La obsesión con la Iglesia católica del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, atravesó esta semana un punto, otro, de no retorno con la condena a Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (en el centro del país). El viernes le cayeron 26 años de cárcel. ¿Su delito? Negarse al destierro junto a los 222 presos políticos excarcelados el día anterior y enviados por sorpresa a Estados Unidos para, mientras volaban, administrarles el último castigo: quitarles la nacionalidad.
La sentencia, que siguió a un juicio exprés sin las garantías debidas, considera probados los cargos de “traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Álvarez se negó a subir al avión del destierro con una frase para la historia: ”Que sean libres, yo pago la condena de ellos”. La sentencia lo ha convertido en el símbolo de la oposición interior que quedó en tierra en Nicaragua, así como de la resistencia de la Iglesia católica.
Según la información facilitada por el régimen, la oferta inicial a Washington, a cuyas autoridades el sandinismo ocultó sus planes de convertir en apátridas a los desterrados, incluía una lista de 228 personas. Cuatro, según dijo Ortega el jueves en un mensaje televisado al país, fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses. Los otros dos (Álvarez y un preso sin identificar) se negaron a salir de Managua el jueves. En las cárceles del país quedan, según cálculos de las organizaciones disidentes al régimen de Ortega-Murillo, otros 39 reos de conciencia.
El obispo Rolando Álvarez, el 20 de mayo de 2020 en Managua. STRINGER (AFP)
El mismo jueves, las autoridades nicaragüenses cambiaron el arresto domiciliario de monseñor Álvarez, de 56 años, que cumplía condena desde el pasado agosto en la casa de unos familiares en Managua, por su reclusión en la temible prisión de La Modelo, también en la capital. No es la primera vez que el obispo pasa por ese trance. Hombre de profunda fe en la resistencia, ya lo encarcelaron en los años ochenta por oponerse al servicio militar obligatorio que impusieron los sandinistas para hacer frente a la guerrilla de la Contra financiada por Estados Unidos. Entonces era un muchacho de 16 años.
La suerte de Álvarez la han seguido estos días con preocupación los liberados desde el hotel cercano al aeropuerto internacional de Dulles, situado a unos 40 kilómetros de Washington, en el que el Departamento de Estado les da alojamiento hasta el domingo, mientras aclaran la situación, no exenta de trabas burocráticas, que les espera ahora. En uno de sus salones, dos sacerdotes, presos políticos hasta esta semana, oficiaron una misa católica el sábado por la noche en la que hubo un recuerdo para el obispo de Matagalpa. Uno de ellos, Benito Enrique, párroco de la iglesia Santa Martha de Managua, dio con sus huesos en la cárcel por llamar en una misa “pareja de asesinos” a Ortega y Murillo.
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“La Iglesia es el último baluarte de libertad. Ortega lo sabe, por eso quiere desestabilizarla, atacar su unidad”, afirmó este sábado otro de los curas excarcelados, que pidió hablar desde el anonimato para no comprometer la situación de los suyos que quedaron en Nicaragua. “[El régimen] busca minar la fortaleza de la Iglesia para quedarse, ahora sí, sin oposición interna”, afirma. El sacerdote aseguró que su detención es una “cruz” que demuestra el valor de los religiosos en su país al criticar al régimen, apoyar a quienes se manifestaron contra “la dictadura” y abrir las parroquias durante los días más duros de la represión. Álvarez, dice, es un ejemplo de esa valentía. “Ha seguido su papel profético hasta las últimas consecuencias. Es un hombre coherente con sus principios”, afirma.
La noticia de que este faltaba en el grupo no la pudieron confirmar los 222 desterrados hasta que no subieron al avión, después de que los sacaran de sus celdas en la madrugada del jueves sin más explicación. “Nosotros veníamos con varios curas de Matagalpa, y fueron ellos los que nos dijeron que monseñor tenía tomada la decisión de que no quería ser usado como una ficha de negociación”, explicó el viernes en el vestíbulo del hotel del destierro el político y empresario Juan Sebastián Chamorro. “Al no verlo a bordo, supimos que había sido fiel a su palabra. La reacción habla de la ridiculez de Ortega, que por un lado nos saca a nosotros y dice que con eso ya no tiene presos políticos, y, por otro lado, deja 39 encarcelados, y la toma con Álvarez mientras el mundo observa”.
“No se va a arrodillar”
La exguerrillera Dora María Téllez, símbolo de resistencia y de la perplejidad del viejo sandinismo ante las derivas autoritarias del antiguo camarada Ortega, había vaticinado por la mañana, antes de conocer la sentencia, que al presidente nicaragüense “le va a pasar lo que siempre le pasa”: “Él cree que te vas a arrodillar. Y monseñor Álvarez no se va a arrodillar. Lo metan donde lo metan”.
La represión de los Ortega-Murillo ha sido especialmente cruel con la Iglesia católica. Un estudio de la investigadora Martha P. Molina Montenegro contabiliza 396 ataques entre abril de 2018 —cuando estallaron las protestas por la reforma del seguro social que acabaron con un grupo de estudiantes refugiados en la catedral de Managua, que resultó tiroteada— y octubre de 2022. Fuera de ese recuento queda, por tanto, la condena de esta semana de una jueza sandinista a seis religiosos católicos y un laico de la diócesis de Matagalpa tras un juicio político a puerta cerrada. Los detuvieron junto a Álvarez en agosto de 2022, cuando la policía irrumpió de madrugada en la casa diocesana que compartían.
El 44% de la población de Nicaragua afirma ser católica y Ortega siempre ha tratado de sacar ventaja de la intensa relación de los nicaragüenses con la religión. Lo intentó acercándose, por un pérfido cálculo político, al cardenal Miguel Obando y Bravo, archienemigo en los años ochenta, cuando este fue depuesto como jefe de la archidiócesis de Managua, la principal del país, por un agonizante Juan Pablo II. Su caída en desgracia fue la oportunidad de Ortega para acercarse y atraer el favor de la Iglesia.
Obando se convirtió en su consejero espiritual, casó a Ortega y Murillo en la fe católica y aquel pidió perdón por los “errores del pasado”. Cuando Ortega regresó al poder en 2006, el cardenal formó parte activa en el Gobierno como dirigente de la Comisión de Paz y Reconciliación cuyas funciones en Nicaragua nunca estuvieron claras. Esa alianza benefició al exguerrillero, pero pronto se alzaron dentro de la Iglesia las voces críticas con el comandante. Tras la muerte de Obando, la relación Estado-Iglesia entró en franco deterioro y Ortega comenzó a acosar a los obispos críticos. Su esposa buscó entonces el favor de los evangélicos, cuya presencia en Nicaragua crece imparable. El 30% de la población dice pertenecer a alguna denominación cristiana no católica.
“Sabemos que algunos funcionarios rompieron con el régimen de Ortega por esa persecución a la Iglesia, que habla, una vez más, de su aislamiento, de su pérdida de conexión con la realidad social”, explica el periodista Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica desde junio de 2021, a quien la noticia del destierro de los presos políticos, entre los que se cuentan dos hermanos y un primo, le sorprendió en Washington, donde el viernes tenía programada una charla en un laboratorio de análisis del centro de la capital estadounidense.
Dora María Téllez junto al periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, en Washington, este jueves.RR.SS.
“Se habla mucho de los tres errores que el sandinismo cometió en su primera encarnación: su enfrentamiento con el sector privado, su beligerancia con Estados Unidos y el hostigamiento al catolicismo. De esos errores, se dice, Ortega aprendió. La realidad demuestra que eso no es verdad. En el caso de la Iglesia, la persecución es ahora mucho más feroz: en los ochenta expulsaron al obispo Pablo Vega, ahora hay un obispo condenado a 26 años de cárcel, varios sacerdotes presos y ahora desterrados, y han prohibido hasta las procesiones religiosas”, continúa Chamorro.
Téllez considera que la salida de los presos políticos no calmará la represión contra aquellos que se oponen al régimen y también contra sus familiares, como demuestra la severidad de la condena a Álvarez. En el contingente llegado a Washington hay al menos cinco casos de excarcelados que apresaron cuando no encontraron a quienes iban buscando (madres, hermanos, sobrinos…).
El temor a las represalias de los que se quedaron allá hace que muchos, como el sacerdote, no se atrevan a hablar con la prensa o pidan hacerlo desde el anonimato, como un destacado exdiplomático, que ofrece su análisis sobre el futuro de la oposición, ahora que los 222 se fueron: “Muchos no saben qué hacer. Sienten ahora que no hay alternativas, pero debemos dar el mensaje de que hay que seguir luchando. Es cierto que las cosas están difíciles, que hay mucho miedo, hay que pensar en la reorganización política. La clandestinidad es la única opción. Tomará tiempo, pero hay un descontento enorme que hay que aprovechar”, explica.
En ese juicio coincide José Antonio Peraza, que formaba parte de un grupo de activistas e intelectuales que promovían reformas electorales en Nicaragua y estuvo preso 19 meses en las celdas de El Chipote, sometido a lo que él llama “torturas silenciosas”: incomunicado, sin la posibilidad de conversar con sus compañeros de cárcel o ver a su familia. Aunque Peraza ve un “régimen en descomposición”, también admite que la falta de una oposición o liderazgos críticos en Nicaragua benefician a Ortega.
“Él se siente triunfante porque ha eliminado toda oposición. En Nicaragua no hay ahora resistencia y creo que pasará un tiempo hasta que se formen nuevos liderazgos”. Con la oposición política descabezada desde 2021 y muchas de sus principales caras ahora en el exilio y desterradas, Peraza afirma que será difícil que se forme un nuevo movimiento opositor a corto plazo, pero advierte de que en la medida en que el régimen se radicaliza más, el descontento interno puede generar nuevos movimientos más contestatarios. “Estamos ahora en un impasse”, dice. “Ortega quiere sobrevivir a cualquier costo, pero no puede mantenerse eternamente con la represión”.
Parte del problema que tienen los desterrados para ofrecer un vaticinio sobre lo que depara el futuro de la resistencia interior a Ortega pasa por el hecho de que la gran mayoría han vivido incomunicados mientras cumplían sus penas y tienen aún que restaurar los viejos canales de información. Todos empezaron el jueves con lo puesto y sin móvil su nueva vida, y ahora pasean por los pasillos del hotel con los terminales que les han facilitado y con los que, como el líder campesino Medardo Mairena, aún no acaban de entenderse. La mayoría tampoco se ha aprendido todavía el nuevo número. Por eso, los llevan apuntados en un adhesivo pegado al reverso del teléfono.
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