Marcelino Tangoa, apu (jefe indígena) de una población amazónica en la región Huánuco, tendría que estar hoy cosechando cacao en su chacra de dos hectáreas, pero ha tenido que abandonar su tierra en abril a causa de amenazas del narcotráfico. Lidera los trámites de titulación de la comunidad de Unipacuyacu y las gestiones ante el Estado contra el crimen en un territorio que colinda con la región Ucayali, en la Amazonia. Allí desde desde 2020 se han multiplicado los cultivos de coca y las narcopistas, según reportan organizaciones indígenas afectadas y la entidad antidrogas de Perú.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que ese año aumentó en un 13% la superficie de coca cultivada en Perú y fue de 61.777 hectáreas. De ellas, casi 28.000 estaban en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (un territorio llamado VRAEM, en la zona centro-sur del país), y más de 3.800 en Ucayali (en la frontera con Brasil). Sin embargo, en 2021 en esta región amazónica la superficie superó las 10.000 hectáreas sembradas, reportó esta semana el presidente de la entidad, Ricardo Soberón.
El VRAEM era desde la década pasada el principal centro de operaciones del narco y el valle de mayor producción de coca con fines ilícitos, pese a la presencia militar y policial desde 2006; pero la situación ha cambiado a raíz de la pandemia. ”La dinámica creciente de demanda europea y de EE UU ahora usa el espacio de la Amazonía para tránsito, cultivo, tráfico y explotación. Tenemos nuevos focos cocaleros: se va vaciando el VRAEM y se incrementa en Ucayali”, explicó Soberón en una conferencia de prensa en Lima esta semana.
Un policía de la guardia costera de Perú patrulla sobre la zona amazónica. Giles Clarke (Getty Images)
La comunidad de Unipacuyacu, poblada mayoritariamente por indígenas cacataibo, tramita desde 1995 el título de sus 22.000 hectáreas, pero la burocracia del Gobierno regional y la influencia de redes ilegales le han impedido defenderse de invasores que alquilan tierras para producir coca destinada al narco. Arbildo Meléndez, el jefe de la comunidad que gestionaba la titulación en 2020 fue asesinado en abril de ese año, al inicio de la cuarentena por la covid-19, cuando el Estado peruano estaba paralizado. Una testigo de las amenazas a Meléndez refiere por teléfono que, desde 2010 operadores del narco y del tráfico de tierras han asesinado a cinco personas en Unipacuyacu.
Desde 2019, la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca) y otras organizaciones amazónicas han denunciado ante autoridades y entidades internacionales la “narcoviolencia” entre Huánuco y Ucayali. En junio, el Estado erradicó por primera vez cultivos de coca en varias comunidades de esa zona, y destruyó una narcopista de cemento en Unipacuyacu con explosivos lanzados desde helicópteros.
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Las consecuencias fueron negativas para los comuneros pese a que habían alertado a las autoridades. En un comunicado reportaron represalias en su contra, pues se quedan solos frente a los invasores armados después de la interdicción. ”Los operativos de erradicación constituyen un hito importante y el primer golpe real que se le da al narcotráfico en la zona, pero no se ha atendido la oportuna advertencia sobre la necesidad de acompañar las operaciones de erradicación con una presencia efectiva de las fuerzas del orden y una inmediata restitución de los territorios indígenas invadidos”, planteó la federación Fenacoca en un comunicado de junio”.
La comisaría más cercana está a dos horas y media en bote y la policía no tiene dinero para combustible. Yo pediría presencia policial o de la fuerza armada aunque sea una vez a la semana para poder vivir en tranquilidad, no tenemos a dónde irnos”, añade Tangoa. En su comunidad no hay señal de móvil y ante una emergencia solo pueden usar el internet de un ordenador de la escuela.
El apu tiene tres hijos en edad escolar y pasa una situación económica difícil, pues sembró plátano, maíz, papaya y cacao para generar ingresos y está perdiendo sus cultivos. “Pediría que no nos vean simplemente como indígenas: ¡cuánto tiempo estamos en esta lucha para lograr la titulación! Esto afecta nuestro territorio, tenemos que ver por la educación y alimentación de nuestros hijos”, agrega el jefe indígena con preocupación.Un ambientalista consultado señala que las narcopistas de tierra destruidas en Huánuco y Ucayali son rápidamente reparadas, pues como la erradicación de cultivos no es completa, los narcotraficantes necesitan terminar de sacar su producción y las reconstruyen. ”Unipacuyacu es un punto estratégico de donde salen los vuelos porque es una zona cerrada”, añade una testigo de las amenazas.
Soberón explica que la nueva zona cocalera denominada Bajo Ucayali tiene “condiciones ideales” de cultivo de coca e interconexión con “las nuevas estructuras de comercio fluviales y aéreas, hacia el puerto de Guayaquil e incluso, vía terrestre, hacia Brasil”, donde está otra de las grandes demandas de droga, además de Estados Unidos y el Reino Unido. El jefe del ente peruano antidrogas describe que Guayaquil es uno de los puntos de salida de las sustancias derivadas de la coca a raíz de los cambios en el negocio y las rutas ilegales post-covid.
Defensores amenazados por el narco
En 2021, el Ministerio de Justicia creó el llamado Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país, que incluye a defensores ambientales y de la tierra, y ha recibido una solicitud de medidas de protección al apu de Unipacuyacu. Ángel Gonzales, director de políticas y gestión en derechos humanos de ese ministerio, explica que en el caso de 29 indígenas los informes de riesgo proponen medidas de protección vía dicho mecanismo. Sin embargo, el Ministerio de Interior aún no ha aprobado lineamientos para hacer efectivas las medidas recomendadas y por lo tanto enfrentan dificultades.
Poza de maceración de droga en Unipacuyacu.Amazon Watch
“En el caso de Marcelino Tangoa estamos esperando la opinión técnica y el plan de actividades que indique cómo se va a financiar su protección y quiénes se encargarían de ella, pero estamos haciendo un seguimiento permanente de su situación”, comentó Gonzales. El funcionario detalló que en los casos que las comisarías no cuentan con logística o fondos para la protección de los defensores, coordinan con algunas ONG o con Devida para gestionar los traslados. De los 29 casos de defensores que requieren medidas de protección, 14 corresponden a Ucayali, y a todos los miembros de una comunidad de esa misma región y en Madre de Dios, también en la frontera con Brasil.
Hasta fines de diciembre, había 50 defensores de derechos humanos en riesgo en Ucayali, y nueve en Huánuco, de acuerdo con un informe elaborado por las ONG Proética e IDL con cifras del Ministerio de Justicia. El mismo reporte indica que el narcotráfico es la fuente de riesgo de 18 defensores de derechos humanos y defensores indígenas peruanos identificados por dicho mecanismo.
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