Cargaron los restos de los cuerpos en hamacas y sábanas. Así los transportaron hasta una fosa común y allí los enterraron. Decenas de víctimas. Niños. Mujeres. Ancianos. Campesinos todos, asesinados a fuego de metralla por militares dispuestos a arrasar con todo. Un día llegaron esos militares y prometieron que entregarían víveres en una región de miseria, reunieron a los pobladores en una zona baldía y los masacraron. Los perros aullaban. Los gritos eran desesperados. Amadeo Martínez Sánchez, de 49 años, perdió a 25 familiares, entre ellos a su madre y tres hermanos, de 1, 5 y 7 años. Fue el 11 de diciembre de 1981. Fue en una comarca cercana a El Mozote. Fue a manos de militares del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño, muchos de ellos formados en la Escuela de las Américas. De todos los horrores que ha sufrido El Salvador, la Masacre de El Mozote y lugares aledaños es el capítulo más terrible: fueron asesinadas al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas) en una sangría que se extendió del 10 al 12 de diciembre. “Cuando pudimos acercarnos vimos que los cerdos se comían los cadáveres, las gallinas los picoteaban, por eso cargamos los restos en las hamacas y cobijas y los enterramos en una fosa a todos”, recuerda Martínez. Han pasado 40 años de aquel horror y ni él ni el resto de supervivientes han recibido justicia ni reparación. “Estamos muy decepcionados”, asegura el hombre que a los 9 años fue testigo de la peor matanza registrada en el Hemisferio Occidental.
Amadeo Martínez se prepara este viernes de otoño para asistir junto con sus vecinos a una misa que se ha organizado como homenaje a las víctimas. Es en la ermita de su comarca, La Joya, un caserío que se extiende en las suaves montañas de la zona oriental de El Salvador. La ermita es una construcción humilde, hecha de varas y láminas, que muestra el olvido en el que se mantienen estas zonas a pesar de lo sufrido. “Nadie nos quiere ayudar”, se lamenta Martínez. Su lamento incluye también enojo, porque cuenta que para levantar el monumento para las víctimas de La Joya él tuvo que donar el terreno, el Estado ni eso pagó. Martínez narra por teléfono lo que sufrió, de forma pausada, sin alterarse, aunque admite que siente una tristeza profunda.
El 9 de diciembre de 1981 su padre, Jose Santos Sánchez, llegó a casa alterado. Dijo que había escuchado rumores de que los militares entrarían a la zona y pidió a su esposa, María Inés Martínez, que salieran de la casa. El Salvador se desangraba en una guerra civil que dejó al menos 75.000 víctimas. Era una lucha fratricida entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Los militares tenían la orden de arrasar con lo que suponían eran “comunistas” que intentaban asaltar el poder en el país. Los campesinos estaban entre los principales objetivos, señalados de dar protección a la insurgencia, que tenía fuerte presencia en la zona. La familia de Amadeo Martínez dejó su casa en La Joya y bajó hasta otro caserío cercano. Un vecino, Jacinto Sánchez, les dio abrigo, pero la condición era que solo durmieran dentro de su casa los padres y los hermanos más pequeños. Él y su hermano mayor tuvieron que quedarse fuera. La madrugada del 10 intentaron salir del refugio, pero la madre se opuso: quería regresar a su casa, afirmando que no tenían nada que esconder. Se quedó con sus hijos más pequeños, mientras que los mayores y el padre se escondieron.
“El 11 de diciembre pasaron los militares por La Joya. Era el Ejército de Domingo Monterrosa, el batallón Atlacatl. Oímos a los perros ladrar y nos preocupamos. Había militares por todos lados, mucho movimiento. A las dos de la tarde sacaron a la gente que estaba en la casa de Jacinto. Había ocho niños refugiados allí. Nosotros vimos cuando se los llevaron arrastrados, gritando. Uno de ellos gritaba que su madre estaba en la casa y un militar al mando hizo señas a dos soldados para que entraran. Había una señora en cama, que había dado a luz a una niña. Era nuera de Jacinto. Oímos el balazo cuando la mataron. Tres o cuatro días después salimos de donde estábamos escondidos y pasamos por la casa. Ella estaba en la cama y la niña con un cuchillo enterrado en la garganta. Con la sangre escribieron en las paredes del cuarto: ‘Un niño muerto, un guerrillero menos’. Era un angelito. No entendemos por qué lo hicieron”, relata Martínez.
Por qué es la pregunta que durante 40 años se han repetido los supervivientes de El Mozote, La Joya y Los Toriles, aldeas localizadas al norte del departamento de Morazán, donde fue perpetrada la masacre. La periodista Alma Guillermoprieto fue una de las primeras reporteras en llegar hasta la región y narró en una crónica para The Washington Post lo ocurrido. “La guerrilla, que controla zonas extensas de la provincia de Morazán nos condujo hasta el pueblo, ahora desierto, y nos mostró las ruinas de decenas de casas de adobe que, según ellos y los sobrevivientes, fueron destruidas por las tropas. Aún se ven los cuerpos en descomposición debajo de las ruinas y en los campos aledaños, a pesar de que ha pasado un mes desde el incidente”, relató en el texto publicado el 27 de diciembre. El relato coincide con el de Amadeo: al llegar a su antigua aldea, destrozada, y ver los cerdos comiendo los cadáveres, los supervivientes usaron hamacas y sábanas para recoger los restos y enterrarlos. Tras la publicación de la crónica de Guillermoprieto, el Gobierno de Estados Unidos negó la veracidad de la historia y dijo que había un “plan” para desacreditar a las fuerzas armadas salvadoreñas.
Fidel Pérez Pérez tiene 46 años y su relato es igual de desgarrador. Recuerda que cuando llegaron los militares, su tierra fue arrasada y él y su familia, junto a decenas de vecinos, corrieron para esconderse. Los mayores, que conocían bien la región, dirigían la huída. Estuvieron tres días sin comer, beber, sin dormir y mojados por la lluvia. Había unas 60 personas. Debido a las condiciones que estaban, los mayores decidieron regresar a su caserío la madrugada del 11 de diciembre. “A las cuatro de la mañana nos dispararon. La luna estaba clara y es testigo de lo que nos pasó. La gente huyó, se dispersó. Mi papá y mi mamá nos agarraron de la mano a mí y mis hermanos. Mi mamá llevaba a mi hermanita de tres días de nacida. Corrimos, corrimos, hasta que aclaró. Llegamos a un lugar conocido como Cerro Ortiz. Allí nos detuvimos como a las nueve de la mañana y pronto nos reunimos unas 20 personas”, cuenta.
Todos estaban cerca de una cueva que de alguna manera ofrecía protección. Fidel relata que una mujer decidió bajar a un río cercano a lavar la ropa de sus niños, cuando la vieron los militares. “Ella llegó corriendo y nos dijo: ‘Hoy sí nos matan’. Con nosotros estaba un catequista y nos pusimos a orar. Entonces apareció un soldado que era bajo de estatura, con la cara manchada. No dijo nada. Sacó una granada del pecho y la tiró. Eran las once de la mañana”, continúa Fidel. La detonación hizo saltar a los refugiados. Fidel, su padre y dos hermanos perdieron el conocimiento. “No sabíamos si estábamos dormidos o muertos. Despertamos a las seis de la tarde. Mi papá nos hablaba. Yo tenía heridas en la frente y brazos y mi hermano menor tenía reventados los oídos. Mi papá tampoco escuchaba. Encima de nosotros estaban los muertos, estábamos saliendo de entre los muertos”, recuerda. Fueron doce personas las fallecidas, entre ellas la madre de Fidel y su hermana recién nacida. Los supervivientes huyeron para esconderse y ocho días después, cuando los militares dejaron la zona, regresaron al lugar para enterrar los cuerpos, que estaban en descomposición.
En 1991, quienes sobrevivieron a esa matanza regresaron a las zonas arrasadas por los militares y encontraron las ruinas de lo que fueron sus casas. Tuvieron que comenzar de cero, sin apoyos. Los restos de la madre y hermana de Fidel fueron exhumados en 2019, para hacer pruebas de ADN, pero hasta la fecha ni las pruebas han sido hechas ni los restos han sido entregados a la familia, lamenta el campesino. “Queremos darles cristiana sepultura”, afirma el hombre. “Seguimos con nuestra bandera de lucha. Exigimos justicia, queremos saber la verdad. Y que no se repitan estos hechos”, dice. Y agrega: “No éramos culpables de estar en medio de dos bandos que se estaban peleando. Estas son heridas abiertas. Nos vamos a morir y nunca lo vamos a olvidar. Siempre los llevaremos en nuestros corazones”.
Con los acuerdos de paz en Centroamérica y la instauración de la democracia, los sucesivos gobiernos que tuvo El Salvador negaron la masacre, aunque el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense había trabajado en la zona y en 1993 corroboró las denuncias de la masacre. Una ley de amnistía aprobada en ese año puso una loza sobre el caso, que cayó en la impunidad, aunque las víctimas no cejaron en sus esfuerzos por hallar justicia. Se organizaron, buscaron apoyo de instituciones de derechos humanos y el caso llegó hasta la Corte Interamericana, que el 25 de octubre de 2012 reconoció la responsabilidad del Estado sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por el ejército salvadoreño en El Mozote. A pesar de ello, ninguno de los responsables han sido juzgados por los crímenes cometidos. Las víctimas vieron una luz de esperanza en julio de 2016, cuando la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la ley de amnistía. Entonces el magistrado Jorge Guzmán reabrió el caso y se convirtió en el juez a cargo.
La llega del presidente Nayib Bukele alentó a las víctimas, debido a su discurso contra la corrupción y la impunidad de los gobiernos anteriores. Fue Bukele quien a inicios de junio de 2019, tras asumir la presidencia de ese pequeño país, tomó una decisión que le reivindicaba: su primera orden como mandatario fue retirar de un cuartel militar el nombre del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas (creada para investigar la violencia durante la guerra civil) ha señalado de ser el responsable de la matanza. La alegría, sin embargo, duró poco, porque luego Bukele, en su afán de hacerse con todo el poder en El Salvador, tomó controvertidas decisiones que han paralizado el proceso. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó un decreto que obliga a renunciar a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio. El juez Jorge Guzmán se vio apartado del caso. En octubre del año pasado, Bukele desató una nueva crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza. Tanto el Ejecutivo como el Ejército desobedecieron una orden judicial emitida por el juez Guzmán para la inspección de los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa comunidad salvadoreña.
“Desde que salí, el caso ha estado paralizado”, afirma Guzmán por teléfono. “La nueva jueza creo que no ha hecho nada porque es un caso voluminoso, gigantesco, que tiene que estudiarlo, empaparse de él”, explica. El magistrado afirma que ha tenido que bregar con las instituciones para sacar adelanto el proceso. “En una sociedad tan polarizada como la nuestra es difícil. Desde el lado de los militares no vieron con buenos ojos que el caso se abriera, dijeron que no se deberían reabrir heridas del pasado, porque eso impide que se llegara a una reconciliación nacional y se avanzara en la democracia. Sectores de izquierda manifestaron una simpatía tibia, pero fue algo simulado, hipócrita. Ni a los militares ni a los del FMLN les conviene que se investigue, porque ambos tienen casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y se protegen los unos a los otros. Este caso ha avanzado a pura presión internacional, de las víctimas y por el respaldo de la Corte Interamericana”.
Son al menos 17 militares en retiro los señalados de estar involucrados en la masacre. Se trata, dice Guzmán, de dos que formaron parte del Estado Mayor Conjunto del Ejército. Hay otros que fueron jefes de unidades militares importantes, como la Fuerza Área y de Artillería y oficiales que dirigieron el operativo. Dentro del grupo de militares sometidos al proceso está el ministro de Defensa, José Guillermo García, que fue condenado en EE UU y deportado a El Salvador. ¿Por qué Bukele protege a los militares? “Los gobernantes en nuestros países necesitan estar bien con el ejército para mantenerse en el poder”, conjetura Guzmán. “Hay un pacto: los militares le dan estabilidad y él los apoya al no permitir que estos señores enfrenten un juicio”, dice. El magistrado es duro en sus críticas al presidente. “Ha hecho un manejo político del caso. Bukele se ha burlado de la buena fe de la víctimas, de su anhelo de justicia. El presidente Bukele, al igual que gobiernos anteriores, lo que hace es dar continuidad a esa política de encubrimiento de perpetradores de violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Esa política solo perpetua la impunidad”.
Amadeo Martínez Sánchez también critica al mandatario. Este campesino afirma estar “muy decepcionado” por las acciones de Bukele. “Al asumir el mandato dijo que iba a abrir los archivos militares. Incluso llevó a una delegación de las víctimas a la Casa Presidencial, donde hizo la promesa de hacer justicia. Ahora afirma que él no tiene nada que ver, porque era un niño cuando ocurrió. Eso nos dolió, porque es una falta de respeto. Nosotros merecemos respeto y que haya justicia”, afirma el campesino. A pesar de la marea política en contra, ni las víctimas ni quienes los apoyan cejan en su lucha para evitar la impunidad. “Este es un proceso que no tiene retroceso”, dice el juez Guzmán. “Ya avanzó en un 85% y lo que falta es poco. Este proceso tiene que llegar a su final esté yo o no esté”, zanja el magistrado.
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