Dos semanas después del derrame de petróleo de un buque de Repsol en el mar de la costa central de Perú, las huellas del desastre ecológico siguen muy presentes en el mar y las playas pese a las tareas de limpieza. El vertido dejará una factura multimillonaria entre gastos de reparación, multas y reclamaciones de indemnizaciones. Se prevé un periplo judicial largo en que se fijen las responsabilidades y quién asume cada parte de la factura, con el Estado, los afectados, las compañías y las aseguradoras como partes. Repsol no se había visto involucrado en una marea negra como esta en toda su historia.
Los directamente afectados son miles de pescadores artesanales, estibadores, fileteadores, transportistas y vendedores de pescado, pequeños comerciantes de 25 playas, y trabajadores de turismo en balnearios de las regiones de Lima y Callao, incluidas dos áreas naturales protegidas. Algunos se quejan de que se siguen muriendo animales, de que las tareas de limpieza no van lo suficientemente rápido y de que a algunas zonas no han llegado.
Un equipo de expertos de Naciones Unidas visitó la playa Cavero, en Ventanilla este jueves, para evaluar los efectos medioambientales, que consideraron “graves”, según informó el Ministerio del Ambiente (Minam). Su viceministro, Mariano Castro, explicó que se ha avanzado en las tareas de limpieza. “Es significativo encontrar que hay presencia importante de personal adecuadamente equipado para las labores de limpieza”. Los miembros de la ONU evaluarán ahora todas las áreas afectadas como las playas de Ancón y Chancay , para elaborar un informe.
La otra novedad es que un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro empleados de Repsol Perú, entre ellos el ciudadano español Jaime Fernández Cuesta, director ejecutivo de la empresa, mientras continúan las investigaciones fiscales por el delito de contaminación ambiental. Los directivos de la petrolera española asumieron desde el primer momento la petición de la Fiscalía y no tenían intención de abandonar el país.
La fuga de petróleo ocurrió la tarde del sábado 15 de enero cuando el buque italiano Mare Doricum -con más de 900.000 barriles de petróleo- descargaba el combustible a las tuberías submarinas de la refinería de crudo de La Pampilla, operada por Repsol en el distrito de Ventanilla (región Callao). La primera versión de la empresa a la autoridad ambiental fue de que el vertido de 0,16 barriles ocupaba 2,5 metros cuadrados y que fue causado por el “oleaje anómalo” que produjo la erupción de un volcán submarino en Tonga. Tres días después, ante la abundancia de vídeos de las orillas negras y de la fauna marina muerta o agonizante embarrada en crudo, ejecutivos de Repsol indicaron al ministro de ambiente, Rubén Ramírez que se trataría de 6.000 barriles, que equivalen a unas 940 toneladas—a efectos comparativos, en la crisis del Prestige se vertieron más de 60.000 toneladas—. Las últimas estimaciones del Ministerio del Ambiente, difundidas este viernes, elevan la cifra a 11.900 barriles. La propia compañía también elevó este mismo viernes su cálculo hasta unos 10.400 barriles.
En su descargo, fuentes próximas a la compañía española alegan que el Gobierno peruano fue el único de la zona que no alertó de ninguna incidencia marina por la erupción, aunque fue expresamente consultado antes de la descarga del crudo.
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Versiones contradictorias
Las versiones sobre la incidencia de la erupción son contradictorias. La Marina y veleristas que participaban en una regata al frente del carguero a la hora del derrame señalaron a los medios peruanos la semana pasada que no hubo anomalías en el mar de Ventanilla. El capitán de la embarcación, el italiano Giacomo Pisani, declaró a tres ministros peruanos que el mar estaba calmado en ese momento. Pisani firmó ocho cartas de protesta entre el sábado 15 y domingo 16 por los fallos de Repsol durante la descarga: refirió que el personal de la refinería le aseguró que el vertido estaba controlado, pero él observaba que la barrera de contención del crudo no tenía suficiente tamaño para cubrir el perímetro del buque.
No obstante, Repsol explica que en los propios documentos de comunicación, las llamadas cartas de protesta, el capitán reconocía textualmente: “Ocurrió una condición anormal de mar/oleaje durante la operación de descarga en la terminal 2 causando la ruptura de los cabos de amarre”. En esas cartas también se confirma que las barreras de contención estaban desplegadas desde el primer momento.
Además el presidente de su filial exhibió gráficos de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de Naciones Unidas que muestran ese oleaje anómalo. Pese a ello, la primera ministra, Mirtha Vásquez, señaló el viernes de la semana pasada que “el oleaje y el tsunami no tuvieron que ver con esta ruptura” que provocó el derrame.
El capitán también se quejó, entre otros motivos, de que Repsol no le informó la cantidad de crudo descargado, que un lado de su embarcación y las amarras atadas a las boyas estaban “muy contaminadas por el petróleo en el mar”, que el equipo de buceo de la refinería no comprobó el estado de la manguera submarina que provocó el derrame, y que un práctico demoró casi seis horas la noche del 15 de enero en subir a bordo para poner al buque en posición “luego de un incidente de separación de cuerdas de amarre”.
No obstante, Repsol asegura que en otro documento firmado por el capitán del barco se indica que cuando se identificaron las manchas de petróleo se activó al equipo de buzos que estaba alrededor de la embarcación para realizar la inspección correspondiente de acuerdo al plan de contingencia. Sobre este extremo, Repsol informó que no pudieron ingresar debido a que las condiciones no eran seguras, por lo que inmediatamente se activó a un segundo equipo de buzos con equipamiento especial para este tipo de situaciones y se encargaron de realizar las inmersiones. Además, la compañía explica que responder a la demora de la solicitud de un práctico en la zona no es competencia de Repsol.
La disputa sobre las causas del derrame no es gratuita. De ellas puede depender el reparto de responsabilidades y la asunción de indemnizaciones por parte de las aseguradoras. Los intereses del armador del barco y de la petrolera pueden entrar en colisión.
Repsol no está de acuerdo en que se carguen todas las culpas del desastre ambiental a la petrolera. Argumenta que informó a las autoridades de la descarga ante la posible incidencia por la erupción del volcán submarino, y sostiene que ésta ocurrió durante un fuerte oleaje.
Tareas de limpieza
La multinacional española asegura que ahora su actividad está centrada en la limpieza y remediación de los efectos del vertido, así como en la compensación con las comunidades afectadas por el mismo, por lo que por el momento no va a evaluar el impacto que tendrá sobre sus cuentas, aunque precisa que todas sus actividades están aseguradas.
La compañía ha entregado al Ministerio del Ambiente de Perú el calendario detallado de actuación para la limpieza de la zona afectada, que prevé que finalicen las tareas a finales de febrero. Para ello, ha incorporado al operativo a distintas organizaciones como Aiuká Consultoría Ambiental, empresa reconocida internacionalmente para el rescate de fauna marina en incidentes de petróleo; Environmental Resources Management; Lamor Corporation, especializada en limpieza de playas; y las organizaciones gubernamentales SERFOR (Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre), SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado).
Respecto a los afectados, ha llegado a acuerdos con cuatro asociaciones de pescadores de Ventanilla para proporcionar soporte y ha firmado un acta de colaboración con comerciantes de Santa Rosa, que se incorporan a las labores de limpieza. Además, viene dialogando con la Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales Miguel Grau y Puerto–Chancay así como con representantes de la Asociación de Sombrilleros de Santa Rosa, para conocer sus necesidades. También se han alcanzado acuerdos con la asociación de pescadores de Ancón y de Santa Rosa.
La franja afectada
La última medición de la autoridad ambiental del área afectada, del 22 de enero, fue de 1.800 kilómetros cuadrados de franja de playa y más de 7.100 kilómetros cuadrados de mar. Sin embargo, la contaminación ha seguido avanzando rumbo norte, debido a las corrientes que caracterizan el mar peruano.
La autoridad ambiental impuso este jueves una primera multa administrativa a Repsol por un incumplimiento relacionado con ese rubro: venció el plazo para que identifique el área contaminada y la reporte al Estado. No lo hizo. “La empresa está en resistencia a la autoridad. Las acciones de limpieza que realiza no convencen al Ejecutivo”, declaró Ramírez esta semana.
“Tenemos familias detrás de nosotros”
Jacqueline Fowks
Desde que ocurrió la fuga, en Lima y Ventanilla ha habido varias protestas y marchas hacia las dos sedes de Repsol contra lo que los afectados consideran un ecocidio. A diario, en el exterior de la refinería La Pampilla, los pescadores artesanales pugnan por lograr ayudas temporales para la subsistencia, e incluso algunos han aceptado la oferta de la empresa de trabajar como operarios de limpieza de las playas contaminadas.
El pescador Miguel Núñez es uno de ellos. “Como afectados debemos tener prioridad para el trabajo. Las empresas (que subcontratan a personal a nombre de Repsol) no son serias: nos hacen esperar, nos dicen que volvamos otro día. Por ahora, estamos subsistiendo con un vale de compras en un supermercado que nos han entregado y hacemos una olla común en el local del gremio”, detalla Núñez, miembro de una asociación de pescadores de Bahía Blanca que agrupa a 130 miembros.
A su lado, el vendedor de pescado Roberto Rojas pide trabajo a “alguna otra empresa internacional”. “Tenemos familias detrás de nosotros, no queremos que nos regalen nada, que nos contraten aunque sea seis meses para sustentarlas: el circuito económico del mar -de la pesca y la playa- se rompió: de esto vivían vendedores ambulantes, llanteros. Todas estas playas generaban economía para esta población”, añade Rojas, mirando hacia los poblados de chabolas apostados frente al mar de Ventanilla.
Martín Ampuero, de 47 años y padre de cinco hijos, es otro pescador perjudicado en el balneario de Santa Rosa, más al norte, preocupado por la insuficiencia de las tareas de limpieza del litoral. “El derrame nos ha mortificado bastante, prácticamente estamos en nada, dependiendo de si salen cachuelos [oficios temporales] como pintar alguna casa. Están afectados también los que trabajaban con los bañistas y los restaurantes. Da cólera ver el mar vacío, es una contaminación que nos mata”, describe.
“Toda empresa grande es como Pilatos, se lava las manos. Están tomando mano de obra de los asentamientos humanos de Ventanilla y los venezolanos que se conforman con un jornal bajo. Lo que ganábamos era para vivir al día”, comenta Ampuero.
En la tarde del jueves, un hombre de 36 años volvía al barrio pobre de Pachacútec (Ventanilla) luego de una jornada de ocho horas de limpieza de arena empetrolada: en una mano llevaba una bolsa plástica con sus botas de caucho y en la otra, unas galletas. “Nos pagan 1.050 soles (alrededor de 250 euros) al mes, 10 dólares diarios”, comentó, sin querer identificarse.
En otra playa cercana, Puerto Pachacútec, Alejandro Huaroto, es otro trabajador no agremiado. “Ganaba dinero con la pesca para la comida de mi familia y para algunos vecinos, era una pesca muy personal, tengo mi carné de pescador artesanal independiente. Aparte organizaba excursiones de pesca y era nexo entre tiendas que vendían elementos de pesca deportiva: eso también era parte de mi sustento”, apunta Huaroto.
“En verdad nos ha afectado de muchas formas, estoy viviendo de mis ahorros y me estoy dedicando a rescatar animales, nadie me está pagando por eso. No he recibido ninguna orientación (sobre los peligros de la toxicidad) del Estado ni de la empresa, pero he buscado asesoría de biólogos y petroquímicos. Apoyamos a la organización Unidos por los animales y al organismo estatal de fauna silvestre”, relata Huaroto por teléfono.
“En estos doce días no he recibido nada de nadie, mi situación es cada vez más precaria”, asegura Pedro Álvarez, otro pescador de Bahía Blanca, quien sigue entrando al mar pero para grabar vídeos de la destrucción y sensibilizar a las personas que puedan ayudar a los afectados. Como otros cientos, no pertenece a ningún gremio y no sabe si recibirá un subsidio que el Gobierno ha anunciado que entregará a los damnificados directos.
Brenda Ramos, de 25 años, una egresada de administración de empresas que ha quedado desempleada durante la pandemia, se siente afectada como bañista de las playas frente al asentamiento Pachacútec, donde reside. Desde que ocurrió el derrame documenta lo ocurrido. Grabó a una madre soltera que vive a 100 metros de la playa contaminada y pide un monitoreo de salud para ella y sus dos hijos. Hasta ahora nadie ha llegado. “Aquí hay dirigentes de los asentamientos humanos, pero ninguno de ellos está haciendo nada ante esto”, apunta la joven.
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