El líder del PP de Almería alteró un convenio urbanístico en beneficio del promotor

Uno de los recibí de Hispano Almería con destino al PP.
Uno de los recibí de Hispano Almería con destino al PP.

La Policía Nacional aprecia que el PP de Almería, la agrupación provincial más fuerte de la formación en Andalucía, financió sus campañas electorales para las municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 —en las que fue candidato Javier Arenas— con comisiones ilegales de la constructora Hispano Almería. Las cantidades supuestamente pagadas por la empresa al PP almeriense, presidido por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, suman 110.000 euros

Las investigaciones de la Policía Nacional sobre los supuestos pagos de comisiones ilegales de la constructora Hispano Almería a cambio de las adjudicaciones de obras en varios Ayuntamientos de esa provincia corroboran que parte de esos pagos se destinaron a financiar al PP en varias campañas electorales. La documentación hace referencia a los recibís con aportaciones para las municipales de 2003 en Roquetas de Mar (36.000 euros), cuyo alcalde desde 1995 es el presidente de los populares de Almería, Gabriel Amat, o las generales y autonómicas de 2008, con abonos al PP de Níjar (25.000 euros).

“Respecto a otros recibís no vinculados a ejecución de obras, se corresponden con aportaciones al parecer, a tenor del concepto, al Partido Popular para financiar campañas electorales”, señala el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Los investigadores llaman la atención sobre un documento fechado el 10 de marzo de 2008 y vinculado con la reforma en el Colegio Universitario de Almería, de Níjar, “si bien en el concepto se establece claramente PP Níjar Elecciones 2008”. El montante asciende a 25.000 euros. En el informe se llama la atención sobre el hecho de que un día antes, el 9 de marzo, se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía, en las que Javier Arenas iba como candidato a presidente de la Junta como cabeza de lista por Almería. Más adelante, refiriéndose a ese mismo recibí la UDEF señala “en 2008, elecciones generales y autonómicas, se aportan 25.000 euros asociados a Níjar”.

En esa campaña electoral autonómica de 2008, Carmen Crespo, actual consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, concurría como número 2 de la lista almeriense, detrás de Arenas. Ninguno de ellos está investigado en la causa. Crespo manifiesta a EL PAÍS desconocer esta investigación. El que era entonces alcalde de Níjar, el popular Antonio Jesús Rodríguez, señala que a él no le consta que se ingresara ningún dinero para financiar ninguna campaña electoral y que si existiera “no debería ser así”. La dirección del PP de Andalucía rechazó ayer realizar ninguna valoración.

Existen otros dos recibís del 28 de marzo y del 16 de mayo de 2003 en cuyo encabezado consta, respectivamente, “Campaña elect. Roquetas”, y “Campaña Municipal G Bermejo, Arance” —en alusión al exconcejal de Obras de Roquetas, Gonzalo Bermejo y el expresidente del PP en Almería, el fallecido Enrique Arance— por importe de 36.000 y 18.000 euros, respectivamente. También hay documentos dirigidos exclusivamente al PP, como el fechado en febrero de 2002 por importe de 8.500 euros con el concepto “PP Almería (Diputación)”. Las sumas relacionadas con esta formación pagadas por Hispano Almería superan los 110.000 euros.

La investigación de la UDEF ha detectado pagos bajo cuerda de la constructora Hispano Almería por 7,29 millones de euros supuestamente vinculados con 62 expedientes de adjudicación de obra. De ellos, 5,44 millones no tienen un destino conocido y la mayoría van encabezados con las iniciales POL. “Ese POL alude a político, y se trataba del político del municipio vinculado a la obra al que se le daba el pago, en algunos casos era de hasta el 10%”, explica a este diario uno de los dos exempleados de Hispano Almería que ayudó a destapar la trama. Los pagos suelen coincidir en cuanto a la fecha de emisión con los momentos claves del procedimiento administrativo: la adjudicación, el replanteo —cuando se incrementaba el coste de la obra, cuya diferencia presuntamente se destinaba a los pagos al partido, sus dirigentes y los técnicos de la administración local— o la recepción de la obra.


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