Pedro Montiel ha trabajado como costurero por 32 años en una fábrica que le paga por cada pieza terminada que luego vende a las grandes tiendas.
“Por pieza completa, viene saliendo unos 65 o 70 centavos, completa”, dice Montiel. Sin embargo, esa misma prenda aparece por $20 o $30 en las tiendas, una práctica que se repite en la industria de la confección.
En Los Ángeles, hay actualmente 45,000 costureros, quienes devengan sueldos semanales bajos pero con jornadas largas. Algunos no llegan a los $250 pero otros logran obtener un poco más.
“Yo trabajaba 60 a 65 horas por semana. Mi sueldo era de $200-300 a la semana”, cuenta Montiel.
Muchos trabajadores consideran esa práctica como una explotación laboral. Pero han enfrentado represalias cuando presentan quejas ante las autoridades, como despidos injustificados.
“Creo que el público piensa que es un problema del extranjero”, destaca Daisy Gonzales, del Centro de Trabajadores de la Costura. “[Ese problema] lo tenemos aquí, en una de las ciudades más grandes del país”.
Cadenas de tiendas como Ross adquieren las prendas elaboradas por estos trabajadores. En una declaración, esta empresa aclaró que no son dueños de las fábricas ni tampoco establecen horarios ni salarios.
Ross también insistió que piden cambios o rompen los vínculos con los vendedores si no respetan las leyes locales, federales o internacionales. Pero, muchas veces estas fábricas cierran y desaparecen sin pagarle a los costureros.
“No aparecieron los dueños y las marcas tampoco se hicieron responsables”, cuenta Montiel, quien sufrió esa estafa en 2015.
El Departamento del Trabajo no culpo a las marcas populares porque las fábricas de ropa eran empresas independientes. Pero han investigado el presunto robo de salarios que alcanzan los $800,000, de empresas que cierran y no pagan las remuneraciones.
Pese a las protestas, los trabajadores no han visto cambios significativos en la industria.