El Málaga ha destacado este miércoles que “ha colaborado en todo momento de buena fe atendiendo las peticiones que han realizado los agentes” de la Policía Nacional que se han personado en las oficinas de La Rosaleda para recabar información por orden judicial.
En un comunicado, el Málaga ha precisado que la actuación policial es “en relación a un procedimiento el cual está bajo secreto de sumario” y que “no se trata de una orden de entrada y registro”; aclarado que no se ha alterado “el funcionamiento normal del club” y agradecido a los agentes “su profesionalidad y amabilidad” con su personal.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía intervinieron este miércoles en las instalaciones del Málaga Club de Fútbol por orden judicial para recabar documentación económica, intervención que se ha producido por orden de Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga y las actuaciones se han decretado secretas.
Dicho juzgado tiene abiertas unas diligencias tras la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), procedimiento en el que se ha citado a declarar al jeque Abdullah Al-Thani, presidente del Málaga, y a sus hijos Nasser, Nayef y Rakan, miembros del consejo de administración.
La jueza que investiga los hechos acordó este martes darles traslado de la querella criminal presentada por estos pequeños accionistas, por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, y “oír en declaración a dichos investigados el próximo día 18 de febrero de 2020 a partir de las 10:15 horas”.
Esta asociación de accionistas minoritarios del club presentó el pasado 31 de octubre una querella contra el jeque catarí Al Thani y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan, en su calidad de miembros del consejo de administración de la entidad, por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, entre otros.
La titular del Juzgado de Instrucción 14 de Málaga solicitó distinta documentación al Málaga y a LaLiga, pero desestimó la adopción de las medidas cautelares solicitadas, tanto la constitución de fianza por parte de los querellados por importe de 8.676.849,26 euros, como la administración judicial del club pedida por la APA.
La jueza, sin embargo, consideró que debía continuar con las diligencias de investigación sobre los querellados, mientras que la APA, tras desestimarse las medidas cautelares solicitadas, formuló un recurso de reforma contra dicho auto en el que aportaría nueva documentación para intentar conseguir la intervención judicial del club.
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