El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU (TIJ), con sede en La Haya, ha elevado su voz ante el fenómeno del discurso del odio después de que Armenia y Azerbaiyán, países vecinos y enfrentados en la región de Nagorno Karabaj, solicitaran la adopción de medidas de emergencia por presuntas violaciones del otro bando del tratado de la ONU que prohíbe la discriminación racial. La última escalada bélica entre los dos países, a finales del pasado año, costó la vida a más de 5.000 personas. El cese de hostilidades firmado entre las partes incluyó el despliegue de 2.000 soldados rusos como fuerzas de paz en el enclave.
Los insultos entre armenios y azerbaiyanos se han convertido en un componente primordial de las demandas presentadas ante la justicia internacional. Términos como “bárbaros”, “animales” o “fascistas”, aparecen en los alegatos de ambos países. Los jueces de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas han ordenado a ambas partes, en una orden provisional del pasado día 7, sin parangón en la historia del tribunal, que prevengan el odio racial mientras revisan el caso.
Los discursos del odio, que afloran tanto en sociedades democráticas como en regímenes autoritarios, amenazan los derechos humanos al fomentar la discriminación y el racismo y tensan el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Aireados en arengas políticas o en las redes sociales, generan un ambiente de intolerancia que puede incitar a la violencia. Aunque el tribunal no tiene capacidad para forzar el cumplimiento de estas medidas cautelares, son vinculantes para los litigantes. De ahí su solidez, pero también sus limitaciones. En este caso, los jueces no han distinguido entre los improperios de armenios o de azerbaiyanos, sino que exigen —por unanimidad— la aplicación de disposiciones para que cese la incitación y promoción al odio racial.
“Es la primera vez que el tribunal dicta medidas cautelares tan claras en esta materia. No se trata solo de que este discurso sea ilícito. Es que también crea el clima necesario para que se cometan otros abusos o violaciones. A las partes les resultará difícil cumplir con todo lo ordenado hasta sus últimas consecuencias, pero es de esperar que se rebaje el tono del discurso público”, dice, en conversación telefónica, Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas.
Entre los ejemplos invocados en este caso destacan las palabras del presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, para referirse a los armenios. Les ha llamado “bandidos”, “vándalos”, “fascistas”, “bárbaros”, “infieles con ropa negra”, “enemigos” y “de naturaleza cobarde”, así como “animales”. Por su parte, la agencia estatal armenia de noticias, ArmenPress, escribe que los azerbaiyanos “son tan bárbaros como los turcos”. “No son dignos de estar en la Tierra” es otra de las expresiones que han manejado los jueces. Para Garrido Muñoz, resulta desconcertante “el cruce de acusaciones basadas en una similar intención denigrante”. “Hay diferencias en sus argumentos, pero en esencia observamos la misma deshumanización del vecino, al que consideran una amenaza”, reflexiona el experto. En el litigio se ha invocado la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, de la que son parte Armenia y Azerbaiyán.
Tras la implosión de la URSS en 1991, armenios y azerbaiyanos se enfrentaron en Nagorno Karabaj. El territorio —y unas zonas colindantes— quedó en manos armenias. El cierre en falso del conflicto originó a lo largo de los años una serie de incumplimientos del frágil alto el fuego. En 2016 estalló la que se conoce como Guerra de los cuatro días, que causó unos 200 muertos, y en el enfrentamiento del año pasado la militarmente superior Bakú recuperó la mayoría de Nagorno Karabaj, tras un acuerdo mediado por Moscú.
El discurso del odio precede al deterioro institucional, al nazismo o al antisemitismo, con episodios tan famosos como el caso Dreyfus en la Francia de finales del siglo XIX. Alfred Dreyfus era un capitán de origen judío alsaciano acusado falsamente de entregar documentos secretos a los alemanes. La denuncia del escándalo por parte del escritor Émile Zola, en su famoso alegato Yo acuso, provocó una crisis política y social.
Lo más cercano a una prohibición general de este fenómeno en el derecho internacional es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) de la ONU, continúa Garrido Muñoz. “El TIJ dirime litigios entre Estados, y en el derecho internacional actual los Estados no pueden ser criminales, de lo contrario habría que enjuiciarlos como tales. De modo que lo que se está depurando ante esta corte es la responsabilidad del Estado, no así de sus dirigentes, por violaciones de obligaciones de interés para la comunidad internacional”, asegura el profesor.
Odio contra los rohinyás en Myanmar
Un ejemplo es la demanda de Gambia contra Myanmar, también ante el TIJ, en la que un Estado africano señala a uno asiático por genocidio de la minoría rohinyá sin que hubiera una sola víctima de su nacionalidad.
El caso de Myanmar es un ejemplo del poderoso papel que juegan las redes sociales en la incitación al odio racial. Giulia Pinzauti, experta en Derecho Internacional penal en la universidad holandesa de Leiden, explica por teléfono que “Myanmar era una sociedad prácticamente cerrada hasta 2013, y allí las redes sociales son sinónimo de Facebook. El uso de falsos perfiles y la propagación del odio por parte de grupos en teoría privados —aunque con miles de usuarios reales— ha sido determinante para lanzarse contra los rohinyá con intención genocida”.
Facebook prohíbe el lenguaje del odio según sus documentos normativos, pero hasta 2020 su sistema de algoritmos no distinguía entre los grupos que podían ser objeto del mismo y los que no. En el caso de Myanmar, acabó borrando los mensajes en litigio. “Está bien, porque se limitan los daños y estas plataformas deben ser responsables. Sin embargo, ello puede conllevar la pérdida de pruebas materiales para una investigación en marcha, o bien en procedimientos en curso, como el del TIJ. En el tribunal, estos mensajes pueden servir como evidencia para demostrar la intención de sus autores. Es preciso encontrar el equilibrio legal para preservarlos”, sigue Pinzauti.
En septiembre pasado, el juez estadounidense Zia M. Faruqui emitió una orden para que Facebook permitiera el acceso de los investigadores a los mensajes borrados para su uso por parte del TIJ. En su escrito, el juez argumenta que “las cuentas falsas creadas por representantes públicos en Myanmar con la intención de propagar el odio con fines políticos tenían la clara intención de llegar al público: tuvieron cerca de 12 millones de seguidores”. A su vez, un grupo de refugiados rohinyá en el Reino Unido y Estados Unidos han demandado a Facebook “por no vigilar sus contenidos y porque el diseño de la plataforma contribuyó a la violencia contra esta minoría”.
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