El Parlamento Europeo ha votado este martes su consentimiento al acuerdo de comercio y cooperación sellado por la UE y el Reino Unido el 24 de diciembre de 2020. El pacto entró en vigor de forma provisional el pasado 1 de enero, evitando una brusca ruptura tras el final del período transitorio del Brexit. Y aunque hasta el miércoles no se sabrá el resultado de la votación en la Eurocámara, se da por hecho su aprobación definitiva porque todos los grandes grupos lo han apoyado.
El larguísimo debate previo a la votación (más de cuatro horas y media) y la larguísima lista de oradores (una de las más numerosas de los últimos años) encajaba con el momento histórico de autorizar la ratificación del primer acuerdo comercial con un antiguo socio de la UE. Antes del debate, casi todos los eurodiputados presentes en el hemiciclo han dado un aplauso de despedida a Michel Barnier, el infatigable negociador europeo del acuerdo de salida y del acuerdo pos-Brexit, cuya ratificación se vota este martes. La incertidumbre sobre el desenlace es mínima porque los grandes grupos apoyan la luz verde y en comisión parlamentaria el consentimiento se aprobó casi por unanimidad (108 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones).
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El voto favorable, sin embargo, no oculta la desconfianza de Bruselas hacia el Gobierno de Boris Johnson, sobre todo, en relación con el protocolo del acuerdo sobre la convivencia entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte. Durante el debate previo a la votación, numerosos europarlamentarios han reclamado a la Comisión Europea que extreme la vigilancia para garantizar que Londres cumple lo pactado y evitar que Irlanda del Norte se convierta en un agujero de entrada de productos hacia el mercado interior europeo.
El líder del grupo Popular, el eurodiputado alemán Manfred Weber, ha señalado que su “mensaje a Boris Johnson es que va a afrontar desafíos inmensos y tiene la responsabilidad de respetar los compromisos del Acuerdo de salida, en particular, la aplicación del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte”. Por parte del grupo liberal Renew, la eurodiputada francesa Nathalie Loiseau también subrayaba que el control parlamentario del acuerdo será “sin precedentes” y avisaba de que “la ratificación no es un cheque en blanco ni para Londres ni para la Comisión. El tiempo de la candidez se ha terminado”.
El protocolo irlandés entró en vigor el 31 de enero de 2020, coincidiendo con la salida del Reino Unido de la UE. Pero su impacto no se dejó notar hasta que el 31 de diciembre concluyó el período transitorio de salida y se visualizó la frontera establecida entre la provincia británica y el resto del Reino Unido para preservar la integración económica de la isla lograda con los acuerdos de paz de 1998.
La separación de facto del mercado británico ha provocado revueltas en Belfast, ha impedido el despliegue de los funcionarios europeos encargados de vigilar los controles aduaneros para los productos procedentes del Reino Unido y ha llevado al gobierno de Johnson a poner en duda la aplicación del protocolo que negoció y pactó.
La Comisión Europea inició el pasado 15 de marzo un procedimiento de infracción contra Reino Unido por incumplimiento de los acuerdos. Bruselas confía en resolver el conflicto por la vía de negociación. Pero ha advertido de que, en caso contrario, iniciará un procedimiento de arbitraje que podría acabar en sanciones millonarias a Londres o en la suspensión del acuerdo de salida y del acuerdo comercial y de cooperación. Ese desenlace pondría de nuevo sobre la mesa la amenaza de una ruptura brutal con graves turbulencias económicas y sociales.
La europarlamentaria Iratxe García, líder del grupo Socialista, ha pedido a la Comisión que “siga adelante con las represalias previstas en los tratados del Brexit si Londres continúa incumpliendo los controles fronterizos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido”. El popular David McAllister, coordinador del grupo parlamentario sobre Reino Unido, ha apuntado que “el protocolo de Irlanda no es el problema, sino la solución. El nombre del problema es Brexit”.
García se ha mostrado partidaria, no obstante, de “tender una mano de amistad hacia el Reino Unido y hacer todo lo posible por desarrollar una relación constructiva en seguridad y política exterior”, dos áreas en las que no se pudo llegar a un acuerdo con Londres antes de su salida. La eurodiputada socialista ha señalado que “la responsabilidad de los errores de los líderes populistas no debe recaer en los acuerdos futuros”.
Los grupos parlamentarios más partidarios de la integración europea (populares, socialistas, liberales y verdes) han subrayado las desventajas del Brexit y el impacto que ya está sufriendo el Reino Unido, desde la caída de exportaciones hacia la UE a la salida de trabajadores cualificados europeos. “El Brexit no es un proyecto de libertad, sino para construir barreras”, ha resumido la eurodiputada Terry Reinke, del grupo de los Verdes. La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero ha vaticinado que “las desventajas de estar fuera de la UE serán cada día que pase más evidentes para los ciudadanos británicos”.
Programa Erasmus
Atención particular se ha concedido a la retirada del programa Erasmus, calificada de “vandalismo cultural”, que impedirá a los estudiantes británicos participar en esos intercambios, aunque se ha obviado que el Reino Unido cuenta con cuatro universidades entre las 25 mejores del mundo (según la clasificación Shanghái), mientras que la UE solo tiene una (francesa).
Entre los grupos euroescépticos se ha augurado un camino de éxitos para el Reino Unido y se ha puesto como ejemplo las campañas de vacunación contra la covid-19, en la que el antiguo socio ha puesto ya las dos dosis necesarias al 25% de la población británica frente al 9% en la UE. En ese caso, se ha obviado que más de la mitad de las inyecciones del Reino Unido han sido desarrolladas y fabricadas en la UE.
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