El PP ha impedido en el último momento que se obrase lo que constituiría casi un milagro en España: la aprobación de una ley educativa sin nadie en contra. Ni siquiera Vox ha rechazado el texto de la nueva norma que regulará la Formación Profesional, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. El partido de Santiago Abascal se ha abstenido, al igual que todos los grupos independentistas catalanes y como asimismo habían hecho los populares cuando el proyecto salió de la comisión parlamentaria que lo elaboró. Pero en un giro de última hora, el PP ha decidido votar en contra tras criticar que los grupos que apoyan al Gobierno solo le aceptaron cuatro enmiendas. Nadie secundó a los populares en ese sorpresivo desmarque, ni siquiera sus socios de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
La ley ha salido finalmente con 180 votos a favor, tres más de los que obtuvo la Lomloe el pasado año, pero con mucho menos rechazo y también con un consenso más transversal. Ciudadanos, que en su día se opuso a ley Celaá, se ha sumado en esta ocasión a la izquierda para aprobar el proyecto, respaldado además por el resto de socios habituales del Gobierno, excepto ERC y PDeCAT. Estos dos grupos, junto a los también independentistas catalanes de Junts y la CUP, el gallego BNG y Vox se han abstenido. Pese a eso, la diputada del PP Beatriz Jiménez Linuesa ha justificado el rechazo de su grupo argumentando que “comunistas, independentistas y herederos de ETA” son “quienes hacen el discurso al Gobierno” e impiden así que los populares puedan llegar a acuerdos. El contenido básico de la nueva norma estaba pactado también con los sindicatos y la patronal.
La ley de FP aspira a modernizar la rama educativa con mayor crecimiento de alumnado en los últimos años. Unos estudios considerados tradicionalmente de segunda fila que todavía hoy, pese a su auge, solo atraen a un 12% del alumnado, es decir, menos de la mitad del promedio de la OCDE. Tanto el Gobierno como los sindicatos y las organizaciones empresariales, que han apoyado la nueva norma, consideran clave la reforma para reducir la elevada tasa de desempleo juvenil, superior al 30%, y acelerar la acreditación de las competencias profesionales de millones de trabajadores, que pese a acumular años de experiencia laboral carecen de títulos que las reconozcan.
La Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, elaborada inicialmente por la exministra de Educación Isabel Celaá y acabada de perfilar y negociar por la actual titular de la cartera, Pilar Alegría, irá ahora al Senado. Si la Cámara alta la aprueba sin modificaciones estará lista para entrar en vigor. De lo contrario volvería para un último trámite al Congreso, que debería decidir si acepta o no los cambios antes de su entrada en vigor. Estos son los principales puntos de la reforma:
Aprender trabajando
Los alumnos pasarán a realizar buena parte de su formación en los centros de trabajo. La norma establece dos tipos de régimen. En el general, los estudiantes pasarán entre un 25% y un 35% de las horas que duren sus estudios en empresas. En el régimen intensivo realizarán en ellas al menos el 35%. En la FP Básica, los ciclos formativos destinados a los chavales que no han obtenido el título de la ESO, el porcentaje podrá reducirse excepcionalmente al 20%, una posibilidad incluida en la ley a petición de las comunidades autónomas, que advirtieron de las dificultades que podrías suponer encontrar empresas suficientes para cubrir un número tan elevado de horas en el caso de este grupo de estudiantes, unos 77.000, del algo más de un millón de alumnos que estudian algún tipo de Formación Profesional.
Con la regulación actual, los alumnos pasan como mínimo el 11% del tiempo de su formación en la empresa, la media está en el 15%, y en el caso de la FP Dual, a la que asiste el 3% de los estudiantes, se sitúa en torno al 30%.
Los estudiantes tendrán un tutor en el centro educativo, que será el responsable final de la evaluación, y otro en el centro de trabajo. Entre ambos pactarán los aprendizajes que deban alcanzar los alumnos durante su estancia en la empresa.
Acreditación de competencias
En España hay, según cálculos empresariales, unos 11 millones de trabajadores que no tienen reconocidas sus competencias profesionales, porque en su día no obtuvieron un título oficial y normalmente aprendieron su oficio a base de práctica. La nueva ley convierte en permanente el sistema para el reconocimiento de dichas competencias, que hasta ahora se ha venido haciendo a través de convocatorias extraordinarias. El Gobierno se ha comprometido a financiar con 850 millones de euros el reconocimiento de las competencias hasta el año 2024.
Sistema único
La norma unifica en un solo sistema la formación profesional del alumnado y los trabajadores. Establece cinco niveles formativos para facilitar itinerarios que se ajusten mejor a las necesidades de cada persona. El nivel A, el más elemental, lo integran las llamadas microformaciones o acreditaciones parciales de competencia, que pueden acumularse para alcanzar el siguiente nivel. Este, llamado B, permite alcanzar un certificado de competencia profesional. El nivel C se logra mediante la consecución de varios módulos y proporciona un certificado profesional. El D es equivalente a los ciclos formativos de Formación Profesional. Y el E corresponde a los llamados cursos de especialización. Los trabajadores podrán obtener un informe de con su trayectoria formativa-profesional en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional.
Pasarelas con la Universidad
La ley impulsa el contacto entre la FP y los estudios académicos. El alumnado de Formación Profesional podrá cursar asignaturas optativas universitarias y viceversa, con el objetivo de mejorar respectivamente los conocimientos teóricos y aplicados de los estudiantes. Hace más sencilla la convalidación de créditos estudiados en uno u otro ámbito, y fomenta la creación de centros conjuntos de excelencia.
Títulos dobles y bilingües
La norma contempla la creación de dobles titulaciones, del tipo de las que existen en la Universidad, así como ciclos profesionales bilingües y estudios conjuntos con institutos de otros países que permitan obtener simultáneamente el título en dos Estados.
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