En pleno avance de las tropas de Kiev y sin tener muy claro qué frontera pretende Vladímir Putin para los territorios ocupados en Ucrania, la Duma estatal, la Cámara baja rusa, ha aprobado este lunes los tratados de anexión que el presidente ruso remitió a la institución el pasado viernes. Esta formalidad no ha deparado sorpresas y solo falta que el Consejo de la Federación, el Senado ruso, dé el visto bueno a una proclamación de anexión que no reconoce la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos y acabando por China.
Minutos antes de que se reuniesen los diputados, el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, volvió a hacer frente a una pregunta recurrente en los últimos días: qué línea supuestamente demarcará el territorio anexionado por Rusia. “Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk tendrán los bordes de 2014. En los casos de Jersón y Zaporiyia aún seguiremos consultando sus fronteras con la población de esas regiones”, afirmó el representante del Kremlin, que se negó a responder a los periodistas rusos cuando le insistieron en que aclarara qué tipo de consulta se haría en esas provincias. “En cualquier caso, la configuración [de cada región] solo dependerá de la voluntad de la gente que vive en su territorio”, añadió.
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Al mencionar las fronteras de 2014, Peskov se refería a los referendos ilegales que los prorrusos organizaron en Lugansk y Donetsk en mayo de aquel año, cuando proclamaron la independencia de ambas regiones, pese a que no controlaban ni sus capitales. Putin incluso llegó a pedir entonces que fueran pospuestos, y esos plebiscitos de independencia sin garantía ni legitimidad alguna no fueron reconocidos por Moscú hasta el 21 de febrero de este año, cuando el Kremlin los utilizó como excusa para justificar la ofensiva contra Ucrania que lanzó tres días después.
Rusia no controla ahora gran parte de Donetsk y las tropas ucranias vuelven a combatir en Lugansk tres meses después de que el Kremlin anunciase su conquista. No obstante, en el caso de Zaporiyia y Jersón la situación es aún más complicada para los rusos. En la primera ocupa solo una franja y ni siquiera la capital está en sus manos, y en la provincia de Jersón se ha producido un avance ucranio que ha provocado nerviosismo en las filas rusas. El jefe de la administración militar impuesta allí, Vladímir Saldo, confirmó la ruptura en parte de sus líneas, a cuya espalda está el río Dniéper.
Frente a las dudas de Peskov sobre las fronteras de las zonas ocupadas, el presidente del comité parlamentario para la construcción del Estado, Pável Krashenínnikov, afirmó que los límites de Jersón y Zaporiyia corresponderán con sus demarcaciones ucranias, más un trozo de la vecina Mikolaiv, como pidieron sus administraciones militares. Sin embargo, al tiempo que el responsable de Jersón añadía a su territorio dos distritos ocupados de Mikolaiv porque supuestamente se habían recogido votos con urnas portátiles, también incluía la parte de la región que controla Ucrania.
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SuscríbeteCon referendos, pero sin elecciones
“Las personas que viven en Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convertirán en ciudadanos nuestros para siempre”, proclamó Putin en el Gran Palacio del Kremlin el pasado viernes. Los tratados de anexión firmados por el mandatario y los representantes en esos territorios prevén que solo los habitantes que siguen allí o se marcharon a Rusia recibirán la ciudadanía, si juran lealtad a Moscú. La parte de la población que huyó no será admitida en los que hasta ahora eran sus hogares.
Este proceso sigue a unos pseudorreferendos de cinco días en esas zonas ocupadas, donde se registraron numerosas irregularidades. Con el fin de justificar la anexión, el Kremlin organizó unas votaciones en territorio soberano de Ucrania que no respaldan ni sus socios, como es el caso de China, la India, Serbia, Armenia y Kazajistán. Estos plebiscitos se llevaron a cabo en mitad de una guerra y con gran parte de la población de esas regiones huida a la parte de Ucrania que defiende Kiev o a otros países. De hecho, se abrieron puntos de votación en Rusia, pero no se dio voz a aquellos que abandonaron sus hogares rumbo a Europa.
Pese a asegurar que ha realizado unos plebiscitos limpios, el Kremlin no tiene previsto celebrar elecciones locales allí en al menos un año. El tratado aprobado este lunes contempla convocar los comicios regionales en septiembre de 2023, y hasta entonces los territorios que ocupa serán dirigidos por altos funcionarios interinos que nombrará el propio Putin en los próximos 10 días.
Como gobernador de Donetsk seguirá Denís Pushilin, nombrado jefe de aquella región en 2018 en unas elecciones donde Moscú vetó la participación del primer líder separatista que tuvo la región y promotor del referendo de 2014, Pável Gubárev. El político denunció en las redes sociales su marginación y la de otras figuras prorrusas de aquella época. “Al ver a los delegados invitados al evento, me doy cuenta de que no querría sentarme junto a ellos. Son la insignificancia sin involucrarse, su lugar es la cárcel, no el Kremlin”, dijo con mordacidad Gubárev.
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, defendió que los recientes referendos han sido consistentes con el principio de autodeterminación contemplado por la ONU, aunque lo hizo contra el criterio del propio secretario general del organismo, António Guterres, quien denunció días antes que cualquier expansión “resultado de la fuerza o de las amenazas es una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.
Por otro lado, Lavrov recurrió a un argumento nuevo para justificar su expansión militar. “La ratificación de los tratados beneficiará a todo el pueblo plurinacional de nuestro país”, afirmó el jefe de la diplomacia rusa.
El Kremlin establecerá ahora por ley que el único idioma oficial en los territorios ocupados será el ruso, aunque promete “reconocer el derecho a conservar su lengua materna y facilitar las condiciones para su estudio” a los ucranios.
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