El primer traspiés de ‘Monchito’, el narco que introducía hachís en jureles


El jurel es un pescado muy popular por las costas de Cádiz y Málaga. Es conocido por ser nutritivo, barato y fácil de preparar. Hasta que A. M. N. A., alias Monchito, le ha encontrado una extraña propiedad más: el camuflaje del hachís procedente de Marruecos. La Guardia Civil encontró parte de las 30 toneladas de droga que cree que el supuesto narco ha movido en el último año oculta en bolsas de ese pescado. De ahí vino el nombre de la operación Jureles, con la que el capo, de apenas 35 años, ha estrenado a lo grande su hoja de antecedentes policiales. Monchito lidera supuestamente una banda de 35 integrantes con base en Barbate y ramificaciones por buena parte del litoral gaditano.

Que Monchito no tuviese cuentas anteriores con los agentes no significa que los investigadores de Ocon Sur —el mando de la Guardia Civil creado para luchar contra el narco en la zona—, no estuviesen al tanto de su árbol genealógico. “Aunque a él nunca se le había detenido antes, forma parte de un clan histórico. Él era uno de los pocos que no tenía antecedentes”, explica uno de los investigadores. Exactamente lo mismo ocurría con su mano derecha, J. M. R. V., otro de los apresados que, pese a tener su hoja policial limpia, pertenecía a una familia en la que no pueden presumir de lo mismo.

A. M. N. A. y J. M. R. V. convirtieron a Barbate en la base de su organización criminal. En esta localidad, golpeada históricamente por el desempleo, el narco se hizo fuerte en los primeros años 2000, antes de que el cerco policial desplazase la actividad del narcotráfico de nuevo al Campo de Gibraltar. “Aunque no les faltaba de nada, eran discretos, no hacían grandes ostentaciones como en otros casos”, explica la misma fuente. Desde allí, Monchito y su segundo dirigían una banda que alijaba droga desde Algeciras hasta Chiclana de la Frontera. Esa distancia —de más de 100 kilómetros— es el que Ocon Sur ha conseguido documentar durante el año que han durado las pesquisas contra la banda, dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Barbate.

Los investigadores creen que los 36 detenidos introdujeron hasta 30 toneladas de droga, aunque en distintas intervenciones, registros y detenciones —el grueso de las detenciones se realizaron en junio— solo se llegaron a localizar 1.370 kilos de hachís. La banda aprovechaba el puerto de Barbate para salir con embarcaciones recreativas al encuentro de semirrígidas de mayor eslora —conocidas como narcolanchas— desde las que, en alta mar en el Estrecho, transbordaban la droga procedente de Marruecos. Luego, regresaban a la costa y desembarcaban la mercancía en pequeñas cantidades, a veces oculta en esas bolsas de pescado que localizaron los agentes.

“Esas semirrígidas les cuestan a ellos de 2.000 a 3.000 euros, tienen apenas cuatro o seis metros y pueden tener cabina o no. En vez de grandes pelotazos de droga, lo hacen poco a poco de continuo o la fondean”, explica uno de los investigadores. Ese modus operandi, aunque no es nuevo, cada vez es más habitual en organizaciones de Cádiz o de Huelva “para pasar desapercibidos”, explican en la Guardia Civil. Desde que comenzó a funcionar el plan especial contra el narcotráfico en el Estrecho en el verano de 2018, los traficantes no paran de idear cambios en las formas o zonas de alijar para eludir el cerco policial.

Entre los 36 detenidos, además del cabecilla y su mano derecha, se encuentra M. F. D., intermediario entre la organización y los productores marroquíes y colaborador logístico de la banda española. El resto de los apresados —que fueron localizados en Barbate, Vejer, Conil, Chiclana, Algeciras y Cádiz— desempeñaban distintos puestos en una banda a la que también le han intervenido 34.000 euros en efectivo, cinco embarcaciones, cinco vehículos, dos coches robados y material de comunicación. “Hay desde pilotos, a personal de tierra o personas encargadas de los alijos”, detalla el guardia civil. En la causa se investigan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, falsificación de documento público, simulación de delito y receptación de vehículos.


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