El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido este lunes que la Administración de Donald Trump comience a poner en práctica una serie de normas que prohíbe que los inmigrantes legales que reciban ayudas sociales, como bonos de comida o asistencia gratuita médica, puedan optar a la residencia permanente, la famosa Green Card.
Como suele suceder, los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos cinco contra cuatro la petición de la administración de levantar un bloqueo establecido por un tribunal de menor rango para frenar la aplicación de la norma.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado la medida al considerar que es el equivalente a “una prueba de riqueza”, que estaría diseñada para dejar fuera del proceso de admisión para la residencia a todas aquellas personas que “no son blancas”. Cuando el pasado 11 de octubre un juez del distrito de Manhattan bloqueó la puesta en marcha de semejante norma, la calificó de “política de exclusión” y “repugnante para el sueño americano”.
La decisión del Supremo avala así la mano dura en política migratoria de la Casa Blanca y estrecha el cerco incluso sobre aquellos inmigrantes que residen de forma legal en Estados Unidos. En opinión del Gobierno de Trump, esta norma está diseñada “para proteger los beneficios de los estadounidenses”, por lo que “los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes”.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración su insignia y ha amenazado con construir un muro en la frontera sur del país con México para frenar el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica. Para ello, ha llegado incluso a desviar miles de millones de fondos del Pentágono para dedicarlos a la construcción del faraónico muro, su mayor promesa de campaña electoral en 2016.
Al inicio del verano, Trump anunciaba su proyecto legislativo sobre inmigración que mantenía el espíritu de lo que había sido su política desde su llegada al poder en 2017: controles más duros en la frontera y un sistema en el que primen los méritos profesionales del solicitante de visado frente al parentesco, por ejemplo. El mandatario también ha forzado a México, territorio que atraviesan quienes sueñan con entrar en EE UU, a aumentar las deportaciones, al amenazar con una guerra arancelaria, y ha puesto en marcha nuevas condiciones para la solicitud de asilo que, en la práctica, bloquean la mayor parte de las solicitudes.
Pendiente de otra decisión del Supremo está el caso de la regularización de los llamados dreamers (soñadores), migrantes que fueron traídos de forma irregular siendo niños y han crecido, estudiado y trabajado como cualquier estadounidense, a veces, sin recordar haber estado jamás en su país de origen y casi sin ser conscientes de que no son norteamericanos. También está por saber qué sucederá con los más de 10 millones de extranjeros sin papeles que residen en el país, la mitad de los cuales ha vivido en EE UU más de una década.
Source link