Pese a estar viviendo la que parecía ser una de las etapas más tranquilas de su vida, Bárbara Rey se ha visto obligada a afrontar un nuevo varapalo, esta vez judicial. Y es que, la murciana se enfrenta a una posible pena de cárcel después de darse a conocer que la Fiscalía pide para ella tres años y medio en prisión a consecuencia de un supuesto delito de alzamiento de bienes por el que habría intentado eludir pagos a Hacienda desde el año 2011 por importe de 143.902 euros.
Sin embargo, lo que tal vez la vedette no había podido llegar a imaginar es que el malestar propio de su visita a los Tribunales se alargaría en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que la Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado su juicio, en el cual están implicados tanto ella; como sus hijos, Sofía y Ángel Cristo; además de una de sus hermanas y otros tres acusados. Uno de estos últimos estaría en paradero desconocido, motivo por el que se ha creído oportuno que esta cita tenga lugar cuando se sepa la localización de la persona en cuestión, no habiéndose fijado aún por la Sala una nueva fecha de señalamiento de cara a los próximos días.
Sea como fuere, lo que es cierto es que la situación de Bárbara frente a la Justicia pende de un hilo, considerando este organismo que la acusada habría actuado en «connivencia» con varios familiares y con el objetivo de «llevar a cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial» para así evitar tener que pagar. Una incriminación en la que el Ministerio Público mencionado asegura que todos ellos hicieron lo posible para simular que les era imposible pagar la cantidad de dinero que les reclama la Agencia Estatal de Administración Tributaria hace más de una década, concretamente el 10 de mayo de 2011, momento en el que Hacienda comenzaba una inspección a Bárbara Rey por el pago del IRPF entre 2006 y 2008. Unas sospechas que habrían culminado este 2023, teniendo pendiente un juicio que, por ahora, no está a la vista de ninguno de los protagonistas.
Pero esta no es la única vez en los últimos años que la que fuera esposa de Ángel Cristo se ha situado en el ojo del huracán de Hacienda. El 16 de noviembre de 2012 se dictaron dos actas por el IRPF del 2006 y del 2007 por cantidades monetarias de 135.031 y 131.568 euros, respectivamente. Algo que fue notificado a la actriz el 12 de febrero de 2013, teniendo plazo de ingreso de manera voluntaria más de un mes después. Algo que finalmente no sucedió, motivo por el que el 18 de julio se dictaron los dos acuerdos de imposición de sanciones mientras que, supuestamente, la acusada «se puso en contacto con varios familiares (…) Con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago», según sostiene la Fiscalía. Unos datos que no parecen preocupar en absoluto ni a la intérprete ni a su hija, que durante esta misma mañana frente a las cámaras de Gtres han confirmado que «están bien» y que «no deben un duro a nadie», asegurando que muy pronto lanzarán un comunicado para aclararlo aún más si cabe.
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