Vivendi sigue cosechando victorias en los tribunales en su pugna con los accionistas mayoritarios de Mediaset encabezados por Silvio Berlusconi. La justicia europea ha fallado este jueves como contraria a la ley europea la disposición italiana que impide a Vivendi adquirir el 28,8% de la italiana Mediaset, una victoria del grupo francés tras años de litigio entre las dos empresas. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la disposición en cuestión “constituye un obstáculo no permitido a la libertad de establecimiento” y “no es apropiada para alcanzar el objetivo de proteger el pluralismo de información”.
Mediaset y Vivendi se han enfrentado en los tribunales durante más de tres años, luego de una decisión de Vivendi en 2016 de revertir un acuerdo que preveía la compra del paquete Mediaset Premium. El grupo francés lanzó posteriormente una oferta ―considerada “hostil” por la familia Berlusconi, principal accionista de Mediaset― para adquirir el 28,8% de la empresa italiana.
Pero Vivendi se había visto obligada, debido a una ley italiana sobre la pluralidad de medios, a “congelar” alrededor del 20% de su participación del 28,8%, confiándola a una empresa fiduciaria. El grupo francés también es accionista del operador Telecom Italia con el 24% de su capital, y esta doble participación a tales niveles se consideró contraria a la ley.
El TJUE observó en su sentencia este jueves que “una restricción a la libertad de establecimiento puede, en principio, estar justificada por un objetivo de interés general, como es la protección del pluralismo de la información y de los medios de comunicación”. Sin embargo, añadió que “este no es el caso de la disposición en cuestión, ya que no es probable que logre este objetivo”.
Sentencia holandesa
No es la primera vez que el grupo francés obtiene el respaldo de los juzgados. Un tribunal de Ámsterdam aceptó este martes el recurso presentado por Vivendi en contra de la fusión entre el gigante audiovisual Mediaset con su filial española, que busca concentrarse en una sola compañía con base en Países Bajos.
La Justicia neerlandesa considera que la solicitud de los franceses incluye argumentos legales válidos que hacen que la fusión propuesta no pueda continuar en las condiciones en las que está ahora sobre la mesa, entre otras razones por los derechos de voto adicionales que se pretende ofrecer a los accionistas de la empresa resultante.
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