El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado este jueves el plan de la Administración de Joe Biden para exigir que todos los empleados de grandes empresas se vacunen contra la covid 19 o se sometan a pruebas del virus de forma habitual. La máxima autoridad judicial del país, de mayoría conservadora, ha establecido que el Gobierno sobrepasó los límites de su autoridad con ese mandato, si bien sí ha aceptado la vacuna obligatoria, como excepción, para las personas que trabajen en centros sanitarios que reciben fondos públicos, es decir, la mayoría.
El requerimiento se centraba en compañías de más de 100 trabajadores, lo que se hubiese traducido en la vacunación obligatoria o los test de frecuencia semanal en unos 84 millones de trabajadores en Estados Unidos. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que vehiculaba este plan, contemplaba sanciones a de hasta 14.000 dólares (en los casos más graves) para empresas que incumpliesen la orden, aunque contemplaba exenciones a empleados por motivos médicos y religiosos. La medida iba a entrar en vigor el 4 de enero, pero un grupo de estados republicanos liderados por Ohio y un grupos de negocios lo recurrieron.
“Permitir a la OSHA regular los riesgos de la vida diaria —simplemente porque la mayor parte de estadounidenses tiene trabajos y se enfrenta a los mismos riesgos durante su jornada— expandiría de forma muy significativa la autoridad regulatoria de la OSHA sin una clara autorización del Congreso”, concluye el Supremo en su opinión.
Los tres jueces progresistas del Supremo, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, disintieron de la mayoría conservadora y opinaron que el mandato de Biden no debía bloquearse. Los seis conservadores, que forman una mayoría holgada en un órgano de nueve magistrados, se posicionaron en sentido contrario, si bien cuatro de ellos también discreparon de la obligatoriedad de la vacunas para los trabajadores del sector sanitario.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, y Brett Kavanaugh, ambos conservadores, se unieron a los progresistas para salvar esta parte del plan del Gobierno con cinco votos a favor y cuatro en contra. Incluye a los trabajadores de centros que reciben fondos de programas sanitarios públicos como Medicare (jubilados) o Medicaid (para personas desfavorecidas), que son la mayoría.
Biden lleva todo su primer año de Gobierno en la Casa Blanca tratando de convencer a la población que queda aún reticente a las vacunas contra la covid o que, por dejadez, han dejado de ponerse las segundas o terceras dosis. De entre los mayores de 12 años, aún queda un 28% de la población que no está completamente vacunada y un 15% no ha recibido siquiera la segunda dosis.
Mientras, la variante ómicron ha vuelto a colocar a Estados Unidos en una cifras de contagios diarios que no veía desde lo peor de la pandemia. Esta nueva versión del virus resulta menos letal y la población está más inmunizada, pero vuelve a crear cuellos de botella en hospitales y a lastrar la actividad económica.
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