Empieza a ser un patrón repetitivo. El Gobierno de Boris Johnson, desesperado en su momento por cerrar a toda costa el Brexit con la UE, firmó acuerdos que ahora no le terminan de convencer. Y amenaza con incumplir su parte si no se renegocian. Lo ha hecho con el Protocolo de Irlanda del Norte. Este miércoles lo ha vuelto a hacer con Gibraltar. La secretaria de Estado de Exteriores para Europa y las Américas, Wendy Morton, ha asegurado a los diputados de la Comisión de Escrutinio Europeo que el Reino Unido está preparado para abordar, junto a Gibraltar, un Resultado No Negociado (Non Negotiated Outcome) de su situación, en el caso de que la UE no rebaje las pretensiones impuestas en su mandato negociador del pasado 20 de julio. “Estamos trabajando ya, junto al Gobierno de Gibraltar, en un posible Resultado No Negociado, para el caso en que lleguemos a la conclusión de que esa es la vía que debemos tomar. Tenemos planes muy robustos y estamos muy bien preparados ante cualquier eventualidad, incluida la de una situación sin acuerdo [respecto a Gibraltar]”, ha dicho Morton.
Los diputados de la Comisión de Escrutinio Europeo tienen la responsabilidad de supervisar el desarrollo en el tiempo del Brexit, y de qué modo la nueva legislación de la UE puede afectar a los intereses del Reino Unido. Ninguno de ellos parecía, por el tono de sus preguntas, tener una noción clara sobre la complejidad que supone la negociación de Gibraltar, y los delicados intereses (en materia de soberanía, y en cuestiones económicas, humanas y prácticas) desde los que actúan hace años los Gobiernos del Reino Unido y España. Se han limitado a expresar su extrañeza, más de un año después, por el hecho de que Gibraltar se mantuviera aparte de la negociación del Brexit, y requiriera un tratado específico entre la UE y el Reino Unido. Y, sobre todo, se han mostrado igual de irritados ante la idea de que pudiera ser la policía española, como sugiere el borrador de mandato de la Comisión Europea (CE), la que controle las fronteras externas del Peñón.
Londres y Madrid alcanzaron el 31 de diciembre de 2020, a pocas horas de la Nochevieja, un “principio de acuerdo” (”acuerdo marco político”, lo llama Morton) por el que la verja física que separa Gibraltar de la Línea de la Concepción (Cádiz) dejaría de existir en seis meses. Para evitar que el Peñón, arrastrado por el Brexit, pasara a convertirse en frontera exterior de la UE, el territorio se uniría a Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integra a 26 países (22 de la UE más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein). Los controles fronterizos ya no estarían en la verja, sino en el puerto y aeropuerto de Gibraltar. Se acordó entonces un periodo de implementación de cuatro años, en el que dichos controles los asumiría Frontex (la agencia europea de fronteras). Pero España sería la responsable de que las normas de Schengen se cumpliera en el Peñón. Los agentes europeos deberían rendir cuentas a las autoridades españolas, quienes tendrían la última palabra para permitir la entrada de una persona o expedir un visado de corta duración (90 días).
Ese acuerdo marco era la base sobre la que comenzarían a negociar un nuevo tratado sobre Gibraltar el Reino Unido y la UE, sobre el que el Gobierno español tendría la última palabra. El texto, que el Ejecutivo español se apuntó como un triunfo, fue firmado apresuradamente por Downing Street. Johnson quería a toda costa su Brexit, antes de adelantar unas elecciones en las que los conservadores obtuvieron una victoria arrolladora.
El tiempo es ahora otro. Johnson ya no goza de una popularidad a prueba de bomba. La semana que viene celebra el congreso anual del partido, siempre un cónclave delicado, y el lobby de Gibraltar es muy poderoso en el Parlamento de Westminster. Cuando el pasado 20 de julio se conoció el mandato negociador de la CE, el entonces ministro británico de Exteriores, Dominic Raab, montó en cólera, y aseguró que el texto “pretendía socavar la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar, y no puede constituir una base para las negociaciones”. Dos días después, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, se reunía con Raab en Londres y ponía paños calientes a la situación: el mandato negociador, aseguraba a su anfitrión, era solo “un punto de partida” sobre el que comenzar a negociar, y no una posición inamovible.
El texto de la CE, sin embargo, no hacía mención a Frontex, y era especialmente puntilloso y detallista a la hora de definir la competencia del Gobierno de España sobre Gibraltar. “Creemos que choca frontalmente con el acuerdo marco, socava la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar y no puede ser la base de un futuro tratado”, ha dicho Morton. “Ignora el papel fundamental atribuido a Frontex y propone que sean agentes españoles los que realicen los controles; concede a España el poder para conceder visados o asilo, y así como competencias policiales en territorio de Gibraltar”, ha asegurado la secretaria de Estado, cuya conclusión general ha sido que el mandato era completamente desproporcionado respecto al escaso intercambio de bienes y servicios entre Gibraltar y la UE.
El presidente de la comisión, Bill Cash, un veterano euroescéptico con el acento y las formas de los personajes de la serie Downton Abbey, ha insistido en preguntar a Morton si las relaciones entre el Reino Unido y España respecto a Gibraltar seguían rigiéndose por el Tratato de Utrecht de 1713. “Me temo que me ha pillado algo oxidada en cuestiones de historia, presidente”, ha respondido Morton.
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