El Parlamento de Perú, con 86 votos sin abstenciones ni votos en contra, ha inhabilitado al expresidente Martín Vizcarra de la función pública por diez años, por haber infringido varios artículos de la Constitución al haberse vacunado irregularmente en octubre. El exmandatario se vacunó con dosis de Sinopharm, los cuales fueron enviados por la farmacéutica para “personal relacionado” con el ensayo clínico que realizaban dos universidades en Lima. A pedido del entonces jefe de Estado, el investigador principal del ensayo dispuso la inmunización de la esposa y hermano mayor de Vizcarra. Ellos fueron parte de unas 400 personas vacunadas irregularmente entre octubre y enero. El escándalo llamado Vacunagate estalló en febrero y el Congreso aceleró la investigación de este caso para impedir que el político acceda a su escaño a fin de julio. Vizcarra, en las últimas elecciones, fue el candidato más votado para el Legislativo con más de 165.000 votos.
El Congreso que inhabilita a Vizcarra es el mismo que en noviembre causó una grave crisis política al aprobar la destitución de Vizcarra por “incapacidad moral permanente” debido a que la Fiscalía lo investigaba por supuestamente haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua entre 2013 y 2014.
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Según el fiscal Germán Juárez, que investiga el caso denominado Club de la Construcción, Vizcarra recibió indebidamente más de 821.000 dólares de dos empresas constructoras que ganaron concesiones de obras en el gobierno regional de Moquegua. El Congreso que aprobó la “vacancia” estaba presidido por Manuel Merino, quien asumió en el cargo de forma interina. Los cambios en el poder desataron seis días de masivas protestas en todo el país. La policía reprimió brutalmente las manifestaciones en Lima y causó cientos de heridos y dos jóvenes fallecidos. Merino dimitió tras las muertes y asumió Francisco Sagasti como nuevo presidente de transición.
Durante el debate del pleno del Congreso la tarde del viernes, el parlamentario Merino fue uno de los que argumentó por la inhabilitación del virtual congresista electo. ”Esos 105 valientes congresistas que tomaron una decisión histórica de vacar en noviembre a Vizcarra se reafirman y (la inhabilitación) es una reivindicación de este poder del Estado”, afirmó.
Vizcarra ha presentado una medida cautelar a la justicia contra la decisión del Congreso porque considera que no respetó el debido proceso. El viernes, su abogado Fernando Ugaz dijo a la prensa que no podía asistir al pleno a ejercer la defensa de su patrocinado porque debía asistir a diligencias fiscales.
“Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial y una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no tenemos ninguna duda de que esta situación se va a revertir. Este Congreso está deslegitimado, actúa en función de venganzas de carácter político”, comentó el expresidente a la prensa luego de conocer la votación del Congreso.
El Legislativo también aprobó la inhabilitación en la función pública por ocho años de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien se vacunó en el mismo contexto irregular que Vizcarra. Además, la excanciller Elizabeth Astete, igualmente inmunizada al margen del ensayo clínico de Sinopharm y cuando no había iniciado el proceso de vacunación en Perú, fue inhabilitada de la gestión pública por un año.
Los congresistas destacaron en el debate del pleno la grave situación que afrontaba la mayoría de peruanos del coronavirus, sin posibilidad de acceder a camas de cuidados intensivos ni oxígeno. En Perú han fallecido durante la pandemia más de 152.000 personas, y en la primera y la segunda ola ocupa es el país en el mundo con más fallecidos por millón de personas. Además, fue uno de los últimos países sudamericanos en concretar contratos de compra de vacunas: si bien en diciembre la entonces ministra Mazzetti anunciaba una primera compra a Pfizer, la negociación se cayó, y firmó el primer contrato con la china Sinopharm.
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