Un grupo de 64 marroquíes se ha convertido en el último ejemplo del calvario que espera a muchos migrantes una vez ponen el pie en Canarias. El viernes pasado perdieron su plaza en el centro de acogida de Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, tras negarse a ser realojados en una nueva carpa de este campamento que gestiona Cruz Roja. Comenzaba para ellos un periplo que les llevó a dormir esa noche a las puertas del antiguo acuartelamiento militar de infantería y, la siguiente, en la playa del Confital, de donde fueron desalojados por la Policía y, media docena de ellos, trasladados a la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Desde el domingo duermen en el suelo del aparcamiento de la parroquia de San Pedro, en el humilde barrio de La Isleta. El lunes solicitaron su reingreso en el centro de la Cruz Roja, pero la petición fue denegada.
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Calles, naves, barrancos y playas de Gran Canaria se han llenado en los últimos meses de personas que han sido desahuciadas de los recursos de acogida. Algunos fueron expulsados por la Cruz Roja por mal comportamiento. Otros decidieron salir por su cuenta, hartos, según cuentan, del hacinamiento, las condiciones de vida y las escasas perspectivas en la isla. Viven de la caridad, huyen de la policía y algunos se encuentran con la muerte. Este martes, el cadáver de un migrante apareció en una calle aledaña a la playa de las Canteras por causas todavía no aclaradas. La pasada semana, un magrebí que dormía en un contenedor de basura en la playa del Inglés estuvo a punto de ser triturado por un camión de recogida de residuos.
“Yo no quiero estar aquí”, dice en un italiano aproximado Bilal, marroquí de 26 años, uno de los expulsados el viernes. “Tengo a mi familia en Grossetto [ciudad de la Toscana] y es ahí donde me quiero dirigir”. Opina igual Mustapha, de 39 años, que quiere volver a Verona, donde ha trabajado en la recogida de la fruta.
Ambos se han topado con la estrategia del Gobierno central, que cuenta con el apoyo y la financiación de la UE. Su plan pasa por concentrar al mayor número de migrantes en el archipiélago en macrocampamentos que no reúnen las mejores condiciones. Así, con el objetivo de desincentivar nuevas llegadas y facilitar la devolución, el Ejecutivo mantiene en las islas a 9.000 personas, a los que se suman unos 2.600 menores. Pese a estar en situación irregular, estas personas tienen libertad por todo el territorio del Estado, a no ser que la restrinja la Policía durante 72 horas o lo haga un juez. En este sentido, actualmente hay 69 personas en el CIE de Barranco Seco, según explica el titular del juzgado de instrucción 8 de Las Palmas que supervisa las instalaciones, Arcadio Díaz Tejera. 66 de ellos son marroquíes.
“La finalidad de los centros de acogida es la de evitar la concentración de personas y la insalubridad”, opina Patricia Fernández Vicens, abogada de la asociación Coordinadora de Barrios, en Madrid. “La singularidad de Canarias es que los dispositivos que se han abierto tienen un estándar de acogida muy bajo, en los que no se garantiza el descanso, la intimidad o, en algunas ocasiones, la alimentación”. En opinión de la abogada, se está usando el programa de acogida para un objetivo distinto: detener al inmigrante en Canarias. “Lo que se pretende es desgastar a las personas para enviar un mensaje. Es decir, nos encontramos con el maltrato institucional como solución”.
Cerco policial
Desde el domingo pasado, agentes de la Policía Nacional ha cercado varias veces la Parroquia de San Pedro para llevar a cabo identificaciones y detenciones de aquellos migrantes que interceptaban. A algunos los mantenían retenidos de pie durante un tiempo que podía superar la hora, a otros los trasladan a la comisaría central de la ciudad. “Es nuestro trabajo velar por la seguridad ciudadana y llevar a cabo identificaciones para controlar las personas que están en la calle”, aseguran fuentes policiales, que niegan que se esté dando una “persecución de migrantes”. En el interior de la iglesia cunde el miedo. “No queremos salir a la calle por si nos detienen y mandan de vuelta a Marruecos”, aseguran los marroquíes en la Parroquia de San Pedro, en el barrio de La Isleta. “Algunos compañeros llevan detenidos desde el domingo”. Uno de los arrestados, cuyo ingreso en el CIE fue rechazado por el juez Francisco Javier García García, ha pedido asilo.
Cruz Roja
El director de Inclusión Social de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa, explica la negativa de readmisión de algunos migrantes. “Abandonar voluntariamente la acogida humanitaria conlleva renunciar a esta ayuda y quedar en situación de calle”. El portavoz asegura que el problema alcanzó extremos de violencia, con “amenazas y agresiones”. “No sería posible su readmisión. Debemos dar servicio a las otras 315 personas y a las otras que podamos acoger hasta las 1.200, y si los readmitiésemos estaríamos poniendo en riesgo no solo el funcionamiento y la gestión del campamento, sino incluso las personas amenazadas y agredidas”. Los migrantes expulsados han negado en todo momento que hubiese violencia por su parte.
“Muchas veces se disfrazan expulsiones como abandono voluntario”, matiza Fernández Vicens. “Y la consecuencia más palpable de estas salidas de los recursos es un aumento del sinhogarismo y un deterioro de la convivencia en el barrio”, explica, “dado que estas personas se suelen quedar cercanos a los centros de acogida, que ya de por sí suelen estar en zonas empobrecidas”.
Es el ejemplo de 41 de los 64 migrantes que salieron de Canarias 50 el pasado viernes. Desde ese día dependen de la ayuda puntual de ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria, que descarga responsabilidades en el Gobierno central (”estas personas salen de manera voluntaria y el Ayuntamiento les ofrece cubrir sus necesidades básicas de alimentación, pero el alojamiento es competencia de la Delegación del Gobierno”, afirma una portavoz), y de la caridad de plataformas de ciudadanos como la recién constituida Somos Red o la del cura responsable de San Pedro, Jorge Hernández Duarte, parroquia que cuenta con un comedor social que da de comer diariamente a más de 75 personas.
“Se nos está poniendo encima un peso que no podemos soportar”, asegura Hernández Duarte, quien ya no pudo alojar a los magrebíes en la noche del martes. “No hay proyecto por parte de las Administraciones para ver qué se hace con este problema, lo cual nos dificulta la acción y nos impide operar”, argumenta. “Y además, todos estos problemas se hacen mayores durante la pandemia: el resultado en Canarias es que está provocando una lucha de pobres contra pobres”.
Unos 500 migrantes llegados a Canarias están pendientes de la prueba de edad
Alrededor de 500 migrantes que han llegado de forma irregular al archipiélago canario desde el continente africano están pendientes de determinar si son mayores o menores de edad, según ha informado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.
Así lo ha manifestado en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de la diputada Jana María González, quien señaló que hay retrasos importantes en la realización de las de pruebas para determinar la mayoría de edad de las personas migrantes que llegan a nuestras costas de manera indocumentada. En su respuesta, Julio Pérez indicó que se han aumentado los recursos que se han pedido por parte de la Fiscalía y aseguró que las demoras son originadas por la propia complejidad de las pruebas. Dijo, además, que Canarias recibió el año pasado casi 1.800 menores y no todos son dudosos.
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