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En el transcurso de la pandemia, China se ha convertido en el primer socio comercial en bienes de la Unión Europea. Desplaza de esta posición a los Estados Unidos, que por otra parte se mantiene como socio principal si incluimos el intercambio de servicios. La buena noticia es que el aumento de las exportaciones ha permitido amortiguar el daño de la covid-19 a la economía de los países europeos, especialmente la alemana, cuyas remesas han aumentado 24%. La otra cara de la moneda, un incremento en la dependencia, y por lo tanto vulnerabilidad, hacia la potencia asiática.
El asunto atañe al acuerdo de inversiones EU-China (CAI por sus siglas en inglés) firmado el pasado mes de diciembre y bloqueado por el Parlamento Europeo la pasada semana. Un viraje de 180º que en menos de cinco meses aparca, temporal o permanentemente, siete años de negociaciones. El detonante, el cruce de sanciones por abusos de derechos humanos en Xinjiang. En paralelo, los reflejos del presidente Joe Biden para intentar recomponer a tiempo las relaciones transatlánticas y coordinar una política común de aproximación a China.
Una primera mirada al CAI pone de relieve las ventajas para los socios europeos: un mayor acceso a un mercado de 1.400 millones de consumidores y la búsqueda de posiciones de equilibrio en la balanza comercial, a modo del tratado firmado por Trump en el 2020. Para Beijing, la posibilidad afianzar su anclaje en la UE y poder avanzar el Belt and Road Initiative, el proyecto de infraestructuras y conectividad intercontinental. Como inconveniente de fondo, el riesgo a que las relaciones comerciales sean cautivas de una posible utilización por parte del régimen autoritario de Xi Jinping para influir sobre la política internacional.
En este sentido, resulta aleccionador lo sucedido con Australia, la isla-continente a caballo entre Estados Unidos, su principal aliado político, y China, primer socio comercial al que destina un 40% de sus exportaciones. A raíz de solicitar una investigación independiente para determinar el origen de la pandemia en la ciudad de Wuhan, Camberra fue penalizada por Beijing con la imposición de tarifas a sus exportaciones de servicios y manufacturas, generando unas pérdidas que ascienden a 30.000 millones de euros. De poco sirvió la firma del Acuerdo Estratégico Integral en el 2014. Hoy la posición de Canberra es precaria, y como afirma Jane Golley, directora del Centro Australiano de China en el Mundo, ambos países están diversificando sus economías en una “carrera hacia el desacoplamiento que Australia no podrá ganar”.
A la luz de la experiencia australiana (sirva también de muestra las sanciones impuestas en su momento a Noruega por conceder el Nobel de la Paz al disidente Liu Xiaobo) convendría tener en cuenta la paradójica singularidad del CAI: los réditos del éxito económico constituyen su mayor riesgo político y, por lo tanto, una contingencia para la buscada “autonomía estratégica” europea.