Quienes han acudido a Jordania en busca de una nueva temporada de Juego de Tronos, tras la “sedición” palaciega imputada a un príncipe de la casa real hachemí, se han encontrado con un país en declive por las consecuencias económicas de las guerras de Irak y Siria, relegado en Oriente Próximo por el nuevo orden regional dictado por Israel y las monarquías del Golfo frente a Irán, y golpeado sin piedad por la pandemia. “En estado de inestable estabilidad”, lo define una fuente diplomática europea.
El oasis de calma y seguridad jordano aflorado entre las turbulencias de Oriente Próximo —más conocido como destino turístico exótico y por el glamur de su realeza— lleva tiempo marchitándose con un 25% de tasa de desempleo (el 40% entre los menores de 30 años) y con hasta 1,3 millones de refugiados sirios a su cargo, entre 10 millones de habitantes. La redada desencadenada por los servicios de inteligencia el pasado día 3, en la que fueron arrestados miembros de la casa real, incluido el medio hermano del rey Hamzah bin Hussein; un exministro, y jefes tribales beduinos, fue descrita por el Gobierno como un “intento de golpe” en conexión con fuerzas extranjeras.
“No ha habido intentona golpista con intervención del Ejército, pero sí un conato de motín que pudo haber desembocado en alzamiento de los herak, grupos tribales beduinos”, asegura en su oficina de Amán el director del Centro de Estudios Políticos Al Quds, Oraib al Rantawi. “Jordania ha perdido una década sin emprender reformas democráticas mientras la división en el seno de la familia real es cada vez mayor. Y que hayan trascendido en público las disputas dinásticas no es lo habitual”, sostiene este experto.
Los herak eran originalmente cofradías de transjordanos, habitantes del reino hachemí fundado hace un siglo bajo la tutela británica. De constituir la base social que sostenía el poder del monarca, algunos de estos grupos han tornado en conciliábulos de disidentes que capitalizan el descontento popular por las crisis económica, política y sanitaria.
“El contrato social de 1921 entre el rey y las tribus beduinas, en el que a cambio de lealtad tenían garantizados puestos en el Estado y las fuerzas de seguridad, ha perdido vigencia en la sociedad jordana, cada vez más diversa y contraria a los privilegios”, precisa Rana Sabbagh, exdirectora del diario The Jordan Times. “El contrato original debe revisarse porque la sociedad cambia en todos los niveles: cultural, económico y social”. Sabbagh considera que Jordania necesita una política más inclusiva. “La actual concentración de poder en unas pocas manos amenaza con marginalizar y excluir a parte de la sociedad”, apostilla.
“La lógica del Estado proveedor solo para una parte de la población más tradicional está siendo cuestionada además por los jóvenes urbanos ilustrados y los profesionales de mediana edad”, puntualiza una diplomática europea destinada en Amán. En la sede de los colegios profesionales en la capital jordana, uno de los pocos sectores organizados de la sociedad civil, el presidente de la Asociación de Ingenieros, Ahmad Alzoubi, constata que el paro afecta a una cuarta parte de los 175.000 técnicos que agrupa, mientras que la mitad se hallan acogidos a ERTE financiados por la Seguridad Social.
“Ante la crisis y la inestabilidad política, las asociaciones profesionales encabezamos la reivindicación ciudadana de más democracia, sobre todo después de las restricciones de derechos civiles que se han impuesto desde el Gobierno con el pretexto de la pandemia. Necesitamos un Gobierno elegido por el pueblo”, reclama Alzoubi, quien asegura estar al frente de la organización de ingenieros con mayor presencia en Oriente Próximo. “En 2010 enviamos 35.000 profesionales a Arabia Saudí, pero ahora hay menos de 10.000 debido a la covid”, detalla.
“El rey Abdalá ha pagado el precio de su oposición al acuerdo del siglo, auspiciado por [el expresidente de Estados Unidos] Donald Trump con la intención de sellar la paz en Oriente Próximo sin contar con los palestinos, que son también parte muy importante de Jordania”, argumenta el analista Al Rantawi.
Colaboradores de Mohamed Bin Salmán
“Tanto [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu, como [el príncipe heredero saudí] Mohamed Bin Salmán no se lo han perdonado aún”, remacha el director del Centro Al Quds. Dos de los principales arrestados en la redada contra la supuesta trama golpista —Sharif Hasan bin Zaid, perteneciente a la realeza hachemí, y Bassem Awadallah, antiguo jefe de la Casa Real y exministro de Finanzas– tienen también la nacionalidad saudí y son considerados estrechos colaboradores de Mohamed Bin Salmán.
La veterana periodista Sabbagh, que en la actualidad trabaja para una ONG internacional, cree que “esta ha sido la última alarma que ha sonado en Jordania para que despierte de una vez la sociedad civil ante la ausencia de partidos políticos estructurados”.
La única fuerza de oposición tolerada con presencia en el Parlamento, el Frente Islámico (rama local de los Hermanos Musulmanes), muestra su decepción tras las últimas elecciones legislativas, celebradas en otoño del año pasado. “En 2016, cuando nos presentamos de nuevo a los comicios después de haber boicoteado la Cámara, obtuvimos 14 de los 130 escaños”, explica Musa al Wash, dirigente del partido islamista en su sede en Amán. “En 2020, pese a contar con más simpatizantes e intención de voto, logramos solo ocho, y yo mismo perdí el acta de diputado tras denunciar fraude en las urnas”.
Fuentes diplomáticas occidentales atribuyen la emergente inestabilidad de Jordania a la estrategia “gatopardista” del monarca y su entorno, que llevan años prometiendo reformas democratizadoras y modernización de la economía a cada sobresalto de la imagen de estabilidad del país árabe —sea en forma de revueltas populares, como en 2018, o de la conspiración palaciega de los últimos días— sin que se hayan plasmado todavía los cambios en políticas reales.
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