El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves en contra el polémico plan de la Administración Trump de incluir en el censo de 2020 una pregunta sobre la ciudadanía de los residentes en el país. La más alta instancia judicial elude pronunciarse sobre la legalidad de la pregunta, pero considera que los motivos que ha proporcionado el Gobierno para justificar la necesidad de obtener esa información son “forzados”.
El impacto real que tendrá la decisión del Supremo no está claro, ya que deja abierta la puerta a que se aporte una justificación más adecuada. En la decisión, apoyada por los cuatro jueces progresistas, el presidente del Tribunal invita de hecho al Departamento de Comercio, que supervisa el censo, a proporcionar una explicación más clara. De modo que no descarta del todo la posibilidad de que la pregunta sea finalmente incluida, aunque sería difícil, ya que los formularios del censo deberían empezar a imprimirse la próxima semana. La justificación que proporcionó el Gobierno para la inclusión de la pregunta es que ayudaría a proteger a los votantes de minorías.
“Parece totalmente ridículo que nuestro Gobierno, y nuestro país, no pueda formular una pregunta básica sobre ciudadanía en un censo importante, detallado y muy caro, en este caso el de 2020”, ha tuiteado el presidente de madrugada desde Osaka, Japón, donde asiste a una reunión del G20. “He pedido a los abogados si pueden retrasar el censo, el tiempo que sea, hasta que se proporcione al Tribunal Supremo información adicional sobre la que pueda tomar una decisión concluyente en este asunto tan crítico”.
El censo, que se realiza enviando formularios a los hogares en los años múltiplos de 10, y que la Constitución contempla como una mera “enumeración”, ha sido aprovechado históricamente para recabar más información que el mero número total de habitantes, incluyendo preguntas sobre sexo, edad, raza u origen. Desde 1950 no se pregunta sobre la ciudadanía.
La pretensión de la Administración republicana de incluir la polémica pregunta suscitó una notable controversia. El Gobierno federal utiliza los datos del censo para determinar el número de escaños que corresponde a cada Estado en la Cámara de Representantes y para distribuir recursos entre los Estados y administraciones locales. Los críticos temen que la pregunta sobre la ciudadanía lleve a muchos inmigrantes a no participar en el censo, por miedo a señalarse, lo que podría reducir la representación de los demócratas, que reciben tradicionalmente más voto inmigrante, así como afectar a la distribución de dichos fondos federales que se asignan en función de la población.
Una infrarrepresentación en el censo de la población hispana y de otras minorías podría tener consecuencias sobre todo en zonas urbanas y en Estados como California, Nueva York o Texas. Los oficiales del censo calcularon que la pregunta podría producir que hasta ocho millones de personas no fueran contadas. Los grupos que vienen haciendo campaña contra la pretensión de Trump han recibido la noticia con satisfacción pero también con cautela, dado que el Supremo elude entrar al fondo del asunto.
Aval a la manipulación partidista del mapa electoral
El mismo jueves, el Supremo publicó otra decisión relacionada, de enorme importancia, que viene a avalar la manipulación partidista del mapa electoral. Por cinco votos a cuatro, imponiéndose la mayoría conservadora, la corte falló que no tiene competencia para impedir que las cámaras legislativas de los Estados alteren las fronteras de los distritos electorales para favorecer a sus intereses partidistas. Quienes redactaron la Constitución, consideran los jueces, ya comprendieron (y aceptaron) que la política desempeñaría un papel en el dibujo de los distritos electorales cuando otorgaron la competencia a los legisladores estatales.
Se trata de una práctica tan antigua como la nación, conocida como gerrymandering, con trascendentales consecuencias políticas de las que históricamente se han aprovechado ambos partidos. Así, por ejemplo, en las legislativas de 2016, los candidatos republicanos de Carolina del Norte obtuvieron el 53% del voto, pero lograron 10 de los 13 escaños (77%) con los que cuenta el Estado en la Cámara de Representantes. En Maryland, en cambio, un candidato republicano perdió su escaño en 2012, después de que el Partido Demócrata, que controlaba el Estado, redibujara su distrito incluyendo barrios circundantes a Washington, que constituyen bastiones progresistas. Hasta la fecha, el Tribunal Supremo había eludido pronunciarse sobre un asunto que ensucia la democracia estadounidense. Pero la acumulación de litigios ha obligado a la más alta instancia judicial a pronunciarse y, este jueves ha dictado un histórico fallo que avala la controvertida práctica.
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