El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado la razón al Gobierno de Joe Biden sobre su política de deportación de inmigrantes. En una sentencia con un solo voto particular en contra, el tribunal de nueve miembros ha decidido dar validez a una política de la Administración Biden que había sido suspendida por un juzgado de Texas. Esas directrices emitidas en 2021 priorizaban la expulsión de los inmigrantes que se considera que suponen el mayor riesgo para la seguridad pública o que han sido recién interceptados tras cruzar la frontera.
Los republicanos reclamaban que debía deportarse a todos los inmigrantes sin papeles y que no era lícito fijar prioridades porque eso relegaba la expulsión de los no prioritarios. Según Texas y Luisiana, la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a quienes suponen un riesgo escaso o nulo. La sentencia del Supremo en el caso Estados Unidos contra Texas viene a reconocer que no hay dinero ni personal suficientes para deportar a los cerca de 11 millones de personas que se calcula que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que, por tanto, se pueden fijar prioridades. Pero, sobre todo, niega a los Estados la legitimación para impugnar esas decisiones.
“Los Estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual”, escribe el juez conservador Brett Kavanaugh, ponente de la sentencia. “Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo que modifique sus políticas de arresto para realizar más detenciones. Los tribunales federales no han acogido tradicionalmente ese tipo de demandas; de hecho, los Estados no citan ningún precedente de una demanda como esta”, continúa.
“Si el tribunal diera luz verde a esta demanda, podríamos anticipar quejas en los próximos años sobre la supuesta falta de aplicación por parte del poder ejecutivo de leyes redactadas de forma similar, ya sean leyes sobre drogas, armas, obstrucción a la justicia o similares. Declinamos abrir paso al poder judicial federal por ese camino inexplorado”, añade.
La sentencia ha sido aprobada por el Supremo por 8 votos a 1, aunque algunos jueces apoyan la decisión con argumentos diferentes. La única oposición ha sido del conservador Samuel Alito, que esta semana se ha visto envuelto en un escándalo por admitir invitaciones de lujo por parte de un empresario que tenía casos abiertos ante el tribunal. Alito interpreta la disputa como un enfrentamiento entre el “requisito categórico” del Congreso que dice que el Gobierno “deberá” detener y deportar a los inmigrantes sin papeles y la “política más flexible” que pretende la administración Biden.
“La respuesta del tribunal hoy es que la opción política del Ejecutivo prevalece a menos que el Congreso, reteniendo fondos, negándose a confirmar a los nominados presidenciales, amenazando con el juicio político y la destitución, etcétera, pueda ganar una prueba de fuerza”, sostiene Alito en su voto particular. “Relegar al Congreso a estas medidas disruptivas altera radicalmente el equilibrio de poder entre el Congreso y el ejecutivo”, añade.
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La Administración subrayó que la ley nunca se había aplicado en la forma en que reclamaban Luisiana y Texas y que no había fondos suficientes para detener y deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Explicó que las directrices solo pretendían dar a los 6.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pautas para decidir qué inmigrantes planteaban las amenazas más apremiantes.
El fallo tiene mayor importancia ahora que ha expirado el título 42, la norma que permitía las expulsiones en caliente mientras estaba en vigor la emergencia sanitaria por la pandemia. En julio, el Supremo se negó por cinco votos a cuatro a permitir que el Gobierno de Biden aplicase esas directrices de deportación mientras los jueces estudiaban el caso. Eso dejó en vigor una sentencia de un tribunal inferior que suspendió su validez bajo el argumento de que reducía drásticamente la detención de personas que por ley deben ser deportadas.
El Tribunal Supremo de EE UU ya dio la razón a Biden y su Gobierno hace un año en materia migratoria cuando sentenció que no violó la ley al poner fin al programa, conocido popularmente como Quédate en México, un programa que obligaba a la mayoría de los solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en campamentos para inmigrantes del otro lado de la frontera.
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