Josué Quino cumplirá este año 34 años como paciente de VIH. Tres análisis de sangre le revelaron el diagnóstico de una enfermedad que en 1986 era sinónimo unívoco de muerte. Ensayos clínicos, cócteles de medicamentos y al menos cuatro crisis agudas forman parte de su bitácora de lucha contra la enfermedad, batallas a las que se ha sumado el reciente desabasto de antirretrovirales. “En todos estos años nunca había tenido el problema de que me faltara un medicamento, hasta este año. Lo primero que me dijeron fue que no tenían reactivos para hacerme mi conteo de (linfocitos) CD4, eso fue en febrero. En marzo me dijeron que no había llegado el medicamento”, relata el dramaturgo mexicano.
Lo que inició como un rumor en grupos de WhatsApp y redes sociales se confirmó en marchas de pacientes y denuncias en distintos Estados del país. Los primeros reclamos provenían de pacientes adscritos al Seguro Popular. El sistema de sanidad creado en la Administración del expresidente panista Felipe Calderón para atender a las personas no afiliadas a la seguridad social tiene un censo de 97.000 pacientes de VIH y sida. No obstante, Quino advierte que la escasez de fármacos también se vivió en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS), problemática que le obligó a pedir “prestadas” las pastillas a otros pacientes. “Yo soy un ejemplo vivo de que en el IMSS hay desabasto”, zanja.Tras cuatro semanas de espera han llegado los medicamentos, pero la incertidumbre sobre si contará con el abasto para el resto del año prevalece en Quino.
A seis meses del Gobierno de López Obrador, el sector salud enfrenta un momento crucial. El 22 de mayo German Martínez renunció como director del IMSS, el instituto más grande de América Latina con 68 millones de derechohabientes. En su carta de despedida Martínez declara que los encargados de la Secretaría de Hacienda tienen “esencia neoliberal”, por lo que han primado los ahorros y el recorte del personal. Días más tarde, directores de institutos nacionales de salud, hospitales federales y centros de adicciones reconocieron que había millones de pesos del presupuesto gubernamental retenidos por Hacienda. Aunque el organismo fiscalizador liberó parte de los recursos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que garantizara el acceso a servicios de salud, medicamentos y tratamientos a todas las personas.
López Obrador ha justificado las medidas en el sector salud como parte de su cruzada contra la corrupción, la bandera principal de su Administración. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha asegurado que existen presiones sobre su Gobierno para que se mantenga el monopolio de algunos proveedores de medicinas. “Hay una campaña diciendo que no hay medicamentos porque quieren obligarnos, presionarnos, a que les compremos a los mismos, de manera arbitraria, las medicinas más caras”, aseguró en Jilotepec, en el Estado de México.
Las farmacéuticas fabricantes de antirretrovirales han sido las primeras en sentarse en el banquillo. El Gobierno de López Obrador ha decidido reducir el catálogo de estos fármacos a la mitad, al pasar de 35 a 18 medicamentos. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, ha enfatizado que se han seleccionado los mejores medicamentos y que con este esquema “optimizado” se logrará un ahorro de 1.700 millones de pesos (90 millones de dólares) anuales, respecto a los 3.200 millones de pesos (168 millones de dólares) erogados por el Gobierno federal en 2018.
El portavoz del Ministerio de Salud ha explicado que el retraso en el abasto de antirretrovirales fue ocasionado por el diferimiento en las decisiones de compra. “Reconozco que hubo retraso en el inicio del proceso de adquisición, pero eso no implicó que se llegara al desabasto neto. Está garantizado el abasto y la continuidad de los tratamientos. Ahorita lo que hicimos fue una lista de contratos de corta duración donde tomamos un horizonte de dos meses para reparar la más urgente necesidad de abasto y está acoplado a las adquisiciones para el resto de ciclo de compra”, ha detallado.
Mientras se ultiman los nuevos contratos de compra en los despachos, en los centros de salud los pacientes reciben a cuenta gotas el medicamento. Ana Karen López presidenta de la organización Tamaulipas Diversidad Vida Trans ha criticado que algunos pacientes de este Estado fronterizo estuvieron más de 12 semanas sin medicamentos. Los principales afectados, refiere, son los 600 pacientes adscritos al Seguro Popular. “Estamos de acuerdo en el combate a la corrupción, pero no a costa de nuestra salud”, agrega López. La activista enfatiza que la mayoría de estos pacientes no tiene trabajo ni medios para comprar antirretrovirales cuyo precio oscila entre los 15.000 y 17.000 pesos por mes (788 y 894 dólares). Además de Tamaulipas se reportó escasez de medicamentos en en Estados como Veracruz, Chiapas y Chihuahua.
Los pacientes y representantes de organizaciones civiles de VIH y sida en México señalan que este cambio de esquema se hizo a sus espaldas y sin las previsiones adecuadas. “A los pacientes nunca nos preguntaron y vuelve a ser una decisión unilateral. Nunca fuimos consultados. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que la medicina esté centrada en el paciente y no en decisiones financieras?” cuestiona Luis Quiroz, portavoz de Movimiento Nacional de Lucha contra el VIH, el representante del colectivo que agrupa a 50 organizaciones civiles en la lucha contra la enfermedad.
Un mar de interrogantes planea sobre los pacientes de VIH y sida. En México cada año se registran entre 10.000 y 12.000 nuevos diagnósticos. Las cifras del Centro Nacional para la prevención y el control del VIH-SIDA (Censida) registraron un total de 182.500 pacientes en 2018. Al año la Secretaría de Salud realiza cerca de 30.000 exámenes para detectar la enfermedad. Según las estadísticas oficiales la mitad de estos nuevos casos llegan demasiado tarde a diagnóstico por primera vez y la mitad de los enfermos, alrededor de 2.500 personas, fallecen dentro de los primeros seis meses a nivel nacional.
Quino sabe que es afortunado de no formar parte de la estadística de mortalidad. El artista, que ahora radica en el Estado mexicano de Querétaro, es consciente de que las seis píldoras que toma al día y el amor de su familia y en amigos lo mantienen con vida. Aún recuerda la sensación de que su mundo se caía a sus pies cuando recibió el diagnóstico, el zumbido en su cabeza mientras el doctor intentaba explicarle que tenía una expectativa de vida de menos de cinco años. Contra todos los pronósticos, en agosto próximo cumplirá 61 años. En el balance de su travesía, el dramaturgo asegura que el sida para él ya no significa muerte, sino “lucha por la vida”.
Cancelan los subsidios a colectivos de VIH y sida
Los más de 200 colectivos en México de VIH y sida se han quedado sin recursos federales este año. El Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal había asignado 116,5 millones de pesos a los proyectos de las organizaciones civiles vinculadas a esta enfermedad para 2019. Sin embargo, la convocatoria para liberar estos fondos fue posteriormente cancelada. “Hay una gran desconfianza de la cúpula de Gobierno hacia el trabajo de la sociedad civil porque se cree que es improvisado, se cree que es de mala calidad” comenta David Alvarado, presidente de la Fundación Mexicana para la lucha contra el sida. Los colectivos, que realizan pruebas de detección de VIH, campañas informativas y distribución de preservativos de manera gratuita entre otras tareas, tendrán que buscar fuentes de dinero privadas o de los mismos agremiados para continuar con su labor, apunta Alvarado.
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