Defensores del derecho al aborto participan en una manifestación un día después de que el Supremo anulara la sentencia Roe contra WadeMichael Conroy (AP)
El Tribunal Supremo de EEUU ha admitido este jueves que no ha sido capaz de identificar a la persona que filtró el año pasado, casi dos meses antes de que se hiciera público, que esta corte se disponía a limitar el derecho al aborto en un dictamen.
En un comunicado sin firma, el Supremo asegura que ha seguido todas las posibles vías de investigación y se han ejecutado todos los análisis forenses necesarios de las pruebas, pero aun así “el equipo no ha podido hasta el momento identificar a la persona responsable”.
En un informe adjunto al comunicado, la responsable de la seguridad del Supremo Gail Curley, que encabezó la investigación, puntualiza que durante su pesquisa interrogó a 97 funcionarios de la corte, y todos ellos negaron ser los autores de la filtración. Curtley también considera improbable que el documento se obtuviera pirateando los sistemas informáticos de la institución.
“Los investigadores continúan revisando y procesando ciertos datos electrónicos y continúan pendientes algunas comprobaciones. En el grado en que estas investigaciones arrojaran nuevas pistas o pruebas, los investigadores las seguirán hasta el final”, sostiene la funcionaria.
Según ella, “si un trabajador del tribunal fue quien divulgó el borrador, esa persona violó descaradamente un sistema basado fundamentalmente en la confianza, que tiene pocas salvaguardias para regular y limitar el acceso a una información muy delicada”.
La filtración salió a la luz el 30 de mayo. El digital Politico, especializado en informar sobre los entresijos del poder en Washington, publicó un borrador de la opinión mayoritaria de cinco de los nueve jueces del Supremo. El borrador, redactado en febrero, estaba firmado por Samuel Alito, uno de los magistrados conservadores de la institución. Apoyaban su opinión los conservadores Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh.
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La noticia era una bomba, de las que se recuerdan años después. La mayor autoridad jurídica de Estados Unidos iba a pronunciarse en favor de anular la sentencia Roe contra Wade, que desde 1973 había garantizado el derecho al aborto en todo el territorio del país.
En su lugar, los magistrados del Supremo más conservador en ocho décadas optaban por dejar que fueran los 50 estados los que decidieran si permitían o no el aborto, y en qué condiciones, dentro de su jurisdicción.
El dictamen definitivo sobre el derecho al aborto se hizo público el 24 de junio. Se confirmaba el contenido de la filtración. Con el respaldo de seis jueces frente a tres se terminaba la protección federal al derecho al aborto, en una sentencia conocida como Dobbs contra la Jackson Women’s Health Organization. A los cinco que habían apoyado el borrador de febrero se sumaba ahora el propio Roberts, que matizaba que aunque estaba de acuerdo con el fondo de la sentencia, hubiera optado por una medida algo menos radical. Los tres magistrados que se declararon en contra -los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer- emitieron una opinión que criticaba duramente el dictamen.
Tras la filtración de mayo, que carecía de precedentes por su calado y nivel de detalle, los jueces montaron en cólera. No tuvieron reparos en calificarla de “traición a la confidencialidad”. El presidente del Supremo, John Roberts, anunció a bombo y platillo el lanzamiento de la investigación que encabezaría por Curtley. Si la filtración -proclamaba- pretendía “socavar nuestra integridad, no lo conseguirá. Nuestro trabajo no se verá afectado de ninguna manera”.
La filtración puso en pie de guerra a las mujeres estadounidenses. Miles de defensores del derecho al aborto se lanzaron a las calles para protestar. Y cuando se confirmó oficialmente el dictamen, la protección del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se convirtió en uno de los principales factores de decisión de voto en la campaña para las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre.
En esos comicios el Partido Demócrata, partidario de defender ese derecho, obtuvo resultados mucho mejores de lo esperado y consiguió ampliar su control del Senado. La oposición republicana, que aspiraba a hacerse con una clara mayoría en las dos cámaras del Congreso, tuvo que conformarse con lograr el control únicamente de la Cámara de Representantes, por una exigua mayoría.
Dado el beneficio electoral resultante para los demócratas, podría considerarse que la persona que filtró el documento pudo ser un simpatizante de esta ideología. Pero también pudo ser una persona conservadora que quería evitar que los jueces se echasen para atrás.
Los resultados de la investigación se han dado a conocer apenas tres días antes de que se cumpla el 50 aniversario de la sentencia Roe contra Wade.
Durante la investigación el Supremo también consultó con Michael Chertoff, que fue secretario de Seguridad Nacional durante el mandato del presidente George W Bush (2001-2009). Chertoff ha recomendado varios pasos para reforzar la seguridad de la información en el tribunal, pero no ofrece sugerencias para continuar la pesquisa interna, que considera que ha examinado todos los ángulos posibles. “A estas alturas no puedo identificar ninguna medida investigativa que pudiera resultar útil”, declara el experto.
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