Esquerra Republicana va a utilizar toda su fuerza negociadora para que el Gobierno español blinde en lo posible el catalán en la Ley General de Comunicación Audiovisusal que está a punto de presentarse al Consejo de Ministros, después de dos exposiciones públicas. “Es vital que el texto que se presente incluya las enmiendas hechas por el Govern y por muchas entidades culturales catalanas exigiendo que se contemple el catalán”, ha dicho a EL PAÍS la diputada de ERC Raquel Sans. “Llevamos meses luchando por esta cuestión que, para nosotros, es una línea roja”, ha añadido.
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Sans ha reconocido que “todos los teléfonos están abiertos desde hace meses”. En efecto, tanto la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, como la de Presidencia, Laura Vilagrà, o el mismo president, Pere Aragonès, han admitido que se está negociando en este terreno. También ha declarado la diputada de Esquerra a este periódico que consideran que tanto los comunes como el PSC deberían defender la protección del catalán: “Si se creen la idea federalista que predican es normal que la defiendan”, ha comentado. Lo ha confirmado el jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, el socialista Salvador Illa, en Onda Cero este miércoles, que de alguna manera ha presionado al Gobierno: “Las lenguas cooficiales son una riqueza en el conjunto de España y me parece que el Gobierno ha reiterado ya su compromiso con esas lenguas y está estudiando cuál es el mejor modo de recoger esto en la ley del Audiovisual”, ha dicho Illa.
La ley es una actualización impuesta por la Comunidad Europea a sus estados miembros para incorporar los servicios televisivos a petición, como Netflix, HBO o Amazon Prime, y las plataformas de intercambio de vídeos, como por ejemplo YouTube o TikTok. España es el único país que no tiene todavía un texto presentado y está previsto que se discuta en el Parlamento inminentemente. Las principales críticas desde diversos sectores catalanes hacen referencia a que el borrador no protege las lenguas cooficiales del Estado —catalán, euskera y gallego. Por una parte, prevé que el 5 % de los ingresos de las plataformas sea destinado a producción propia. “Consideramos que ese porcentaje es muy bajo (Francia destina el 20 %, Italia el 14,5 %…)”, ha insistido Sans. “Nos gustaría que fuera un 10 % y que, de este, la mitad fuera en lenguas cooficiales o que, por lo menos eso lo fijaran los gobiernos autonómicos implicados”.
Por lo que respecta a la oferta del catálogo de las plataformas, la ley establece que el 30 % sea obra europea. De esta cuota, la mitad tendrá que ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas. “Ahí está el gran problema, en que esa ‘o’ debería ser una ‘y’”, dijo en su día Roger Loppacher, presidente del Consejo del Audiovisual Catalán (CAC): “Si se quiere fomentar la diversidad lingüística no se puede decir que ese 15% debe ser en castellano o en cualquiera de las otras lenguas oficiales de España, porque las plataformas escogerán el castellano por razones de mercado y no estarán incumpliendo ninguna ley”.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado que la aprobación de la ley se discutirá en breve. Hace falta saber si esa discusión se hará en base al borrador conocido (que no contempla las lenguas cooficiales) o si se presenta un texto que incluyas las diferentes enmiendas presentadas. “El runrún nos dice que sí se van a tener en cuenta las enmiendas hechas desde el Govern”, avisa Sans, “pero sería ingenuo por nuestra parte ser optimistas”. Los republicanos temen que si se presentara a discusión en el Parlamento el borrador conocido, sin ninguna referencia al catalán, sería un desastre para la industria audiovisual en catalán y para la lengua.
Desde Esquerra también confían en el apoyo de los partidos de izquierdas del Congreso para que el CAC participe en la regulación del sector audiovisual. “Es imprescindible que el CAC esté”, ha dicho Sans. “Se trata de estudiar la manera, pero debe estar”. Y ha subrayado que otros estados, como Alemania o Bélgica, contemplan la presencia de órganos federales en el control del sector audiovisual. El único organismo acreditado para regular el sector, según el borrador de la ley, sería la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un órgano creado en 2013 y centrado en diversos frentes, mientras que el CAC lleva desde 2000 supervisando exclusivamente contenidos audiovisuales .
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