El precio de la electricidad ha vuelto a experimentar otro aumento espectacular y llegará el jueves a 188,18 euros el megavatio hora (MWh), pulverizando el anterior máximo histórico, los 172,12 de este miércoles. El precio máximo, que se producirá entre las 22.00 y las 23.00 horas, se aproxima a los 200 euros (198,85) y el mínimo llegará a los 180 euros entre las cuatro y las siete de la mañana. Las previsiones, pese a que las lluvias y tormentas que se han producido en gran parte de España podrían haber augurado un alivio, son peores por los precios que marca el gas, en sus cotas más altas.
La crisis energética está provocando ya cierta alarma social y una tormenta política a cuenta del aumento del recibo de la luz, que en agosto fue un 35% más caro que el mismo mes del año pasado. Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), unos 10,5 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre (unos 17 millones) y que negocian el precio con las comercializadoras. No obstante, los consumidores de este segmento también verán la repercusión de la subida en sus contratos más adelante, normalmente referenciados a una serie de cláusulas. Además, el aumento de los precios ha elevado la ponderación del consumo de energía en la factura de la luz y ya representa cerca del 50% del importe, frente al tercio escaso que representaba antes de la crisis energética. El resto del recibo está compuesto por impuestos (IVA e impuesto especial de la luz) y cargos (costes extrapeninsulares) y peajes.
Ante la situación, que afecta a toda Europa, el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, ha abogado este miércoles por reformar el sistema europeo de fijación de precios de la electricidad, que está basado en un modelo marginalista en el que se toma como referencia el precio de la última energía en entrar a la subasta y, por tanto, la más cara. “Tarde o temprano, Europa tendrá que decir algo. El sistema tiene que ser revisado porque tiene demasiadas disfunciones. La traslación del coste del gas a otras energías cuyo coste de producción no tiene nada que ver con el precio de gas es algo que no tiene una justificación económica clara”, ha subrayado en declaraciones a RNE.
Borrell afirma que finalmente este debate se abrirá en el seno de la Comisión Europea, dado que la subida de los precios de la electricidad afecta a todos los países, no solo a España. “En España tenemos un sistema donde se factura al precio de cada día y los incrementos de precios los notamos inmediatamente. En la mayoría de los países europeos, los contratos son a precio fijo anual y por tanto no lo notarán hasta finales de año, pero lo notarán, porque el precio del gas sube para todos”, ha explicado.
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PARLAMENTO EUROPEO/FRED MARVAUX
Mientras tanto, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el PP y Gobierno se han enzarzado en un tenso debate. Primero fue entre la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien ha exigido al Gobierno que “deje de amenazar” a las compañías eléctricas, en referencia a sus medidas para abaratar el recibo de electricidad, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha acusado a los populares de defender exclusivamente los intereses de estas compañías y no el de los ciudadanos.
Gamarra ha puesto el énfasis en que las medidas aprobadas por decreto-ley el martes se limitan a “amenazar a las empresas e intervenir los mercados para no conseguir absolutamente nada”. “Le llaman plan de choque, pero se resume en un nuevo parche: recibos aplazados e intervenciones del mercado”, ha manifestado, mientras añadía que España será “la última” economía “en recuperarse” por una “caótica política económica” que “deja en la penumbra a los ciudadanos que no pueden usar la luz con tranquilidad”.
Calviño ha lamentado que, del lado de los populares “solamente hay bronca, ocurrencias, no defienden el interés general e, incluso, atacan la imagen de España”. “En las últimas 24 horas han demostrado que su interés, el que defienden, es el de las grandes compañías energéticas, y no el de los ciudadanos”, ha recalcado. También ha lamentado que, en contraposición a las medidas, el PP postule pagar con impuestos, a través de los Presupuestos, cargos del recibo y reabrir el carbón. “Es una visión de España muy negativa”, ha dicho, y ha invitado al PP a “remar en la misma dirección y tener una recuperación fuerte, sostenible y justa”.
Después fue la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que ha salido al paso recordando al PP que había pedido al Gobierno “intervenir en los beneficios extraordinarios de las eléctricas” reclamando una ley para la minoración del CO₂ “tres semanas antes y se arrepintió inmediatamente después”. Ribera ha acusado al PP de “eludir sus responsabilidades” y de haber dejado una “herencia de la que no hablan”: el impuesto al Sol, 1.500 millones del canon hidráulico a devolver tras sentencia judicial y unos 10.000 millones de euros en laudos arbitrales por el recorte a las primas de las renovables que, ha remarcado Ribera, “convirtieron” a España “en los apestados en el ámbito de los inversores internacionales”. “Me pregunto si el PP se considera capacitado para hablar con dignidad de la transición ecológica, de la modernización de la energía y de la protección de los consumidores”. Y recordó que, tras pedir la bajada de impuestos en la factura, no apoyó la rebaja del IVA y la suspensión del impuesto sobre la producción de electricidad.
Respondía Ribera al portavoz adjunto del PP, Guillermo Mariscal, quien ha dicho que la ministra “se encuentra absolutamente superada” por la situación, y le ha preguntado si “considera que su falta de capacidad para hacer frente a esta crisis energética le inhabilita para ser vicepresidenta”. Al tiempo, le ha recordado que, en la borrasca Filomena, despachó el alza de precios diciendo que serían “solo unos euros”, ha acusado de “arrogancia” a la titular de Energía y también de suponer “un riesgo a la inversión”. Mariscal ha recordado la herencia de déficit tarifario dejada por la anterior Administración socialista, unos 27.000 millones.
“¿Qué significa que pague el Gobierno? Lo que quiere decir es que paguen los contribuyentes”, ha respondido en su turno de réplica Ribera, que cree que los populares tratan de “forzar” un aumento de los impuestos para cubrir los sobrecostes eléctricos. Por último, ha retado a Mariscal a aclarar si no comparte las medidas del Gobierno para transferir recursos de las compañías a los consumidores por los costes no asumidos de CO₂, proteger a los consumidores del alza del gas o que haya subastas de energía para evitar que se desboque del precio de la electricidad en los mercados mayoristas.
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