El regreso de los ‘homicidios ejemplarizantes’ a Colombia

Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios en Cali, el pasado 4 de junio.
Manifestantes se enfrentan con la policía antidisturbios en Cali, el pasado 4 de junio.LUIS ROBAYO / AFP

Antes, hace dos o tres décadas, la forma por excelencia que utilizaban organizaciones criminales y grupos armados ilegales para causar pánico generalizado eran la masacres. Mataban 20 o 30 personas, violaban mujeres y descuartizaban algunos de los asesinados. Con ello, se ganaban el respaldo de la población, pues debido al miedo causado quedaba totalmente sometida. Fidel Castaño, uno de los fundadores de los grupos paramilitares en el país, decía que “una cantidad de gente se va desplazada, pero mucha otra se queda, y con esto es con lo que trabajamos”.

Las masacres eran muy escandalosas, atraían la atención de las autoridades. Entonces, las organizaciones criminales comenzaron a racionalizar la violencia. La utilizan, desde hace algunos años, como último factor o recurso en zonas centrales del país. Antes de eso, amenazan, atentan y advierten para lograr el objetivo. Entre 2015 y 2017, en Buenaventura se dieron a conocer las famosas casa de pique. Eran sitios donde descuartizaban personas. Los auspiciadores de esas casas, inicialmente, fueron el Clan del Golfo, Los Rastrojos y una banda de la zona conocida como La Empresa. Uno de ellos decía que era mejor descuartizar a alguien, así mandaban un mensaje claro de dominio territorial y no causaban tanto escándalo con 20 o 30 muertos. A ese fenómeno se le denominó homicidios ejemplarizantes.

Luego, desde 2018, comenzaron con una práctica similar en el departamento de Antioquia, particularmente en la subregión del Bajo Cauca. Allí empezaron a aparecer descuartizados, decapitados con letreros al lado y el silencio se apoderó de toda esa región del país.

El pasado 28 de abril estalló en Colombia una ola de protestas sin precedentes y desde ese momento se comenzaron a presentar hechos de violencia. Entre otros, grupos de civiles disparando contra manifestantes, muchos de ellos lo hacían al lado de policías y, obviamente, la impunidad es increíble. A ese fenómeno se le ha denominado paramilitarismo sicarial. De hecho, en la ciudad de Pereira estos civiles asesinaron a Lucas Villa y el sicario escapó por la zona donde debía estar un CAI o puesto de policía que ese día desapareció de forma “milagrosa”. Días después, en Cali, hubo varios vídeos de civiles armados disparando a manifestantes y siendo protegidos por algunos miembros de la policía nacional. De inmediato se anunciaron investigaciones y hasta la fecha nadie da resultados.

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Sin embargo, desde la semana pasada se presentaron algunos hechos de violencia en el departamento del Valle del Cauca que, aunque deben ser investigados, generan mucha preocupación. Por un lado, se vieron imágenes de lo que serían descuartizamientos. Además, un cantante famoso en la región, Junior Jein, fue baleado en la ciudad de Cali y el hecho más reciente se presentó en el centro del departamento, donde un joven de apellido Ochoa –quien presuntamente era parte de la primera línea de los manifestantes– fue decapitado. En un vídeo terrible que circuló se ve la cabeza de este joven en una bolsa. Además, también circulan vídeos de descuartizamientos en Buenaventura. Son imágenes terribles.

Si bien estos casos de descuartizamientos, decapitación y asesinatos ocurridos en los últimos días en el Valle del Cauca deben ser investigados, y aún no se sabe si hay una relación directa con las manifestaciones, muchos ciudadanos perciben que sí. En el Valle del Cauca y en el país muchos creen que esto se debe a que hay persecución a los que se manifestaron y que todo se trata de aplacar la protesta con este tipo de violencia.

Pero más allá de esta posible relación entre protesta y violencia, lo que sí es cierto es que el país tiene un cuadro generalizado de deterioro de la seguridad. Además, en las regiones es como si hubiera licencia para asesinar, debido a los niveles tan altos de impunidad. No hay capturas, nadie cree en las instituciones y a pesar de toda la violencia aplicada por la policía colombiana no cayó un general o coronel. Fueron decenas de muertos, heridos, agresiones sexuales, casi todos estos hechos cometidos, presuntamente, por miembros de la Policía Nacional. Y es como si no hubiera pasado nada.

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