La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya protagonizó el pasado lunes una tensa declaración como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que investiga la entrada en España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse de una grave afección de la covid en el hospital San Pedro de Logroño. Hasta en seis ocasiones preguntó el juez a la exjefa de la diplomacia española quién decidió que el líder saharaui entrara en territorio español sin someterse al control de pasaportes, con qué otros miembros del Gobierno debatió la decisión o a quién informó. Ella se negó a contestar a estas preguntas, alegando que se trataba de una decisión política, no administrativa, y que revelar la forma en que se adoptó “sería desnudar una parte muy importante de la política exterior” española.
González Laya se amparó en un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 que aplica al departamento de Exteriores la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968 y clasifica toda aquella información que pueda afectar a las relaciones diplomáticas con terceros países. El juez subrayó que su obligación es ajustarse a la legalidad y cuestionó la validez de un acuerdo que “no está ni publicado ni comunicado”.
La exministra reveló que la petición de acoger a Gali la recibió el 14 de abril de parte de una autoridad argelina a la que no identificó y defendió la decisión de que entrara por la base aérea de Zaragoza de manera discreta argumentando que el asunto afectaba a dos países vecinos, Argelia y Marruecos, que tienen “aristas políticas” entre sí. “Discreción”, subrayó, “no es arbitrariedad, no es ilegalidad y, desde luego, no es ocultamiento”.
En otro momento del interrogatorio, el magistrado reprochó a Laya que atribuyera a razones humanitarias la acogida de Gali “cuando se está muriendo la gente a miles por un lado y por otro”. Pero el momento más tenso se produjo cuando Lasala aseguró que el exjefe de gabinete de la ministra, Camilo Villarino, también imputado en la causa, había declarado que “no se controló el pasaporte [de Gali] para que no saltara una alerta” en el sistema Schengen [el espacio europeo sin fronteras que comparten 26 países] y que se empleó un avión del Estado argelino para traerlo con el objetivo de “eludir todos los controles”. La ministra respondió que fueron las autoridades argelinas las que decidieron el medio de transporte y que tenía sentido haber traído a Gali a España si hubiera tenido problemas con la justicia, pues habría sido como “meterlo en la boca del lobo”.
En realidad, lo que declaró Villarino ante el juez es que no se pasó el pasaporte de Gali por el sistema de información Schengen, una base de datos común de los países que comparten el espacio europeo sin fronteras, “porque esa consulta automáticamente repercute en los otros 28 Estados, con lo cual, si algún servicio de información de alguno de nuestros socios estuviera sobre alerta” de un dirigente político considerado enemigo de Marruecos, “la discreción, reserva y sigilo corría grave riesgo”.
La cuestión de fondo es si, como creen las acusaciones, el Gobierno facilitó la entrada del líder del Polisario en España sin pasar control de pasaportes para que eludiera la acción de la justicia. La Audiencia Nacional dictó hace años una providencia en la que pedía localizar a Gali, pero nunca ordenó su detención. El juez ha preguntado a la Oficina SIRENE (que gestiona el sistema de información Schengen) si algún otro país había dictado orden de detener o localizar a Gali. “Quiero reiterar que la buena fe guio cada uno de los pasos que di”, concluyó González Laya su declaración.
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