Todo se precipitó en cuestión de días. Andrés Manuel López Obrador comunicó la semana pasada a Arturo Herrera que había decidido reconsiderar su nombramiento al frente del Banco de México. La propuesta de designación, que debe contar con el aval del Congreso, ya no figuraba hace tiempo en la agenda de los legisladores. Este miércoles el presidente ha anunciado que en lugar del exsecretario de Hacienda postulará a otra funcionaria de esa dependencia, Victoria Rodríguez Ceja, hasta hoy subsecretaria de Egresos, un perfil técnico sin proyección pública. El cambio de criterio, después de que en junio presentara a Herrera como un economista “con dimensión social” y al mismo tiempo con capacidad para tranquilizar a los mercados, alimenta ahora las dudas sobre los planes del mandatario para el banco central.
No ha habido más justificación para el giro de guion que los elogios dirigidos a la futura gobernadora. “A ella se debe que tengamos estabilidad financiera”, ha afirmado López Obrador al destacar también que por primera vez una mujer tomará las riendas del órgano. El presidente ha asegurado que la autonomía de la entidad está garantizada. También lo ha resaltado la propia Rodríguez Ceja en un video difundido esta tarde en las redes sociales: “Cumpliré, en caso de ser ratificada en el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México”.
El mandatario ha descartado, además, haber perdido confianza en Herrera. La sucesión de sus decisiones, sin embargo, apunta a que algo pasó una vez el economista cedió el testigo de la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, el pasado mes de julio. Hace semanas, por ejemplo, lanzó públicamente un aviso a los Estados por la relación de dependencia del crédito público federal que han mantenido hasta ahora. Al mismo tiempo, no era un misterio la disparidad de posiciones entre López Obrador y Herrera con respecto a la función del Banco de México. El mandatario defiende abiertamente que el organismo no se encargue solo de poner a raya la inflación, cuyo aumento es preocupante y en la primera quincena de noviembre ha superado el 7%, sino que se ocupe también de las líneas maestras del crecimiento económico. El planteamiento de fondo es que el banco pueda conceder préstamos al Gobierno federal.
El exfuncionario nunca estuvo de acuerdo con esa visión y poco después de su designación, en conversación con EL PAÍS, argumentó que un mandato dual no sería sostenible en México. “En América Latina, en los años ochenta, en muchos países vimos inflaciones del 50% y hasta de tres dígitos. Parte de lo que se empezó a discutir en la academia era por qué pasaba eso. ¿Por qué acá había una especie de sesgo o resistencia de la inflación? Y una de las razones que se encontró es que el doble objetivo era contradictorio. Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación. Entonces, tienes dos objetivos que se mueven en sentido contrario. En países como el nuestro, esto todavía es muy importante”, explicó.
La Ley del Banco de México fija que la entidad “tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional” y “como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda”. En los círculos de economistas y empresarios no descartan que el presidente pueda plantear una reforma de la Ley, para lo que no necesitaría modificar la Constitución, que se limita a consagrar la autonomía del banco central. López Obrador no ha dado ninguna señal pública a ese respecto y sí ha insistido en la independencia de la institución. “No hay una sola intromisión del Gobierno, de la Secretaría de Hacienda en el Banco de México, ni una sola, y no lo haremos”, ha enfatizado. Los expertos le creen y saben que la autonomía está garantizada por la Junta de Gobierno, compuesta por cuatro subgobernadores y el gobernador.
El nuevo nombramiento se produce en un contexto que marca el ecuador del sexenio, que se cumplirá la semana que viene: los encontronazos con los altos funcionarios nombrados por este Gobierno también han llegado al interior del Banxico. Los 12.000 millones de dólares de la línea de financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convirtieron en agosto en duros reproches del presidente al subgobernador Gerardo Esquivel. “Ultratecnócrata” fue el calificativo que le dedicó López Obrador a uno de sus hombres en el organismo. La cuestión de fondo era la intención del presidente de dedicar el dinero para pagar deuda externa. Algo que, de acuerdo a la ley, no está permitido, ya que esos dólares han de ir directamente a engordar el colchón de las reservas. La solución final fue sortear la prohibición para cumplir con el deseo del López Obrador: el Gobierno realizó la mayor compra de reservas de la última década.
Los movimientos en Banxico no han agitado demasiado el mercado, con derrapes ligeros del peso y la deuda mexicana. En todo caso, antes del repentino giro en el supervisor monetario, López Obrador había emprendido una reconfiguración a fondo del Gabinete, marcada por la entrada a escena de cuadros del círculo más cercano y la máxima confianza del presidente. En la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un prestigiosa jurista feminista considerada uno de los fichajes estrella en su momento, dio paso a un paisano y amigo personal del mandatario, Adán Augusto López. En la conserjería jurídica de Presidencia, el polémico Julio Scherer, acusado de exceso de intervencionismo por varios de sus colegas de Gabinete, fue relevado por María Estela Rios, una veterana abogada de izquierdas con perfil bajo y experiencia trabajando codo con codo con López Obrador en la capital.
El último ejemplo del repliegue a posiciones de máxima confianza ha sido el despido fulminante de Santiago Nieto, el zar anticorrupción que había ganado una gran visibilidad por sus golpes tanto a las finanzas del crimen organizado como a la corrupción de guante blanco, como el caso Odebrecht. Su polémica boda en Guatemala hizo descarrilar sus ambiciones y el presidente ha nombrado en su lugar a Pablo Gómez, 75 años, un histórico dirigente de la izquierda clásica que pasó por el Partido Comunista y el PRD antes de subirse el barco de Morena.
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