La nave mayor del mercado de La Merced, situado en el centro histórico de Ciudad México, aún huele a quemado. El segundo lugar más grande para la venta de alimentos en la capital, solo por detrás de la inmensa central de abastos de Iztapalapa, sufrió un gigantesco incendio el pasado 24 de diciembre. El siniestro ocurrió mientras los locatarios de este mercado, con más de 60 años de historia, preparaban las cenas de Navidad con sus familias en sus hogares. El fuego consumió la estructura, dejó un saldo de dos muertos, varios lesionados y asoló más de 600 locales de los 5.000 existentes. Fueron afectados 2.641 trabajadores, según las autoridades capitalinas.
Este viernes la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaun, ha convocado a los afectados en el Centro Cultural Venustiano Carranza para informarles de las novedades del caso tras más de dos semanas de silencio. Entre las medidas anunciadas está la demolición total de la nave dañada, que será reconstruida; la reubicación de los locatarios a carpas que estarán afuera del mercado al menos hasta julio y una indemnización por desempleo de 15.000 pesos semestrales, unos 80 pesos diarios (cuatro dólares).
Por La Merced pasan más de 150.000 visitantes al día. Generan al mes algo más de 205 millones de pesos, según datos expuestos en la conferencia de este viernes. Este emblemático lugar es parte del ideario cultural de la Ciudad de México. Una zona que sobrevive a la gentrificación cada vez más presente en los barrios de la capital.
Casto Domínguez, dueño de uno de los centenares de puestos de frutas abrasado, vive en Ecatepec, en el vecino Estado de México. Espera sentado en la nave calcinada la reunión convocada. Aunque tiene pocas expectativas, Domínguez, vestido con sombrero y botas vaqueras que recuerdan al lejano oeste, explica que cuando vio las imágenes del incendio no lo podía creer. “Agarré una botella de mezcal y me la tragué entera”, asegura mientras hace el gesto de engullir. A sus 60 años, lleva 40 en el mercado, y ha visto cómo sus pertenencias son reducidas a cenizas en cuatro incendios anteriores, el más reciente en 2013. El suceso más grave sucedió en 1988, donde hubo 60 muertos y 65 heridos después de que estallara un puesto de fuegos artificiales en el interior del recinto. “No creo que tengamos respuestas concretas ahorita pero bueno, ya tener la reunión es un paso. La anterior administración después de siete años del incendio de 2013 no ha aparecido por aquí”, lamenta.
Centenares de familias inician su marcha para la cita de las doce. La llegada, aparente alegría y los aplausos a Sheimbaun se evaporan tras el primer minuto de silencio por los fallecidos. Con el anuncio de las medidas, a pesar de la unánime opinión que celebra la buena voluntad del Gobierno, llegan también las decepciones.
La propuesta de reubicar a los trabajadores en carpas fuera del mercado no es bien recibida por la mayoría. La idea de perder sus pequeños locales durante más de seis meses se une a la de competir con el comercio ambulante tan temido en la zona. “Ellos son los dueños de la calle, por lo que tendremos que pagar renta. Además hay mucho riesgo allí fuera”, asegura María Santiago Sánchez, de 41 años y dueña de un local de productos esotéricos que sigue en pie gracias a la solidaridad de sus clientes más fieles. El alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, cree que lo más importante es “salvaguardar la integridad física de todos los locatarios”. Algo que los peritos que han inspeccionado la zona no pueden garantizar. Ante el riesgo de colapso, el desalojo y demolición de la infraestructura afectada es inminente. “Si estamos en riesgo claro que nos vamos. Le digo, nosotros queremos trabajar, donde sea. A mí no me ha parecido mal lo que nos han explicado. Al menos nos han escuchado, algo que no han hecho otras administraciones”, argumenta Eugenia Vegas, dueña de un local de frutas y legumbres destrozado.
Otra de las medidas anunciadas ha sido el seguro de desempleo para los damnificados de 2.500 pesos mensuales (130 dólares) durante un semestre. “Con esa limosna no tengo ni para el transporte y la comida del día. Se aprovechan de que somos gente pacífica”, explica indignado Domínguez, que ya vaticinaba horas antes la falta de respuestas aceptables.
Sheinbaum ha pedido una semana para comenzar los trabajos de demolición. A pesar de la aparente decepción de los comerciantes afectados, el solo hecho de poder entablar un diálogo con la jefa de gobierno da esperanza a los trabajadores que, de la noche a la mañana, se han visto sin recursos para llevar el pan a casa. Las pocas o escasas respuestas, se han visto eclipsadas por la voluntad política de un Gobierno que no los ha dejado de lado como administraciones anteriores. Jaime Hernández, que no se ha quitado el delantal ni para ir a la reunión, lo tiene claro: “Vemos disposición, que es importante, pero si la parte operativa no hace lo mismo esto no sirve de nada”. Hechos en el menor tiempo posible. Es el mensaje unánime.
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