El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la investigación sobre el accidente que el 19 de marzo de 2014 sufrió un helicóptero Superpuma del Ejército del Aire en aguas de Canarias, en el que fallecieron cuatro militares. El alto tribunal anula el archivo definitivo del caso que decretaron tanto el juez togado número 52 de Las Palmas de Gran Canaria como el Tribunal Militar Territorial Quinto, con el visto bueno del fiscal, alegando que el siniestro fue fruto de un error humano y que no hay indicios de delito. Sin embargo, en una sentencia dictada el pasado día 28, el Supremo ha ordenado que se investigue si se produjo un fallo mecánico, como pedían las familias de las víctimas.
En el siniestro perdieron la vida el capitán Daniel Pena, los tenientes Carmen Gracia y Sebastián Ruiz y el sargento Carlos Caramanzana. El quinto tripulante, el sargento Johander Ojeda, que salvó la vida, murió año y medio después, el 22 de octubre de 2015, en otro accidente de un helicóptero Superpuma frente a las costas del Sahara. Aunque este segundo siniestro incrementó las sospechas sobre el mal estado de esas aeronaves, el tribunal militar dio carpetazo a aquel caso atribuyendo el accidente a una fatalidad.
El primer siniestro se produjo cuando el Superpuma del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) de la base de Gando (Gran Canaria) realizaba un ejercicio nocturno de grúa sobre el Meteoro, un Buque de Acción Marítima (BAM) de la Armada. El informe de la CITAAM (Comisión Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares), dependiente del Ministerio de Defensa, concluyó que el accidente fue consecuencia de la desorientación de la teniente que en esto momento pilotaba la aeronave. El fallo de una de las bengalas lanzadas por el avión CN-235 que iluminaba el ejercicio hizo que se quedara momentáneamente a oscuras y la teniente decidió abortar la maniobra de aproximación al buque. Al alejarse del mismo, llevó el helicóptero contra el mar, cuando creía estar ascendiendo. El hecho de que el sistema de avisos acústicos estuviese apagado impidió que sonaran las alarmas al perder altura. “No se ha encontrado indicio alguno de defecto o mal funcionamiento de la aeronave, por lo que no se deduce ningún indicio de responsabilidad penal derivado de su mantenimiento”, concluyó el juez militar.
Sin embargo, el instructor dio por buena la versión de que el helicóptero había llegado intacto al agua sin investigar la posibilidad de que se hubiera roto en vuelo el eje de transmisión trasera, como sospechaban las familias. No solo no se recuperó el rotor de cola del fondo marino, sino que no se atendió la petición de Sebastián Ruiz, padre del teniente fallecido, para que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), un organismo del Ministerio de Defensa que cuenta con laboratorios especializados, analizara los restos del aparato que se almacenan en la Maestranza de Cuatro Vientos (Madrid), como se ha hecho en otros siniestros aéreos.
La respuesta que dio el juez es que esta prueba no resultaba “ni necesaria ni relevante”, mientras que el tribunal militar sostuvo que el informe de la comisión de investigación, que barajaba el fallo humano como mera hipótesis, desautorizaba cualquier otra alternativa.
El Supremo, sin embargo, considera que no se ha dado “ninguna razón convincente” para justificar el rechazo de una prueba que no solo no es “ilógica”, sino que resulta “pertinente, útil y procedente” para “despejar cualquier duda razonable acerca de la existencia de otra causa distinta” al fallo humano y evitar la “indefensión” de las familias.
Las dudas sobre lo ocurrido se acrecentaron el 23 de enero de 2017, cuando Francisco Ojeda, padre del sargento Johander, declaró que, antes de morir en el segundo siniestro, su hijo le había contado una versión muy diferente a la oficial sobre qué ocurrió en el accidente del que salió ileso: “Antes de caer al mar, se escuchó un fuerte estruendo que él, que era mecánico, atribuyó a una rotura. El capitán, que estaba a su lado, se levantó para tomar los mandos de la aeronave, pero no llegó a tiempo”. Según su padre, el sargento no contó esta versión al juez porque le habían hecho firmar “un pacto de silencio”.
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