No hay marcha atrás. Pablo Casado no va a rectificar, como le pide Pedro Sánchez, ante el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, que saltó por los aires el jueves. Todo parecía indicar que el PP y el PSOE abrían la senda de un nuevo entendimiento con aromas de regreso al bipartidismo, pero se frustró. Casado tiene el aval de la cúpula, a la que reunió el viernes, para mantenerse firme, según fuentes de su dirección: no pactará los jueces si Sánchez no sacrifica a Unidas Podemos del acuerdo. Aunque eso implique que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se perpetúe con el mandato caducado.
Los populares creen que Sánchez y Pablo Iglesias utilizan el pacto de los jueces para reforzar su coalición, tocada por otros frentes. Mientras, ellos mismos temen dar una ventaja a Vox en su propia pelea por la derecha.
Casado ha puesto las cartas al descubierto sobre la mesa al comprometer a su número dos, Teodoro García Egea, y ni quiere ni puede desandar el camino andado, transmiten en el PP. Fue el secretario general, su mano derecha, en el punto de mira de algunos barones populares, quien aseguró a principios de la semana pasada que el PSOE había aceptado que Unidas Podemos quedase fuera del órgano de gobierno de los jueces. García Egea jugó fuerte y concluyó que Pablo Iglesias no podría sentar “a personas” afines en el nuevo Consejo General del Poder Judicial.
En vídeo, declaraciones sobre la renovación del CGPJ de Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP.
El viernes, después de que las negociaciones naufragaran, el órdago del secretario general se concretó en el veto explícito y por escrito —en un comunicado enviado a los medios de comunicación— a los dos jueces que proponía Unidas Podemos para el CGPJ: Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género y exdiputada del partido de Pablo Iglesias, y José Ricardo de Prada, el juez de la sentencia que más daño ha hecho al PP, la del caso Gürtel, que abrió paso a la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy.
Sin embargo, el PP había aceptado que De Prada entrara en el consejo en el acuerdo que suscribió con el PSOE en noviembre de 2018, ya con Casado al frente del partido. En aquel acuerdo frustrado, los dos grupos registraron el nombre de De Prada en el Congreso, en la lista de juristas de reconocido prestigio para el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Una situación idéntica a la que se ha dado en esta negociación y que ahora el PP califica de “fraude de ley”. ¿Qué ha pasado? Que De Prada es ahora la propuesta de Unidas Podemos, y el PP necesita justificar su pacto con Sánchez ante el electorado conservador con la victoria de haber logrado aislar al partido de Pablo Iglesias. Un miembro del comité de dirección de Casado lo explica sin paños calientes: “El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial requiere a Podemos humillado”. O eso o no habrá acuerdo.
En la dirección del PP creen que Sánchez e Iglesias están utilizando el pacto sobre la renovación del Consejo como salvavidas de la coalición. Esta semana, los populares forzaron a Sánchez a elegir entre ellos y Podemos, y el presidente optó por proteger su alianza con Iglesias, que venía de una situación delicada, y asegurar la estabilidad del Gobierno.
El PP va a mantener ese pulso y no moverá ficha, con el objetivo de seguir forzando a Sánchez a elegir. Un dirigente de la cúpula de Casado lo expone así: “El PP tiene la responsabilidad de ser un partido de Estado, así que nos guste o no nos guste, tenemos que estar en la renovación de las altas instituciones. Por eso, a pesar de que nos provoca desgaste en un momento en el que la política está polarizada, estamos dispuestos a hacerlo, como demuestra que hayamos firmado el acuerdo de RTVE. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es de lavadora de los problemas de Sánchez con Iglesias, que son un matrimonio a palos. Si Sánchez le tiene que hacer una raya al tigre, se la tiene que hacer con este tema”.
El PP argumenta que Sánchez ya ha marcado límites a Podemos en otras cuestiones, como la ley trans o la regulación de los alquileres, que han tensionado a la coalición, y podría hacerlo también en el Poder Judicial. Fuentes de la dirección de Casado argumentan: “Un partido en la oposición no se puede quemar en la renovación de un órgano constitucional. Y si no, pues no se renueva, tampoco pasa nada. Es como los Presupuestos de Montoro, se prorrogaron tres veces y España siguió funcionando”. Y sentencian: “Ni queremos ni podemos hacer un acuerdo en el que esté Podemos”.
Ese “no podemos” expresa la encrucijada en la que sigue atrapado Casado. La realidad es que el líder del PP está entre dos aguas. Intenta una vía moderada tras su ruptura con Vox ―el miércoles dijo desde la tribuna del Congreso que no dará un paso atrás—, pero sigue acosado por la extrema derecha. Las últimas encuestas muestran un avance de los de Santiago Abascal, que amenazan con un empate técnico a los populares.
Vox aprieta y esta semana ha anunciado que no apoyará más medidas del Gobierno andaluz si no implanta el veto parental. Las voces duras de la derecha no quieren ningún acuerdo con Sánchez, también dentro del PP. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo defendió en el grupo parlamentario su rechazo al pacto del Poder Judicial. Casado se mueve en un margen estrecho y no va a arriesgarse, aunque eso suponga desoír el mandato constitucional.
Por su parte, el Gobierno está convencido de que, tarde o temprano, Casado se avendrá a negociar y asegura que, por ahora, no planea reactivar la proposición de ley que le permitiría renovar el CGPJ sin los votos del PP. Lo que sí hará es aprobar la reforma que impedirá que un consejo con el mandato caducado, como lleva el actual dos años, siga aprobando nombramientos. Espera que entre en vigor en menos de dos meses.
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