El Parlamento Europeo se ha cansado de los avisos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria. El presidente de la Cámara, David Sassoli, con el apoyo de los principales grupos, ha advertido este miércoles que denunciará a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE si Von der Leyen no activa antes del 2 de noviembre el reglamento que permite suspender los fondos europeos a los países donde se fragiliza el Estado de derecho.
El ultimátum del Parlamento llega tras varios meses de presión sobre la presidenta de la Comisión para que active el reglamento de condicionalidad aprobado a finales del año pasado y que entró en vigor el 1 de enero. Esa norma permite cortar los flujos financieros hacia países donde no esté garantizada la buena gestión de los recursos presupuestarios de la UE.
El Parlamento cree que ni Polonia ni Hungría ofrecen esas garantías, dados los continuos ataques contra la independencia judicial en ambos Estados. Pero Bruselas ha aceptado no aplicar la norma hasta que el Tribunal Europeo resuelva un recurso de los gobiernos húngaro y polaco contra un reglamento que consideran ilegal y discriminatorio.
El juicio en Luxemburgo se encuentra en fase avanzada y el 2 de diciembre se conocerá el dictamen preliminar. Pero la sentencia definitiva no llegará hasta final de año como pronto y el Parlamento considera inaceptable esa demora, fruto de un pacto en el Consejo Europeo de diciembre de 2020 para superar el veto de Budapest y Varsovia a los presupuestos comunitarios y el fondo de recuperación.
Sassoli ha dado instrucciones por escrito este miércoles al servicio jurídico del Parlamento para que inicie los trámites de la denuncia contra la Comisión. Y advierte de que se pondrá en marcha “si la Comisión no activa la aplicación del artículo 6 (1) del reglamento de condicionalidad antes del 2 de noviembre”. La carta de Sassoli precisa que el Parlamento no se conformará con una activación oficiosa del mecanismo, como ha insinuado la Comisión. El Parlamento exige “un inicio formal” mediante “una notificación por escrito a uno o varios Estados miembros” de que se inician los expedientes.
La carta de Sassoli es consecuencia de la recomendación de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento. Esa comisión, presidida por el eurodiputado Adrián Vázquez, abrió la puerta el jueves pasado a la puesta en marcha de la denuncia, una decisión que corresponde al presidente del Parlamento. Sassoli, tras reunirse con la conferencia de presidentes de los grupos parlamentarios, ha dado luz verde.
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El presidente del Parlamento reconoce en su texto “las circunstancias elevadamente políticas que rodean este caso”, en una aparente señal de cierta comprensión hacia la dificultad de Von der Leyen de actuar en contra del parecer del Consejo Europeo. Pero Sassoli solo ofrece a la presidenta de la Comisión la posibilidad de frenar el recurso o retirarlo una vez que haya iniciado los expedientes contra alguno de los países en el punto de mira.
El ultimátum pone a Von der Leyen en un brete porque los líderes del Consejo Europeo son partidarios de respetar el compromiso alcanzado en diciembre con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, a quienes se prometió mantener en suspenso el reglamento hasta que se pronuncie el tribunal.
Los grupos parlamentarios consideran que por encima de ese pacto se encuentra la obligación legal de la Comisión de velar por el respeto a los tratados y el cumplimiento de la normativa comunitaria. El desafío de Polonia, cuyo Tribunal Constitucional ha dictaminado este mes en contra de la primacía del derecho comunitario sobre el nacional, ha enconado aún más los ánimos del Parlamento, que acusa a Varsovia de poner en peligro los cimientos jurídicos de la Unión.
Von der Leyen intentó ganar tiempo con la elaboración de unas directrices sobre la aplicación del reglamento de condicionalidad. Pero ya han transcurrido 10 meses desde la entrada en vigor del reglamento y el Parlamento está impaciente por estrenar una norma que, por primera vez, vincula la recepción de fondos con el respeto al Estado de derecho.
La Comisión, sin embargo, prefiere no precipitarse para evitar que un expediente construido sin pruebas fehacientes acabe jugando a favor de Orbán y Morawiecki. Hasta ahora, el organismo comunitario ha ganado uno tras otro los casos planteados ante el Tribunal de la UE para frenar los ataques contra la independencia judicial o las libertades fundamentales.
Fuentes comunitarias reconocen que un traspié en la primera aplicación del novedoso reglamento socavaría la batalla de la Comisión para preservar el Estado de derecho en Polonia y Hungría. “El caso tiene que estar muy bien armado, con pruebas fehacientes que ahora no parecen estar del todo disponibles”, apunta una fuente diplomática.
El reglamento de condicionalidad no permite suspender los fondos simplemente por una presunta vulneración del Estado de derecho. La Comisión debe demostrar también que esa deriva pone en peligro realmente la buena utilización de los fondos, una circunstancia que, por ejemplo, en el caso de Polonia, donde los niveles de corrupción no son mayores que en el resto de la UE, no parece tan fácil.
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