La oposición de la Asamblea de Madrid quiere investigar “posibles tratos de favor” en los miles de contratos firmados por la Comunidad de Madrid para combatir el coronavirus. Así, Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos no solo se unieron el jueves para salir del pleno en protesta por la expulsión de una diputada socialista que había mencionado el presunto vínculo entre los gastos de determinados hospitales y el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. También volvieron a sumarse solo unas horas después para aprobar una resolución en favor de la creación de este nuevo órgano de fiscalización, que verá la luz si Vox no cambia de posición. Una decisión que volvería a poner bajo los focos a la familia de la presidenta, que de repente está en el centro de la actualidad informativa: Más Madrid ha registrado este viernes una petición para que el hermano de la presidenta comparezca en la comisión de Sanidad.
“Queremos investigar tanto al hermano de Ayuso como a cualquier ciudadano o empresa que esté en la misma situación: que haya sospechas, o información, de que ha podido haber conductas de tráfico de influencias para conseguir contratos”, explica a EL PAÍS María del Carmen López, la diputada socialista expulsada del pleno, que está especializada en fiscalizar los gastos de la Administración, y cuenta con el respaldo de la dirección socialista. “Llamaremos a quien tengamos que llamar. Nos llega información de que esto está ocurriendo. Y lo tenemos que examinar en el Parlamento”.
“Se investigará todo. No hay ningún límite. Ni es para investigar un caso concreto de un familiar, ni para no investigarlo: es para investigar todo lo que entre dentro de ese ámbito”, amplía una fuente que cuenta con la confianza del secretario general del PSOE en Madrid, Juan Lobato.
“[La resolución] es papel mojado”, discrepó una fuente parlamentaria del PP. “La comisión tendrá que registrarla alguien, y luego ya veremos”.
Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, trabaja para una empresa que firmó 10 contratos menores por más de 70.000 euros con la Administración madrileña entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, según informó eldiario.es. Durante el pleno de este jueves, la diputada López dijo sobre él que “se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”. Una afirmación que provocó su expulsión, pese a que no es la primera vez que se menciona al familiar de la presidenta en la Cámara, sin que antes hubiera ocurrido nada.
7 de octubre. “Vamos a comprobar qué es la triste y cruda realidad: 50.000 euros al tabloide Okdiario, es decir, a Eduardo Inda, por ser un panfletero y un amigo; 10 contratos en seis meses a la empresa Artesolar, propiedad [sic] de don Tomás Díaz Ayuso, por ser hermano y amigo”, dice Carolina Alonso, portavoz de Podemos, aunque la compañía no pertenece al familiar de la presidenta.
14 de octubre. “Nos preocupa también que estos fondos europeos vayan a acabar en las manos de Nacho Cano, de Eduardo Inda, de Florentino Pérez o de su hermano Tomás, en lugar de en las de las pymes, de los autónomos y de los trabajadores madrileños, que son los que realmente levantan esta región, a pesar de ustedes y de sus chanchullos”, entona de nuevo la portavoz del partido de izquierdas.
¿Por qué no reaccionó en todas esas ocasiones la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, y sí lo hizo este jueves? Díaz Ayuso, la misma líder que la nombró como consejera de Presidencia la pasada legislatura, ya había transmitido su enfado porque se mencionara a su familia en el pleno. Pocos asuntos ofenden más a la presidenta regional, que entiende que su hermano sufre una condena civil simplemente por ser su hermano. Un análisis que acarrea consigo como una carga, según una fuente de su confianza, y que la hace ser especialmente sensible a cualquier polémica al respecto.
Ya ocurrió en 2019, cuando estalló el caso Avalmadrid. Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión de investigación de la pasada legislatura, habría dado un trato “preferente” y “personalizado” a Díaz Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y antes de cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó la donación del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.
La Díaz Ayuso que vivió aquella polémica era muy distinta a la Díaz Ayuso de ahora. No existía entonces la dama de hierro que se ha convertido en el icono de la derecha. Al contrario, era una recién llegada a la primera línea de la política que vivió con vértigo, desazón y dolor que el nombre de su padre fallecido apareciera en todos los periódicos. La posibilidad de que su madre o su hermano fueran convocados a la comisión de Avalmadrid en la Asamblea provocó gran preocupación en la líder conservadora. Es uno de los asuntos que le ha dejado un sabor más amargo desde que entró en política, según comprobó este diario.
Este viernes, ya con más de dos años gastados al frente de la región, y muchas polémicas vividas, reacciona con un punto de resignación al episodio del jueves. “Es el precio por estar arriba en las encuestas y estar gobernando”, dice tras una entrega de premios en Colmenar Viejo.
La unión de todas esas circunstancias hacen que Carballedo actúe inmediatamente cuando la diputada socialista menciona al hermano de la presidenta en el pleno de la Asamblea del jueves.
“Nunca se había imputado un delito al entorno de un diputado, y esta es una novedad muy grave”, explica este viernes Carballedo, antes de asistir a un desayuno informativo. “Yo soy la presidenta de la Cámara y tengo que velar por el decoro de la institución y los diputados tienen que respetar el orden en la Asamblea, la buena marcha en los debates y, por supuesto, acomodar su conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria”, sigue. “Un mínimo de respeto al adversario”, añade. Y recalca: “Por supuesto, no voy a dimitir”.
“El aguante tiene un límite”, amplía una fuente del PP que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “Lo que dijo la portavoz de Podemos el 7 de octubre puede ser mentira, y lo que dijo el 14 expresa una preocupación”, analiza. “Lo de este jueves es imputar (al hermano de la presidenta) una conducta tipificada en el Código Penal”, prosigue. “En algún momento hay que decir basta. Y no vamos a tragar. Que alguien saque los contratos. ¡Algo concreto! Pero no lo hacen, ¿verdad?”, ironiza. “Es más de lo mismo, tras lo del padre”, añade.
Derechos como representante pública
López, la diputada expulsada, discrepa de esas interpretaciones. Tanto, que estudia acudir al Tribunal Constitucional, al considerar que sus derechos como representante pública han sido vulnerados, al impedírsele votar las resoluciones del pleno.
“Lo que ocurrió en el Parlamento fue algo realmente vergonzoso”, opina. “En ningún momento falté al decoro, no insulté a nadie”, describe. “La presidenta se extralimitó en sus funciones”, añade. Y subraya: “Me llama la atención que al hermano de la presidenta, si no recuerdo mal, le hemos nombrado diez veces en estos meses los diferentes grupos. Y lo único que le pedí al mío, es que volviera al pleno y votara: así conseguimos que se aprobara la comisión de investigación”.
El PSOE pide la dimisión de Carballedo, y tiene previsto registrar su recusación, aunque el PP entiende que esa votación no puede producirse, al no ser miembro del Consejo de Gobierno. Luego, los socialistas impulsarán la comisión de investigación. El primer paso es que la Mesa de la Cámara, dominada por el PP, no observe deficiencias técnicas en su petición para frenar su tramitación. Si Vox se une a la izquierda, saldrá adelante.
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