El Vaticano se ha movido este lunes de forma clara y estructural en la lucha contra los abusos. El Papa ha publicado esta mañana una carta apostólica en forma de motu proprio (el equivalente a un decreto ley de efecto inmediato) en la que anuncia la reforma de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), el que fuera el viejo Santo Oficio y uno de los dicasterios más importantes hoy en la Santa Sede. El nuevo diseño, que duplicará parte de su organización, persigue separar claramente los departamentos que se ocupan de los asuntos doctrinales o teológicos y los disciplinarios. Este segundo apartado es fundamentalmente el área de abusos a menores por parte de miembros del clero, que se ha convertido en las últimas dos décadas en la inmensa mayoría del trabajo que llega a la CDF.
La reforma es una señal muy clara sobre el camino que debería seguir la Iglesia en los distintos países en la lucha contra los abusos. Aunque no se especifica en el breve documento, la CDF ha sufrido en los últimos tiempos un cierto atasco en el procesamiento de casos por falta de personal o por la carencia de un mayor número de especialistas en los asuntos de abusos a menores. Algunas fuentes cifran en alrededor del 90% el volumen de trabajo que suponen hoy estos temas para la CDF. En la reforma se habla también de “iniciativas de formación que la Congregación ofrecerá a los Ordinarios y a los juristas, para promover una correcta comprensión y aplicación de las normas canónicas relativas a su propio ámbito de competencia”.
El actual prefecto de la CDF es el jesuita español Luis Ladaria. Y de momento debería seguir siéndolo. Pero su edad avanzada, 78 años, y su preparación quizá más teológica que jurídica invitan a pensar en un relevo relativamente próximo. El mallorquín, además, fue acusado en 2018 de intentar silenciar dos casos de abusos para “evitar un escándalo público”, tal y como él mismo escribió en sendas cartas en los casos que afectaban a un cura francés y a un italiano (esta semana el periódico italiano Domani ha desempolvado la historia). El tribunal de Lyon, en el primero, pidió que Ladaria declarase en el juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, acusado de encubrir abusos del sacerdote depredador Bernard Preynat, finalmente condenado a seis meses de cárcel. El Vaticano, sin embargo, evitó que el cardenal español declarase invocando su inmunidad diplomática.
Los cambios implicarán también transformaciones en el organigrama, donde el puesto de secretario -quien está debajo de Ladaria- lleva vacante desde que el Papa cesó a Giacomo Morandi el pasado enero (publicó un documento oficial en el que negaba la bendición a las parejas gais en plena apertura de Francisco a esa realidad). Ahora, ese escalafón debería estar ocupado por dos perfiles de los que penda la nueva organización: uno de carácter más teológico y el otro más bien jurídico y disciplinario. Se busca una estructura doble y claramente diferenciada para aumentar la eficiencia en el tratamiento de los abusos, explican fuentes vaticanas. Pero es también una señal clara a algunos países que todavía se resisten a implementar las medidas y afrontar las investigaciones.
La reforma se adelanta al resto del nuevo diseño que el Vaticano está elaborando desde hace ocho años y que colocaría a este superministerio de la Evangelización por encima de la CDF. La avanzadilla que constituye el motu propio publicado hoy, sin embargo, señalan la urgencia con la que ha decidido tratarse la ola mundial de denuncias y casos que llegan a Roma.
La CDF, que hasta mediados del siglo pasado estaba liderada por el propio Pontífice, se ocupa de los asuntos doctrinales y los delitos contra la fe. Pero, fundamentalmente, evalúa desde hace años los crímenes de abusos a menores o a adultos con uso deficiente de la razón habitual con un equipo de una veintena de oficiales repartidos por zonas geográficas y lenguas: dos españoles, dos latinoamericanos (un argentino y un mexicano), dos estadounidenses, un francés, tres italianos, tres polacos, dos indios, dos alemanes y un austriaco. Solo se hace en segunda y tercera instancia. Es decir, la primera investigación se hace en las diócesis correspondientes y el Vaticano supervisa que se haya hecho bien luego o juzga los recursos que pueda haber. Se respeta el principio de subsidiariedad siempre, según el cual si se puede hacer en instancias inferiores, el Vaticano no entra. Solo en algunos casos que el propio Papa ordena ―el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, en México o los casos de Chile― la Congregación para la Doctrina de la Fe toma las riendas del proceso, llegando a desplazar a un equipo.
La persona que lideró ambos procesos (en Chile y México, precisamente, es el actual arzbobispo de Malta y secretario adjunto de la CDF, Charles Scicluna. El maltés es uno de los máximos expertos de la Iglesia en la lucha contra los abusos, fue fundamental también en la profunda investigación del caso del cardenal estadounidense Theodore McCarrick -que terminó la dimisión del purpurado del estado clerical- y su papel dentro del dicasterio estaría llamado a crecer con la nueva reforma.
La sección Doctrinal, según el documento, estará dedicada “a todos los asuntos relativos a la promoción y protección de la doctrina de la fe y la moral y a los estudios destinados a desarrollar la comprensión y la transmisión de la fe al servicio de la evangelización”. Así como esta sección “preparará el examen de los documentos que deben ser publicados por otros dicasterios de la Curia Romana”. A esta sección también pertenecerá la Oficina Matrimonial, que ha sido creada para examinar, todo lo que se refiere al privilegium fidei, es decir, a las anulaciones matrimoniales
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