El Poder Judicial sostiene que el Gobierno “invade” sus competencias en la nueva ley para digitalizar los tribunales

Nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, esta vez a cuenta de la ley de eficiencia digital, uno de las patas del plan Justicia 2030 con el que el Gobierno pretende agilizar la administración de Justicia. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo jueves su informe al anteproyecto de ley y el borrador del texto elaborado por cuatro vocales (dos propuestos por el PPP y dos por el PSOE) reprocha al Ejecutivo que “invada” competencias reservadas al órgano de gobierno de los jueces al regular aspectos sobre el funcionamiento de los tribunales para los que el Gobierno no tiene potestad.

El Consejo comparte la finalidad de la norma, que traspone una directiva europea de 2019, pero sostiene que algunas de las medidas que contempla suponen un “desapoderamiento al Consejo”. El nuevo choque entre los dos poderes se produce en la víspera de que este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop, se reúna con el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y con la sala de gobierno del alto tribunal para buscar soluciones a la saturación del órgano, que acumula 12 vacantes que no pueden cubrirse por la falta de renovación del Consejo, cuyo mandato caducó hace más de tres años.

La ley de eficiencia digital del servicio público de Justicia pretende ser el salto definitivo a la digitalización que reclama desde hace años todo el sector. Así lo entiende también el Consejo, que no desaprueba la norma, al contrario de lo que ocurrió hace unas semanas con la ley de vivienda, cuando el pleno del CGPJ rechazó el informe favorable a la ley elaborado por el vocal Álvaro Cuesta y los sustituyó por otro contrario al proyecto legal. Pero el texto que votará el jueves el órgano de gobierno de los jueces sí contiene duras críticas sobre cómo se han regulado algunas de las medidas que recoge el anteproyecto.

La ley pretende implantar la tecnología tanto en la Administración de Justicia como en los procedimientos judiciales en sí, mediante, por ejemplo, la sistematización de las vistas telemáticas. Y en este doble plano es donde radica la principal crítica del Consejo, que considera que la norma interfiere con procedimientos establecidos por el órgano de gobierno de los jueces e incluso con la propia autonomía de los jueces y tribunales para decidir, por ejemplo, si una declaración debe o no ser presencial.

La ley, según el texto del Consejo, interfiere “en no pocas ocasiones” con la Ley Orgánica del Poder Judicial; en otros casos “se observa una intromisión en aspectos reservados a la potestad reglamentaria” del propio Consejo; y otra veces, “limita el alcance y objeto” de la potestad del CGPJ para dictar instrucciones con carácter obligatorio a los juzgados y tribunales. “Las potestades y funciones de este órgano de gobierno del Poder Judicial, al que corresponde la garantía institucional de la independencia en el ejercicio de la potestad y de la función jurisdiccional, aparecen difuminadas, si no abiertamente eludidas o preteridas, en el marco tecnológico que diseña la ley proyectada, en el que se da preeminencia a una difusa Administración de Justicia, y a organismos incrustados en ella”, señala el texto elaborado por los vocales Victoria Cinto, Rafael Mozo (ambos miembros del CGPJ a propuesta del PSOE), Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero (por el PP), al que ha tenido acceso este periódico.

Como ejemplo de esta situación el informe cita también cómo la ley obvia la facultad del CGPJ de proveer de firma ella ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, de 2011, o la “subordinación” a la autorización del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas del acceso a los sistemas de información por los órganos del CGPJ con competencias de inspección y control.

El borrador de informe dedica un apartado a la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales, respecto de los que recuerda que han sido calificados como de alto riesgo por la Comisión Europea en su propuesta de Reglamento por el que se establecen reglas sobre inteligencia artificial, de 21 de abril de 2021. Por esta razón, considera que habría que esperar a que concluya el proceso legislativo europeo en el que deberán fijarse las normas nacionales sobre esta materia.

Fuentes del Consejo advierten de la complejidad de esta ley, que modifica otras normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la Ley de lo Contencioso-Administrativo o la de Enjuiciamiento Civil, entre otras. “Es una ley administrativa que contiene normas procesales”, advierte uno de los autores del informe del Consejo, que confía, no obstante, en que los aspectos negativos se puedan limar en el trámite parlamentario. “La norma es positiva y necesaria para el sector”, señala este vocal.