Los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos han comenzado este lunes un nuevo curso judicial cargado de temas de fuerte calado social que serán revisados por un órgano de sólida mayoría conservadora, tras el nombramiento de tres magistrados durante la presidencia del republicano Donald Trump.
Si en el año 1973, el Tribunal Supremo de entonces reconocía que una mujer podía acabar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación, ese derecho constitucional está ahora en cuestión. La máxima corte tendrá que decidir si permite que el Estado de Misisipi reviva un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación. Roe contra Wade, como se llama la sentencia que declaró legal en los 50 Estados de la Unión el aborto, se pone en cuestión ahora más que nunca, sobre todo después de que el pasado mes de septiembre la máxima corte diera el visto bueno a una ley de Texas que sitúa la fecha para ilegalizar la interrupción de un embarazo en las seis semanas de gestación, cuando una mujer ni siquiera es consciente de estar embarazada.
El próximo 1 de diciembre, el Supremo tendrá la primera vista sobre tan divisorio tema. A finales de junio de 2022, la máxima autoridad judicial del país tendrá que pronunciarse sobre el caso de Misisipi, pocos meses antes de las elecciones de medio mandato, que sin duda van a estar definidas por el veredicto que se genere.
Si el aborto es polarizante en la sociedad norteamericana no lo es menos el derecho a portar armas o la religión. Ambos asuntos están también en la agenda legislativa. El tribunal sostiene que los estadounidenses tienen el derecho constitucional a portar armas para defenderse pero no se ha pronunciado sobre medidas de control tales como llevarlas en público. El 3 de noviembre, los nueve magistrados escucharán argumentos sobre la constitucionalidad de una ley de Nueva York que deja en manos de las autoridades locales permitir o no llevar armas encima. En este tema chocan frontalmente los defensores de las armas con los grupos que exigen mayor control, ya que temen por la seguridad pública si se permite que los ciudadanos vayan armados por la calle.
Respecto a la religión, el Supremo verá dos casos. Uno se refiere a un preso condenado a muerte que considera que se están violando sus derechos religiosos, ya que el Estado de Texas no permite que durante su próxima ejecución, esté junto a él, agarrándole de la mano y rezando, su consejero espiritual. También verá la máxima Corte los límites impuestos a la financiación de las escuelas religiosas.
Por último, las torturas de la CIA y reponer la condena a muerte al joven condenado por el atentado de la maratón de Boston de 2013 serán otros dos casos que captarán la atención del público en un año electoral. En el primer caso, la corte escuchará argumentos a favor y en contra de que el Gobierno tenga el poder de mantener confidencial información relativa a las controvertidas medidas que se tomaron tras los atentados del 11 de septiembre, como es el caso de las confesiones obtenidas bajo tortura. Respecto a Dzhokhar Tsarnaev, la Administración Biden solicitará el próximo día 13 que el responsable de la muerte de tres personas enfrente la pena capital, castigo que un tribunal de apelaciones de Massachusetts eliminó.
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