El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene ya un primer texto de anteproyecto de ley para impulsar los fondos de pensiones de empresas. Según el borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS y que está negociándose con los agentes sociales, la comisión máxima que se cobrará por estos vehículos no podrá rebasar el 0,5% (0,4% de la entidad gestora y 0,1% de la depositaria). Se trata de una cifra bastante inferior a los límites legales que existen ahora, entre el 1,05% y el 1,7%, dependiendo de si es de renta fija, mixta o variable.
Estos planes se negocian entre empresas y trabajadores en los acuerdos sectoriales de la negociación colectiva. Y podrán sumarse también los empleados de las Administraciones y los autónomos. Estos últimos a través de sus asociaciones, colegios profesionales o mutualidades. El Gobierno estima que alrededor de un millón de trabajadores por cuenta propia han suscrito planes de pensiones con comisiones elevadas. Y este nuevo modelo persigue que se incorporen en “unas condiciones económicas más ventajosas”, dice el documento.
Escrivá ha reducido la cantidad máxima que se puede desgravar de los planes individuales hasta los 1.500 euros. Su justificación es que estos incentivos solo benefician a las rentas altas y ha recibido muchas críticas en un contexto en el que numerosos trabajadores de 50 años o más se ven afectados por reducciones de plantilla, buscan una salida como autónomos y necesitan ahorrar. Sin embargo, al mismo tiempo, el ministro ha anunciado que aumentará la desgravación de los planes de empresa hasta los 8.500 euros. Es una fuerte reordenación de los incentivos para hacer despegar unos planes que tendrán unas comisiones más bajas, un gran control público y que se nutrirán también con aportaciones de empresas pactadas en la negociación colectiva. Desde 2012 la cantidad invertida en este tipo de planes se ha estancado en los 35.000 millones, con una importante presencia de funcionarios. Mientras que en España los planes de pensiones complementan el 10% de las prestaciones, en Europa el rango oscila entre el 25% y el 90%, dice el Gobierno.
El trabajador por cuenta propia podrá desgravarse hasta 8.500 euros
El Ministerio de Seguridad Social tenía un problema a la hora de diseñar cómo incorpora a los autónomos, pequeñas empresas sin capacidad para promover planes de empleo o ayuntamientos de poco tamaño. Así que se ha inventado el plan de pensión de empleo simplificado, que servirá para darles cabida en este sistema de planes de empresa uniéndolos a los fondos que ya existan. Es una denominación que abre la puerta a que los planes individuales sean asimilados a los de empresa. Aunque en el borrador no se concreta si se podrán beneficiar de los 8.500 euros de desgravación, la ley de presupuestos sí que establece que el incentivo fiscal será para todos los planes de empleo. Es decir, los autónomos sí que podrán beneficiarse con esta fórmula de la desgravación de 8.500 euros.
Aunque todavía se está trabajando en su diseño final con otros ministerios y los agentes sociales, los fondos de planes de empresa serán de promoción pública. Podrán ser sectoriales, aunque siempre cabrá la posibilidad de apuntarse a otras alternativas. Y las empresas que no tengan un fondo adscrito se sumarán a uno por defecto que fije una comisión del ministerio.
Control público: el ministerio fijará la estrategia de inversión
Según señala el borrador provisional, el sistema contará con un alto grado de control público. Se creará una Comisión Promotora y de Seguimiento designada por el ministerio y compuesta por cinco funcionarios que no cobrarán por ello. Esta aprobará los nuevos fondos, establecerá las directrices de inversión cada cinco años, realizará un seguimiento y tendrá el derecho de veto sobre decisiones de los gestores y de la Comisión de Control Especial. Es más, tendrá la capacidad de decidir si los disuelve siempre que se cumplan unas causas regladas.
La gestión se externalizará en un procedimiento abierto y competitivo a entidades gestoras y depositarias privadas. Las primeras deberán presentar un patrimonio gestionado superior a los 1.000 millones y las segundas deben reunir más de 10.000 millones en activos. O sea, se busca que participen grandes grupos.
Además, el texto establece una única Comisión de Control Especial que supervisará la gestión del dinero aportado. Esta estará constituida por cuatro representantes de los sindicatos, cuatro de la patronal y nueve del ministerio. Sus miembros deben reunir acreditada experiencia y podrán cobrar en función de la rentabilidad de los fondos. Esta comisión, que tendrá un mandato de seis años con renovaciones parciales cada tres, aprobará las cuentas anuales y revisará mensualmente los balances, los resultados, el riesgo y las nuevas adscripciones.
En cuanto al objeto de las inversiones, el documento señala que deberá ser la rentabilidad del partícipe. Pero también menciona criterios sociales y materias como la transición energética o la vivienda social, un requisito que podría generar críticas de los gestores. Otro serio problema que pueden tener estos planes es la falta de voluntad de las empresas para hacer aportaciones.
La intención es que haya fondos de pensiones con diferentes perfiles y que de esta forma se adecuen los niveles de riesgo a la edad de los partícipes. A mayor edad, lógicamente menor riesgo porque se acerca la jubilación. Y se plantea que habrá una plataforma digital única a través de la cual se gestionará y con la que los partícipes podrán ser informados y elegir en principio distintos vehículos. Los fondos serán además clasificados como de renta fija, mixta o variable.
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