El PP salva su Gobierno en Murcia con tres tránsfugas de Ciudadanos

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y a su  izquierda, Isabel Franco, vicepresidenta de la comunidad.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y a su izquierda, Isabel Franco, vicepresidenta de la comunidad.Pedro Martínez Rodríguez

La política española ha seguido esta semana un guion lleno de giros dramáticos, con un partido como principal damnificado: Ciudadanos. Inés Arrimadas ha visto en solo unos días cómo se ha ido al traste su operación para desalojar al popular Fernando López Miras de la presidencia de Murcia (cuyo Gobierno compartía) por la traición de tres de sus seis diputados. El PP, incumpliendo el pacto antitransfuguismo, logró que esos tres dirigentes se descolgaran de la moción de censura a cambio de un cargo en el Gobierno. En la misma carambola, Arrimadas pierde Murcia y Madrid.

Los tres diputados de Ciudadanos cambiaron de opinión en apenas 72 horas. Después de haber estampado voluntariamente su firma en una moción de censura contra López Miras el martes por la noche, este viernes decidieron romper con la decisión de su partido y abortar la moción. El episodio, con el que el PP vulnera el pacto antitransfuguismo que firmó en 1998 y revalidó en 2020, permitirá a los populares conservar el poder en Murcia —salvo sorpresa de última hora— y deja sumido a Cs en una grave crisis interna: pierde su participación en dos de sus cuatro gobiernos autónomos.

Ciudadanos: “son tránsfugas”

El registro de la Asamblea de Murcia selló a las 9.56 del pasado miércoles por la mañana una moción de censura contra el presidente murciano, Fernando López Miras (PP), firmada por 23 diputados: 17 del PSOE y seis de Ciudadanos. Dos días después, este viernes, tres de esos parlamentarios de Cs aparecieron junto a López Miras en una comparecencia pública en la que anunciaron que rompían con la decisión de su partido e iban a votar en contra de la moción. A cambio, dos de ellos han logrado un beneficio personal: un nuevo puesto en el Gobierno murciano como consejeros; la tercera conserva el cargo que ya tenía: la vicepresidencia. La dirección de Ciudadanos, en estado de shock, los expulsó del partido de forma fulminante con cinco palabras: “Son tránsfugas. Los han comprado”.

Los populares niegan haber faltado al pacto antitransfuguismo. Este acuerdo político, cuyo incumplimiento no acarrea consecuencias prácticas, define como tránsfugas “a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. La dirección nacional de Ciudadanos ha anunciado que sigue adelante con la moción de censura; por lo tanto, los tres diputados están apartándose del criterio definido por el partido para el Gobierno de Murcia.

Ciudadanos no ha dudado en definirlos como tránsfugas, una potestad que contempla también el pacto antitransfuguismo para los casos dudosos: el acuerdo detalla que son los propios partidos afectados los que deben determinarlo. “Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será (…) el partido que los y las propuso (…) quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”, dice textualmente el acuerdo.

El partido de Arrimadas acusa al PP de “comprar” a sus exdiputados con cargos públicos. Dos de ellos, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, ganan un puesto en el Gobierno que no tenían: Miguélez será consejera de Empresa, Industria y portavocía; y Álvarez, de Empleo. La tercera diputada díscola, Isabel Franco, se mantiene como vicepresidenta de López Miras. Franco estaba enfrentada a la dirección nacional de su partido desde hacía tiempo, hasta el punto de que, al presentar la moción, Cs decidió que no sería ella la candidata a presidir el Gobierno regional sino otra consejera, Ana Martínez Vidal.

“Comportamientos mafiosos”

“Esto no pasaba desde el tamayazo”, se quejó el portavoz de Cs Edmundo Bal —en referencia al célebre caso de la política madrileña— en una comparecencia a media tarde, donde denunció también “comportamientos mafiosos” en Murcia. La Delegación del Gobierno tuvo que poner protección a los diputados de Cs ante las amenazas que han recibido desde el anuncio de la moción.

Ciudadanos ha visto cómo la jugada se le ha vuelto en contra, hasta el punto de que podría perder todo lo que tenía en juego. El partido negoció con el PSOE para expulsar al PP del poder en Murcia y ganar su primera presidencia regional, pero no solo no será así, sino que, además, la operación desencadenó la convocatoria de elecciones en Madrid, donde Cs, que estaba en el Gobierno, corre el riesgo de desaparecer. La popular Isabel Díaz Ayuso pulsó el botón nuclear que llevaba meses deseando activar por las desavenencias con sus socios. Está por ver que Cs logre ahora representación en la Asamblea de Madrid: una encuesta de Metroscopia difundida este viernes les deja fuera.

Arrimadas sale muy magullada de una operación que se le fue de las manos y que ha hecho estallar una crisis interna en su partido que ya había dado señales de amenaza a su liderazgo después del batacazo electoral en Cataluña. Entonces, la presidenta de Cs logró aplacar las críticas de sus barones, pero ahora tendrá que afrontar una ejecutiva el próximo lunes en la que importantes dirigentes le van a pedir que destituya a su núcleo duro, con Carlos Cuadrado, el vicesecretario general, totalmente cuestionado.

El fiasco de la operación murciana también afecta a los socialistas, que habían apostado al cambio en el Gobierno regional para tratar de reflotar a Ciudadanos como socio político nacional. La Moncloa quería poder contar con el partido de Arrimadas como posible alternativa a Unidas Podemos y los nacionalistas, pero la jugada termina sepultando a los potenciales aliados.

El único que sale beneficiado es el PP. A principios de semana, Pablo Casado había perdido a uno de sus barones más próximos, el de Murcia, y afrontaba unas elecciones en Madrid en las que se arriesgaba también a perder el Gobierno. Con esta maniobra de este viernes, pilotada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Casado salva los muebles: conserva Murcia y además deja prácticamente liquidado a otro de sus competidores en la derecha. El número dos del PP, murciano de origen, se refuerza también internamente ante las críticas de los barones. Casado parece haber dado jaque en Murcia a Arrimadas.


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