El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este miércoles a favor de una alumna de un instituto de Mahanoy (Pensilvania) que fue sancionada por publicar insultos contra su colegio en la red social Snapchat cuando estaba fuera del establecimiento. Brandi Levy tenía 14 años cuando subió una foto a la red social quejándose de que no había sido admitida en el equipo de animadoras universitario. Como castigo, el instituto le impidió ser cheerleader durante un año. El máximo órgano judicial ha dictaminado que el distrito escolar vulneró la primera enmienda de la Constitución, que blinda la libertad de expresión.
El caso establece un precedente sobre los límites correctivos de las escuelas a sus alumnos en la era de las redes sociales. La votación en el Supremo se resolvió con ocho votos a favor de la adolescente y solo uno en contra. “Podría resultar tentador desestimar las palabras de B.L. por resultar impropias de las protecciones de la primera enmienda a debate aquí. Pero a veces es necesario proteger lo superfluo para preservar lo necesario”, escribió en los argumentos el juez Stephen Breyer. El magistrado progresista indicó que los estudiantes “no pierden sus derechos constitucionales de libertad de expresión ni siquiera en la puerta de la escuela”.
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Levy se enteró de que no había sido admitida como animadora un sábado, mientras estaba en una tienda. Enfadada, subió a Snapchat un selfi acompañada de una amiga, ambas con los dedos medios levantados, y con el texto “que le jodan a la escuela, que le jodan al sóftbol, que le jodan a ser animadora, que le jodan a todo”. Las publicaciones en esa red social tienen una duración de 24 horas, pero una de sus 250 seguidoras grabó una captura de pantalla de la imagen y se la mostró a su madre, entrenadora del instituto al que asistía la aspirante a cheerleader. Levy, que ahora tiene 18 años, cursa su primer año de universidad.
Los entrenadores de Levy la suspendieron por un año porque había violado las reglas del equipo, que incluían una actitud respetuosa, evitar el “lenguaje soez y gestos inapropiados” y una conducta contraria a “cualquier información negativa” sobre animadores y entrenadores en internet. “Dondequiera que se origine el discurso de los estudiantes, las escuelas deberían poder tratar a los estudiantes por igual cuando esté dirigido a la escuela e imponga los mismos daños perturbadores en el entorno escolar”. Un informe del Distrito Escolar del Área de Mahanoy, donde se encuentra el antiguo instituto de Levy, sostuvo que los centros deberían poder intervenir, al margen de donde se expresen los estudiantes, si lo que dicen está dirigido al colegio y genera un daño a este.
Los padres de la adolescente intentaron revertir la decisión hablando con los entrenadores, el director del instituto y la junta escolar. Sin éxito, acabaron por llevar el caso a los tribunales. Un juez de distrito falló a favor de que la suspensión había violado la primera enmienda y ordenó que la reincorporaran al equipo en su segundo año (Levy estaba en primero cuando ocurrieron los hechos). La junta escolar apeló la decisión y volvieron a perder. La jueza Cheryl Ann Krause, del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, afirmó que los magistrados eran conscientes de que las nuevas tecnologías están abriendo nuevos territorios “donde los reguladores [escolares] pueden intentar suprimir un discurso que consideran inapropiado, grosero o provocador. No podemos permitir tales intentos, al margen de lo intencionados que sean, sin sacrificar las valiosas libertades que protege la primera enmienda”.
Las autoridades escolares decidieron llevar el caso al Tribunal Supremo. Uno de sus principales argumentos era un fallo de 1969 en el que el órgano judicial dictaminó que los estudiantes de una escuela de Iowa podían llevar brazaletes negros como gesto de oposición a la guerra de Vietnam, pero especificando que cualquier manifestación que perturbara el funcionamiento de la escuela podía ser sancionada. Las escuelas “conservan la autoridad para regular las conductas que se producen fuera de los límites de su propiedad, pero que tienen consecuencias en su interior”, argumentó el instituto de Mahanoy.
El juez Clarence Thomas, el único voto en contra de la adolescente, escribió en sus observaciones que participar en programas extracurriculares tiene mayor influencia y, por ende, si un alumno habla mal de ellas puede hacer más daño a la institución que una persona ajena a esas actividades. A pesar de darle la razón a Levy, el Supremo remarcó en su votación que los distritos escolares sí tienen derecho a castigar a los estudiantes por opiniones expresadas fuera del instituto cuando estas perturben gravemente el funcionamiento de los establecimientos.
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