Dos semanas después de las elecciones presidenciales, y a medida que se acercan irremediablemente las fechas límite para certificar los resultados en cada Estado, Donald Trump estira hasta el extremo su asalto a la legitimidad del proceso electoral de Estados Unidos, tratando de forzar el sistema para ajustarlo a su descabellado mensaje de que en realidad es él quien ha ganado. Fracasado su intento de anular un número suficiente de votos para revertir la contundente victoria del demócrata Joe Biden, que ha alcanzado un récord histórico de votos y este jueves —con algunos territorios aún pendientes de completar el cómputo— se acercaba a los 80 millones, la estrategia ahora se centra en arrojar dudas y sombras sobre esa victoria, retrasando todo lo posible el escrutinio. Una estrategia igualmente destinada al fracaso, pues la certificación de resultados cierra el camino de los tribunales, pero con el mismo inquietante potencial lesivo para la confianza de los estadounidenses en sus instituciones.
En su cruzada, arropan a Trump los palmeros habituales, entre ellos el senador Lindsey Graham, el exlíder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, varios cargos en el Capitolio y, cómo no, el abogado personal del presidente y exalcalde de Nueva York, el controvertido Rudy Giuliani. Este último, que pidió a la campaña unos honorarios de 20.000 dólares (unos 16.800 euros) al día para asumir el mando del equipo legal del presidente en este batalla, según The New York Times, se centra en presionar a los legisladores republicanos de los Estados para frenar la certificación de los votos, tratando de boicotear la composición del colegio electoral que debe formarse el mes que viene.
El equipo legal del presidente, encabezado por Giuliani, ofreció una larguísima y disparatada rueda de prensa este jueves anunciada para “revelar evidencias” de un supuesto fraude masivo. Con ríos de tinte capilar mezclados con sudor recorriéndole el rostro, el abogado personal del presidente habló de “cientos” de declaraciones de testigos, cuyo detalle no compartió; llamó “ladrones” a los demócratas, habló de una “conspiración nacional”, criticó a los periodistas por no cubrir sus patrañas, comparó el recuento con la película de Joe Pesci Mi primo Vinny, y aseguró que esto no era más que el inicio de una gran ofensiva judicial. Volvió, además, a decir que los votos se contaron en España y Alemania por una compañía venezolana de “aliados de Maduro y Chávez” a través de una empresa española, en referencia a Indra. Esta empresa ya tuvo que salir al paso de las teorías de Giuliani la semana pasada y aclarar que no tiene ninguna “relación contractual o comercial” con las compañías citadas.
La actitud de Trump y sus aliados está causando tensiones en diversos Estados, incluidas amenazas violentas. En Arizona, la secretaria de Estado (autoridad electoral), la demócrata Katie Hobbs, pidió a los republicanos que dejen de “perpetuar la desinformación” y describió en un comunicado las amenazas que ella y su familia han recibido desde que se declarara la victoria de Biden en el Estado.
Lo mismo en Georgia, donde el recuento manual concluyó en la madrugada del miércoles, y el secretario de Estado, Brad Raffensperger, republicano, aseguró que también él ha recibido amenazas, y denunció presiones del propio senador Graham para buscar maneras de anular votos. Ante las presiones de su propio partido, incluidos los dos senadores republicanos del Estado sureño, Raffensperger aceptó hacer un recuento manual de todos los votos (más de cinco millones), solo en lo que se refiere a la elección del presidente, antes de la fecha límite para certificar los resultados. Se debía terminar de volver a contar los votos en la medianoche del miércoles. Raffensperger adelantó que el recuento manual no cambiará el hecho de que Biden se impuso en el Estado. El funcionario tiene previsto presentar los resultados este jueves. Georgia certificará sus resultados este viernes.
Al norte, en Pensilvania, otro de los territorios claves en la victoria de Biden, los legisladores estatales republicanos han solicitado una auditoría de los resultados, alegando una “letanía de inconsistencias”, a pesar de que los abogados de Trump no han logrado presentar en los tribunales prueba alguna de fraude u otros problemas en el recuento. También se han presentado dos nuevas demandas judiciales en dos condados de Wisconsin en los que se impuso Biden.
La situación ha adquirido tintes folletinescos en Michigan, donde dos miembros republicanos de la junta electoral de un condado primero se negaron a certificar la victoria de Biden (alegando insignificantes discrepancias en el recuento); después, ante el clamor contra lo que habría significado directamente suprimir cientos de miles de votos predominantes negros de un condado que incluye la ciudad de Detroit, rectificaron y aceptaron el resultado; y por último, el miércoles por la noche cambiaron de nuevo de parecer y aseguraron que retiraban sus votos para certificar el resultado. Este jueves ha trascendido que el martes el presidente llamó por teléfono a al menos uno de los dos funcionarios que cambiaron de opinión.
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