte del jurado”.
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