El sistema eléctrico está inmerso en una tormenta de verano que parece no tener fin. El precio de la luz pulveriza sus récords una y otra vez a una velocidad pasmosa. Este jueves tocará, de nuevo, máximo histórico. El precio diario de la electricidad en el mercado mayorista se situará en los 122,76 euros el megavatio hora (MWh), un 5,2% por encima de los 116,73 MWh del día anterior, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). De esta forma, el mercado logra una cota jamás registrada, por encima de los 117,29 del 13 de agosto.
Por franjas horarias, el precio oscilará entre los 129,81 euros/MWh que costará entre las diez y las once de la noche, y los 119,95 euros que se pagarán entre las cinco y las seis de la mañana. La espiral alcista del recibo de la luz parece no tener fin, algo de lo que avisaban los expertos dados los altos precios del gas y de los derechos de emisiones de CO₂. En este contexto, el Gobierno ha puesto en marcha diversas medidas que hasta ahora no han conseguido frenar la subida del precio que pagan los consumidores en su factura. Y agosto apuesta fuerte en superar el máximo de julio, que se coronó como el mes más caro de la historia.
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El precio que marca el mercado mayorista afecta de forma directa a los consumidores que están en el mercado regulado por el Estado (conocido como PVPC, en el que hay 10,6 millones de clientes). Aunque el resto, los 16,2 millones que están en el mercado libre, también acabarán pagando este precio desbocado, ya que las ofertas de las comercializadoras se realizan en función de la evolución del mercado mayorista. Es decir, estos precios históricos afectarán a todos los consumidores, de una forma u otra.
El nuevo máximo histórico echa todavía más gasolina a un debate político ya muy crispado. El Ejecutivo lleva meses tratando de parar las subidas, incluso a costa de tocar la fiscalidad: las principales medidas para reducir el impacto a corto plazo en el bolsillo del consumidor fueron la bajada del IVA del 21% al 10% y la suspensión del impuesto de generación. Además, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene dos medidas estructurales sobre la mesa con las que pretende abaratar la factura en un 15% en los próximos años. La primera es una fórmula para reducir los llamados windfall profits ―beneficios caídos del cielo― que reciben las centrales no contaminantes, principalmente la nuclear y la hidráulica, por el encarecimiento del CO₂. Y la segunda la creación de un fondo (Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o FNSSE) para sacar del recibo en un plazo de cinco años el coste de las primas a las renovables, y repartirlo entre todos los comercializadores energéticos, incluidos los de gas e hidrocarburos.
Los enfrentamientos por el precio de la luz se producen con la oposición, como era de esperar. Pero también en el seno del Ejecutivo. De hecho, Unidas Podemos ha reclamado desde el inicio de la crisis eléctrica la creación de una empresa energética pública (el ala socialista ya se ha abierto a esta opción) e intervenir el mercado de urgencia vía decreto. Mientras, la oposición se agarra a la espiral alcista para atacar al Gobierno. Algo que, también es cierto, todos utilizan cuando no están en La Moncloa, aunque luego se convierta en un dardo envenenado para sí mismos al llegar al poder.
Por si fuese poco con estos ingredientes, el plato se ha aliñado con todavía más picante por el enfrentamiento con las empresas. Hubo un primer rifirrafe con la reducción de los beneficios caídos del cielo. Y a este le siguió Teresa Ribera calificando de “escandaloso” el vaciado de al menos dos embalses españoles por parte de Iberdrola para producir de forma barata energía eléctrica en un momento en el que se paga en máximos históricos. Este mismo miércoles, para rematar, la CNMC ha asegurado que algunas comercializadoras eléctricas han cobrado hasta un 30% más en el coste de la energía tras la entrada en vigor el pasado 1 de junio de la tarifa por tramos horarios sin informar a los consumidores.
Fijación de precios
Los precios se fijan a través de un proceso complejo en el mercado diario, similar al sistema que se utiliza en todos los países europeos. Este mecanismo se realiza mediante la casación de las ofertas de las empresas generadoras de electricidad y las compañías comercializadoras para cada hora de la jornada siguiente. Y el equilibrio entre oferta y demanda es el que determina el precio. Así, en lo que se conoce como el pool (piscina, en inglés) eléctrico, tienen prioridad las energías más baratas, como las renovables o la nuclear. Si con estas no se consigue llenar esa piscina imaginaria que representa la demanda total, entonces entran las más caras, como las que emplean combustibles fósiles. Así, el precio final que se paga por esa energía a todas las centrales lo determina la última oferta que entra. Es decir, la más cara. Por tanto, si con las fuentes más económicas se cubre la demanda, se pagará un precio bajo. Pero si no lo consiguen y entran fuentes más caras, se apreciará notablemente el valor de todo lo que se consuma.
De esta forma, en momentos de alta demanda energética (por ejemplo durante la pasada ola de calor o lo que ocurrió el pasado enero durante el temporal Filomena) se suele disparar el precio. Aunque hay otro factor que se mantiene en el tiempo y que está determinando los altos precios de las últimas semanas: el gas está por las nubes —más de 40 euros MWh— y el coste de los derechos de emisiones de CO₂ va al alza —supera los 50 euros la tonelada—. Un elemento crucial que, además, se mantendrá durante meses: el gas será caro al menos hasta la próxima primavera. “No bajará hasta febrero o marzo del año que viene, según las previsiones, que pueden equivocarse. Donde no hay duda es con el CO₂, que tendrá un recorrido al alza seguro”, explica Francisco Valverde, consultor y analista del mercado eléctrico.
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